Plaza Pública

Por sus privilegios los conoceréis

Pedro Díaz Cepero

La complejidad legislativa beneficia a quien atesora dinero y tiempo para defenderse, a quien tiene bufetes de abogados fogueados en poner palos en las ruedas de cualquier procedimiento. En lenguaje culto “estrategias procesales”, perfectamente admitidas jurídicamente. España era antes el país de Europa con más legislación por metro cuadrado, ahora ya estamos desbordados, porque se suman las competencias regulatorias cedidas a las autonomías y la normativa propia de la U.E. La insuficiencia de medios congénita de la administración judicial no era accidental, se correspondía con una decisión política que sigue favoreciendo a las élites, las únicas capaces de sacar partido a esa situación, las únicas implicadas en causas complejas de ingeniería financiera y en montajes abstrusos de paraísos fiscales, las únicas que siempre han tenido todo el tiempo del mundo para pleitear.

Singularmente, el legislativo tiende a ser más complaciente con los delitos del poder económico-financiero –no vaya a perder su apoyo–, y carga como apisonadora contra el robagallinas que no dispone de asientos donde hay que tenerlos. Claro es que son mucho más graves esos delitos contra la propiedad privada que las estafas multimillonarias contra los fondos públicos que, como todo el mundo sabe, sirven para pagar facturas infladas y despilfarrar en obras innecesarias y proyectos fastuosos.

Por otro lado, el incumplimiento de determinadas leyes, algunas garantizadas incluso por la propia Constitución, no es inusual. Pero como parece que la ley, o su incumplimiento, es igual para todos, cabría preguntarse: ¿se da de la misma forma en todos los casos? Pues no. Casualmente, las normativas más ignoradas son las que reconocen los derechos de los colectivos más débiles de la sociedad (asistencia a la dependencia, ley de memoria histórica, violencia de género, derecho al trabajo, a una vivienda digna, etc.) y, a sensu contrario, las que benefician a los grupos de poder (la amnistía fiscal, las cajas B y la financiación irregular de partidos, los aforamientos, el tratamiento fiscal favorable a las grandes empresas –la mayoría de las compañías del IBEX ocultan sus negocios en paraísos fiscales–, las prerrogativas de la Iglesia católica, etc.).

Hablando de Roma. La acusación a la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, de clara motivación política, amplificada por el gallinero mediático subvencionado, es un caso menor que en ningún otro país de la U.E. hubiera dado lugar a la apertura de juicio. Se inició un procedimiento en abierta contradicción con la recomendación legal del Consejo de Europa y obviando la laicidad del Estado y el derecho a la libertad religiosa recogidos en nuestra Constitución, obedeciendo, una vez más, a la voluntad de silenciar la crítica de los ciudadanos al poder establecido que, por sistema, encajona legalmente la protesta para que no se produzca.

¿Se aplica la misma vara de medir a los representantes de fajín de la Iglesia católica que realizan declaraciones contrarias a lo admitido legalmente en contra de los homosexuales y lesbianas, las parejas de hecho, el derecho al aborto, o el uso de preservativos para la prevención del SIDA en Africa ? ¿Por qué tenemos que aceptar su toma de partido, más o menos explícita, desde las jerarquías hasta los púlpitos cada vez que se aproximan elecciones generales, y a diario en sus medios de comunicación, en parte financiados con dinero público?

La derogación del Concordato con la Santa Sede, negociado de tapadillo -es decir, de forma antidemocrática- desde 1976 por políticos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y completado en enero de 1979 con cuatro importantísimos acuerdos, sólo unos días después de aprobada la Constitución, es urgente. Sorprende que el PSOE no lo haya intentado en todos los años que ha gobernado. Las críticas al Concordato son tabú en determinados medios de comunicación, y quizá por eso muchos españoles no son conscientes de la cantidad e intensidad de los privilegios que esconde. Privilegios políticos, económicos, fiscales y educativos que hoy causan rubor.

En su afán proselitista, la Iglesia católica sigue empeñada en mantener un papel hegemónico en la enseñanza, constituyéndose en administrador único de la moral y las buenas costumbres del país -la reserva espiritual de occidente-. Lo cierto es que los Presupuestos Generales la siguen sosteniendo, en una asimetría manifiesta con otras prácticas religiosas, con lo que la aconfesionalidad del Estado queda en entredicho, tanto como la libertad de conciencia nuestra y de nuestros hijos. Desde Bruselas se fijó un plazo de 10 años para normalizar las clausulas de un Concordato que se percibía atípico, y han pasado 31 desde nuestra adhesión a la U.E. y seguimos igual, sin modificarlo ni regularizar los montos alcanzados por sus enormes privilegios fiscales: la exclusión en las declaraciones de IVA e IRPF, el pago de contribuciones urbanas por sus propiedades, la exención de impuestos por donaciones y sucesiones, o los cientos de apropiaciones de terrenos e inmuebles en toda España, sin hacerlo público y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial, al amparo de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 realizada durante el gobierno Aznar.

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Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor

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