Desatando nudos: la institución de la monarquía y la figura del rey

La Transición española es uno de esos periodos con demasiadas luces y sombras. Durante la transición se puso en marcha el proceso constituyente que concluiría finalmente con la aprobación de la Constitución española de 1978. Han sido muy comentadas las peculiaridades de ese momento. No hubo ruptura con el régimen franquista sino que se optó por la reforma a través de la llamada ley puente, la Ley de Reforma Política aprobada por las Cortes franquistas. El contenido de esta ley de tan sólo cinco artículos recogía gran parte de la arquitectura constitucional del nuevo régimen.

No se trata de hacer una enmienda a la totalidad, fueron muchos hombres y mujeres las perseguidas, encarceladas y torturadas durante esa lucha por la democracia y la libertad; sin embargo, no deja de ser muy necesario un análisis crítico y lúcido que ayude a comprender nuestra historia reciente y el momento en el que nos encontramos, el aquí y el ahora. El objetivo no es otro que empezar a desatar algunos nudos que quedaron muy bien atados aprovechando que hoy existe una mayoría social dispuesta a ello. Es hora de abrir puertas y ventanas.

El primer nudo, no el único, es el que podemos identificar con la institución de la monarquía, personificada primero en el rey Juan Carlos I y ahora en Felipe VI.

Monarquía sí, monarquía no. Nunca se preguntó al pueblo, el titular del poder constituyente no tuvo opción. El temor constante a una involución reaccionaria mantuvo prietas las filas. La Constitución Española del 78 asumía como forma de gobierno la monarquía parlamentaria y en su Título II, bajo el epígrafe De la Corona regulaba la institución de la monarquía. Asimismo la Carta Magna, en su artículo 168, se encargaba de echar el cerrojo para que esa decisión no se revocara: una reforma constitucional súper rígida que establecía cláusulas de intangibilidad implícitas, es decir, contenidos que de facto no serían reformables. La inviolabilidad de la persona del rey, de todas sus actuaciones –también las de carácter privado–, y la tipificación de delitos contra la corona completan el escudo protector. El principio monárquico se convierte así en el puntal sobre el que se anclará el edificio constitucional.

Si bien lo arriba expuesto puede ser muy discutible, casi me atrevería a decir que no me parece lo más grave. Lo peor es que esta situación de irreversibilidad, ese nudo bien atado, esa falta de transparencia e imposibilidad de control público, engendra una institución no sólo criticable por anacrónica o por falta de legitimidad, sino por situarse por encima del Estado de Derecho y mantenerse ajena a los principios democráticos.

Para hacer un resumen de lo acontecido en estos 40 años sólo hacen falta 3 o 4 líneas: el rey Juan Carlos I iba y venía con sus "negocietes" y amistades peligrosas, campando a sus anchas, pues no había oposición política que le levantara la voz ni medios de comunicación que informaran objetivamente. Y así transcurrió su feliz reinado revestido de impunidad y silencio.

Pero los tiempos felices acaban, la abdicación llega y los nervios afloran. ¿Qué hacer para que el cuento del rey acabe bien? Lo que sea. Todo vale. Y ahí tenemos el precipitado encaje de varias enmiendas que regulaban la posición jurídica del rey Juan Carlos tras la abdicación en una ley sobre medidas de racionalización del sector público. Ley que muchos expertos constitucionalistas han tildado de inconstitucional. ¿Por qué proteger a alguien que ya no ocupa un cargo institucional? This is the question.

De esta manera un poco atropellada comenzó el reinado de Felipe VI. No hubo demasiados sobresaltos hasta el discurso  del 3 de octubre sobre el procés. Este acto no cabe en una monarquía parlamentaria, donde el rey no tiene atribuidas constitucionalmente funciones efectivas sino sólo formales. No es una institución con legitimidad democrática y, por ello, no puede intervenir en el proceso político. No, y mil veces no. El rey se saltó la Constitución, ni más ni menos.

Desde hace unos pocos años, hay un sujeto nuevo en el campo político, Unidos Podemos. Desde esta fuerza política se critica cuando procede sin ambages ni medias tintas las actuaciones del rey. En este sentido, Unidos Podemos ha solicitado en dos ocasiones en el Congreso, a raíz de las declaraciones de Corina que parecían implicar al rey emérito en actividades ilegales y fraudulentas, crear una comisión de investigación. Pero hay cosas que no cambian, que siguen sin poder debatirse, y para que nada se remueva el bloque monárquico continúa haciendo piña.

La última de esta saga de anomalías democráticas en relación a la institución de la monarquía, la encontramos en la postura del Gobierno que insiste en recurrir la reprobación del rey aprobada en el Parlament de Cataluña, a pesar de que el informe del Consejo de Estado establece que esta moción no es objeto idóneo para su impugnación ante el Tribunal Constitucional, ya que se trata de una declaración política.

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¿Cuál es el empeño del Gobierno en mantenerse en una posición tan poco defendible? No hay argumentos jurídicos para interponer ningún recurso, sólo una postura ideológica que suena vieja y desfasada.

Ese no es el camino, lo que toca es apostar por una España verdaderamente democrática, que deje atrás un pasado que ya no comparte una mayoría importante de la población española, sobre todo las personas más jóvenes. Defensa de los derechos humanos, justicia social, instituciones democráticas y transparentes y cero privilegios, ese es el sentido común que compartimos y queremos. Una España moderna, solidaria, orgullosa, donde quepan todas las personas y todos los pueblos. En definitiva, somos una sociedad madura que quiere avanzar y pensarse en libertad. ______Pilar Garrido es senadora y secretaria de Políticas Sociales de Podemos.

Pilar Garrido