Ayuso estrangula (aún más) la sanidad pública

Cuando tenemos conocimiento de que la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM) deja escapar medio millón de euros de fondos europeos para el sur de Madrid, por desidia burocrática, destinados al empleo y a la formación en la zona con mayores porcentajes de desempleo; que el presidente andaluz no destina los fondos europeos a sus pueblos y los devuelve "por falta de ejecución"; o que, de nuevo la CAM, obtiene un suspenso en inversión en servicios sociales, con quince municipios de Madrid entre los que menos gastan y ninguno entre los que más, según el reciente informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre muchos otros ejemplos que podemos encontrar en el día a día... ¿Qué hacemos ante esto? ¿Qué pensamos hacer? ¿Son cosas que nos interesan o pensamos que sólo les afecta a otros?

En muchos casos se trata de dinero para ayudar, complementar y paliar las consecuencias de las desigualdades y la marginación, bien sea de manera directa (Bono Joven al alquiler, Ayudas a familias vulnerables, etc.) o indirecta, para la mejora en los servicios deficitarios y esenciales (sanidad, educación, calidad de la vivienda).

Desde nuestra permanente noción etnocéntrica –eurocéntrica para ser más precisos– de estar situados en el Norte Global, tendemos a pensar que el Sur Global está en el más allá, que siempre son “los otros”, en las profundidades de África o América Latina, no digamos el Sudeste asiático, Medio Oriente, Caribe y demás.

Sin embargo, dentro de Europa, y centrándonos en nuestro propio país, también existe esta diferenciación, no es un simple concepto geográfico, ya que hay Sur en el Norte global.

En este concepto flexible de Sur, en España caben comunidades, colectivos, personas, barrios o regiones que son ignoradas sistemáticamente, minusvaloradas y relegadas a los márgenes, no por los indicadores y las estadísticas, sino por los gestores políticos, que, a veces, se permiten hacer el desprecio de no saber dónde encontrar pobres, en un ejercicio de negacionismo de la pobreza y aporofobia, pese a que el último informe de Cáritas (Foessa), sobre exclusión social y pobreza, refleja la existencia de un millón y medio de personas en esa situación solo en la CAM.

La población que compone este Sur es especialmente vulnerable a las consecuencias del cambio climático (físicas y económicas), a marginación y desigualdades dentro del propio territorio compartido. Lo es más que la población de otros barrios con mejores servicios, con acceso a viviendas de más calidad en su construcción e infraestructuras.

No es igual, en el caso de Madrid, la atención que se le presta a la autovía A6 que a otras; no es lo mismo un centro de salud en los municipios que encabezan la renta per cápita española, como Pozuelo de Alarcón o Las Rozas, que el centro de salud de Abrantes en el barrio de Carabanchel, una de las muestras más palpables de cómo la presidenta Ayuso estrangula, más si cabe, la sanidad pública, tratándose de servicios e infraestructuras gobernados y gestionados por la misma Administración pública, sea estatal o de la CAM.

El propio Ayuntamiento de Madrid hace visibles las desigualdades en la página web que publica el Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid, donde se desmonta el mantra de que vivimos en una comunidad unida, solidaria y homogénea, basada en principios y valores compartidos.

Hay que apreciar el hecho de que el pago de las consecuencias del mal hacer político y técnico no solo afecta a las capas sociales más marginadas, sino que las inmediatamente superiores también sufren las consecuencias, aun pagando todas ellas los impuestos que les corresponde.

Estos detalles, y muchos más, son públicos y accesibles para cualquiera y, por solidaridad, los deberíamos consultar. Es muy grave que, ante la reiteración, no se haga nada efectivo; como también lo es que queden sin ser investigados de oficio otro tipo de hechos, también reflejados en los medios, referidos al ejercicio presuntamente sistemático de inacción, dejadez y/o intencionalidad en el no uso para el que están destinados los fondos de ayuda o inversión (europeos o nacionales) o en las deficiencias en su distribución.

Podríamos continuar con más y más tipos, como los relativos a los innumerables “sobrecostes” que aparecen frecuentemente en la ejecución de las licitaciones de contratos públicos (servicios u obras); al sistema de “blindaje” contractual 100% favorable a los proveedores y no en defensa de la sociedad civil, como son los casos del Proyecto Castor o las Autovías de Peaje de la CAM o Ministerio de Fomento; el abuso en las tramitaciones de “emergencia” de los contratos públicos; o la fragmentación de esos contratos para sortear controles.

En un intento de evitar esto, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ya tiene listo el Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de España 2023, que es remitido a la Comisión Europea, en el que se detalla información sobre corrupción y anomalías detectadas en la práctica de los procesos de contratación pública.

Pero, aparte de estos informes y de lo que podamos hacer a nivel individual o grupal... ¿Quién o qué institución u organismo debería tomar cartas en estos asuntos? ¿Quién tiene la responsabilidad de ejecutar de manera efectiva el artículo 106 de la Constitución sobre el control judicial de las administraciones, incluidas las autonómicas?

Los particulares estamos completamente limitados, a nivel económico y de disponibilidad de medios, para iniciar procesos legales con garantías de continuidad, en base a exigir la responsabilidad personal y directa, "in eligendo" o "in vigilando", de alcaldes, concejales, presidentes y presidentas de comunidades autónomas, consejeros y consejeras de los consejos de gobierno, interventores, técnicos de las administraciones y funcionarios que avalan con sus informes y firmas que, a veces, proporcionan coartada política a los gestores, etc.

La división de las responsabilidades política y penal no puede nunca traducirse en que la asunción de la primera extinga la segunda, tanto más si el delito se comete desde una función que debe estar al servicio de la voluntad general

Todo este “colectivo”, además de responsabilidad política, puede tener responsabilidad civil, penal y/o patrimonial si causa daños a la voluntad general. Esta voluntad es la que emana de un cuerpo moral y colectivo creado por la asociación de todos los ciudadanos en base al vigente contrato social (Rousseau) entre el Estado y la sociedad civil.

Bien sabemos que según se agranda el Estado, disminuye la libertad, por mucho que ésta se publicite en la Comunidad de Madrid. Nadie puede negar la existencia de áreas de impunidad para con quienes ejercen cargos públicos, por más que, eventualmente, hayan asumido su responsabilidad política.

Como dice García Morillo (1998), en términos constitucionales, la obligación de que la acción penal prosiga su curso incumbe al Ministerio Fiscal y a la posibilidad de que se ejerzan acusaciones particulares o populares.

La división de las responsabilidades política y penal no puede nunca traducirse en que la asunción de la responsabilidad política extinga la penal, ya que la persecución judicial de los delitos es obligada, tanto más si el delito se comete desde una función que debe estar al servicio de la colectividad (la voluntad general).

Un gestor público y el equipo técnico de cualquier administración deben refrendar e intervenir con su firma contratos públicos y adjudicaciones bien diseñados, sin dobleces ni artimañas legales, dirigidos al beneficio pleno de la sociedad civil a la que se deben. Si no lo hicieran, deberían asumir personalmente las consecuencias negativas que se deriven para esa sociedad civil, con penalizaciones jurídicas e, incluso, sobre su propio patrimonio, como le sucede a cualquier ciudadano cuando causa un perjuicio o daño a terceros. Es de suponer que, tal vez, habría menos casos como los que se han puesto de ejemplo y más responsabilidad real.

Como decía Saramago: “si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos”

… ¿Nos lo merecemos?

José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas