Memoria, víctimas y verdugos

El debate sobre el estado de la nación ha coincidido con el 25 aniversario del terrible y cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA y la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, circunstancia que ha vuelto a poner de manifiesto la posición que la derecha tiene respecto a la violencia y sus diferentes manifestaciones, y cómo su memoria selectiva se convierte en una “memoria discriminatoria” al olvidarse sistemáticamente de una parte de las víctimas, siempre las mismas. Y no es un error, sino parte de una estrategia, como demuestran al utilizar como argumento crítico la misma conducta que permiten en sus pactos con la ultraderecha.

Mientras el PP acusa al Gobierno de pactar con los “herederos de ETA”, una banda terrorista y asesina que ya no existe, y que en 42 años de existencia asesinó a 855 personas, y busca agravar su discurso al decir que esos herederos “igualan a víctimas y verdugos”, él pacta con la ultraderecha que niega la violencia de género que en 19 años ha asesinado, sólo en el contexto de la relación de pareja, a 1.154 mujeres, y que aún está presente en nuestra sociedad. Unos socios que también igualan a víctimas y verdugos, como ha hecho Vox en diferentes ocasiones tras el suicidio del hombre que mata a su mujer, como, por ejemplo, en el homicidio de una mujer en Cortes de la Frontera (Málaga) y el posterior suicidio del asesino, cuando el “portaVox” en el Parlamento andaluz dijo que “la muerte es igual de grave en uno y otro caso”.

Un ejemplo más de su “memoria discriminatoria” que selecciona víctimas según el uso político que pueda hacer de ellas.

En 1997, año en que fue asesinado Miguel Ángel Blanco, ETA mató a otras 12 personas. Según el informe del Defensor del Pueblo Violencia doméstica contra las mujeres, publicado en 1998, ese mismo año fueron asesinadas 91 mujeres por los hombres con quienes compartían una relación de pareja,  de las cuales 89 habían denunciado con anterioridad a los asesinos que terminaron matándolas. Es decir, el 98% de ellas confiaron en la protección de unas instituciones que no hicieron lo suficiente para evitar los homicidios, a pesar de todos los elementos de riesgo que existen alrededor de la violencia, una situación que continúa en la actualidad en el 25-30% de los casos

El cambio que ha vivido la sociedad y el desarrollo de políticas y medidas que acercan los recursos a la realidad de la violencia de género, es el que ha permitido mejorar la respuesta. Un avance que se ha traducido en que la media de homicidios en los 10 primeros años de seguimiento estadístico oficial (2003-2013), comparada con la media en los años restantes (2014-2021), muestre un descenso del 21,5% en el número de homicidios, junto a la bajada del 73-78% de casos con denuncia previa. Todo ello no es casualidad, sino el reflejo del trabajo realizado y del cambio social en el posicionamiento frente a la violencia de género que ha impulsado el feminismo. Un cambio que ha hecho que mientras que a finales de los 90 sólo se denunciaran las agresiones físicas graves, en un ambiente en el que las mujeres maltratadas me decían en la consulta médico-forense, “mi marido me pega lo normal… pero hoy se ha pasado”, hoy se denuncie la violencia en cualquiera de sus formas y sin esperar a un resultado grave en el plano físico.

Pero el avance se ha acompañado de resistencia y reacciones que han permitido mantener el mensaje que niega la violencia de género, y llevarlo hasta las instituciones para ser lanzado también desde allí con el amparo de los partidos que gobiernan, solos o en compañía, con los negacionistas. Estos elementos contribuyen al olvido sistemático de la realidad que viven las víctimas, no sólo de las que denuncian, a la culpabilización de las mujeres, de las que denuncian porque “denuncian falsamente”, y de las que no denuncian porque dicen que han sido ellas las que han hecho algo malo para que el marido “les haya tenido que pegar”, y a todas las demás justificaciones que continúan sacando de la conciencia social la violencia contra las mujeres y todo su significado, para que de ese modo que sea el olvido el que pase las páginas de su realidad, y no las de la memoria democrática.

Ese rechazo de la violencia de género es el que hace que a pesar de las 60 mujeres asesinadas de media cada año no haya memoria de su realidad ni percepción de riesgo, con independencia de que en lo que va de año ya hayan asesinado a 24 mujeres, y que sólo el 0’5% de la población la considere entre los problemas más graves (CIS, 2021).

En lo que va de año ya hayan sido asesinadas 24 mujeres, y sólo el 0’5% de la población considera que este problemas esté entre los más graves

El problema democrático ante la violencia de género es que ni siquiera hace falta el olvido cuando no hay reconocimiento. Para poder olvidar hay que tener conciencia previa sobre la realidad a olvidar. Si esta se presenta con otro significado, con otro nombre (violencia doméstica o familiar), con otros objetivos y con otras víctimas, lo que ocurre es que no hay conciencia de ella. Y eso no es olvido, sino ocultamiento y negación.

Negar una realidad con consecuencias sobre la salud y vida de quien la sufre es ser cómplice de ella y, por tanto, responsable. Nadie permitiría que desde las instituciones se dijera que las drogas no tienen consecuencias ni afectan a la salud y vida de las personas que las consumen, pero, en cambio, sí se permite y aplaude que se diga de la violencia que sufren las mujeres.

Así cuenta la historia el machismo.