Plaza Pública

Nunca desperdicies una buena crisis (eléctrica)

Central hidroeléctrica en presa.

Álvaro Gaertner Aranda

Todas las personas que conocen el mercado eléctrico en alguna medida saben que la subida actual de los precios de la luz es coyuntural, que se debe a la conjunción de los altos precios del gas y del CO2 en los mercados internacionales y al diseño marginalista actual y que con las medidas que ya están implantadas y las que están planteadas el precio bajará en el medio plazo y más aún en el largo. Concretamente, la reducción de los beneficios caídos del cielo que perciben las eléctricas por la electricidad generada por las hidroeléctricas y las nucleares sumada al pago, en parte, de las primas de las renovables antiguas por parte de las petroleras y las gasísticas, que es en lo que consiste el FNSSE, reducirán el precio de la electricidad en los próximos años un 15% aproximadamente. Aparte, la entrada masiva de renovables en el sistema que propiciará el actual marco regulatorio, a precios que en el caso de las grandes plantas se situarán en el entorno de los 25 euros por MWh (frente a los 100 que estamos rondando estos días) rebajará aún más el precio de la luz y hará innecesario el gas en muchos momentos, reduciendo aún más el precio en el mercado mayorista.

No obstante, el reconocimiento de que los precios bajarán en el futuro no oculta el hecho de que en el corto plazo los precios se van a mantener altos y hay más bien poco que el Gobierno pueda hacer en el corto plazo para evitar que esto sea así. Esto es así porque el Gobierno no va a hacer que bajen los precios del gas y del CO2 en el mercado europeo e incluso aunque se plantease la necesaria reforma del mercado marginal para establecer límites superiores a los precios para la hidroeléctrica y las nucleares esta reforma necesitaría muchos meses para entrar en vigor. Esto crea una situación a priori endiablada para el Gobierno, que se enfrenta a una crisis que en los próximos meses va a seguir marcando agenda mediática pero que el Gobierno no va a poder afrontar de manera efectiva hasta al menos el año que viene. Eso implica que, para salir indemne o fortalecido de esta crisis va a tener que demostrar de manera continua que está tomando medidas para afrontar la crisis que le den la certidumbre a la gente de que la crisis se terminará y los precios bajarán, de tal forma que después premien al Gobierno cuando los precios bajen.

En este punto es en el que entra en escena la máxima política de “nunca desperdicies una buena crisis”, porque ahora que el Gobierno tiene que demostrar que afronta esta crisis con firmeza es el momento de ejecutar cambios que en otros tiempos serían políticamente imposibles por las resistencias que generan en distintos actores pero que ahora pueden acabar siendo políticamente inevitables. Un ejemplo de una reforma de estas características sería el reciente anuncio de que el Gobierno recuperará las concesiones hidroeléctricas conforme vayan terminando. Esta medida era reclamada desde hace tiempo por los ecologistas y los expertos de izquierdas como una medida necesaria para reducir el poder del oligopolio y el precio de la luz; y para maximizar la penetración de las renovables en el mix, pero hasta ahora el PSOE se había negado en redondo a llevarla a cabo por la presión de las eléctricas.

De igual forma, esta situación es una oportunidad para abordar otras transformaciones y reformas que llevan mucho tiempo siendo necesarias pero que ahora son incluso más apremiantes. Por ejemplo, las eléctricas llevan muchos años ganando aún más dinero de lo normal a través de prácticas irregulares e incluso ilegales, como los comportamientos oligopólicos de pactos de precios, los cierres no planeados de plantas nucleares en momentos de altos precios, el márketing engañoso y agresivo de sus ofertas eléctricas o el reciente vaciado por parte de Iberdrola de varios embalses en Extremadura y Zamora, que ha dejado sin agua a los pueblos circundantes. Muchas de estas prácticas pueden ser sancionadas por las autoridades, y a veces lo son, pero las sanciones son tan irrisorias que a las eléctricas les compensa actuar irregularmente y pagar las sanciones. Por tanto, es necesario endurecer las sanciones para las eléctricas para que les deje de compensar actuar de manera irregular, haciendo que las sanciones supongan un porcentaje de sus beneficios en vez de ser cuantías fijas o haciendo que en casos como el del vaciamiento de embalses la eléctrica correspondiente pierda la concesión hidroeléctrica.

Aparte, como ya se ha mencionado antes, la instalación masiva de renovables es la única garantía real de que los precios bajarán, y dentro de ellos el autoconsumo es la fórmula que mayor ahorro permite a los consumidores. En este punto el Gobierno nacional ya ha implementado alguna de las medidas más eficaces para promover el autoconsumo, como el balance neto, pero aún quedan muchas reformas por implementar para que el autoconsumo pueda ser una alternativa para la mayoría de la población. En primer lugar, ahora mismo el autoconsumo no es una alternativa para mucha gente que vive en comunidades de vecinos en bloques de pisos, para los que instalar placas solares sobre los tejados requiere de un acuerdo en la comunidad de vecinos difícil de lograr en las condiciones que son necesarias para satisfacer los requerimientos de la Ley de Propiedad Horizontal. Por eso, es necesario modificar esta ley para hacer más fácil que las proposiciones sobre autoconsumo salgan adelante, bien rebajando el porcentaje de gente que tiene que estar explícitamente a favor para que se lleve a cabo la instalación o bien haciendo que aquellos vecinos que se muestren a favor de la instalación y paguen por ella sean los que se beneficien de la misma. Esta medida liberaría mucha superficie en muchas ciudades para el autoconsumo, pero para que ésta fuese una alternativa para todos los españoles que el Gobierno pudiera comunicar como la garantía de que el precio de la luz bajará aún harían falta otras medidas, como la reducción de los trámites burocráticos para las instalaciones de autoconsumo en los edificios o garantizar que todo el mundo tenga acceso al capital necesario para financiar la instalación. La reducción de los trámites burocráticos en el caso del autoconsumo consiste fundamentalmente en la eliminación de las licencias de obra para abordar las instalaciones de autoconsumo en los edificios, un trámite que todavía 5 comunidades autónomas tienen que eliminar y sustituir por la comunicación previa de la instalación.

Por otro lado, garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso al capital necesario para afrontar la inversión inicial, que aunque no es muy elevada sí puede suponer una dificultad insalvable para una parte importante de la población, es fundamental para que todos los ciudadanos perciban el autoconsumo como una solución a su alcance para el problema de la factura de la luz. Para ello el mecanismo más eficaz es solucionar una de las carencias históricas de la economía española, la ausencia de un banco público de inversión similar al KfW alemán que facilite el desarrollo de aquellos sectores cuya expansión sea de interés nacional. Esto se podría hacer de manera relativamente rápida a través de la transformación del ICO en un banco público de inversión que pudiera interactuar directamente con los ciudadanos y las comunidades de vecinos y concederles créditos baratos, de tal forma que todos tengan la financiación necesaria para poder costear la inversión inicial. Además, estos créditos apenas supondrían riesgos porque el autoconsumo es tan rentable que los ahorros conseguidos por los ciudadanos en los primeros años bastarían para devolver los créditos. La puesta en marcha de este banco, que hasta ahora se ha encontrado con fuertes resistencias por la parte más liberal del Gobierno representada por el Ministerio de Economía, sería además fundamental para impulsar la transición ecológica en otros ámbitos como la rehabilitación energética o el desarrollo de sectores industriales limpios e innovadores. Concretamente, en el caso de la rehabilitación energética el ICO también podría conceder créditos baratos e incluso subvencionados a las comunidades de vecinos para que mejoren el aislamiento térmico de sus edificios y reduzcan la demanda energética para la climatización de los mismos, tal y como hace el KfW alemán. Igualmente, un ejemplo de un sector industrial limpio e innovador que se podría beneficiar de la existencia de un banco público de inversión que le proporcionase el capital paciente necesario para alcanzar la viabilidad comercial y la paridad de precio con sus alternativas contaminantes sería el del acero producido con hidrógeno verde en vez de con coque. Este sector, el del acero, hasta ahora es muy difícil de descarbonizar por la falta de alternativas tecnológicas viables comercialmente pero España, con el futuro bajo precio de la electricidad, puede aprovecharlo para convertirse en una potencia industrial si es capaz de lograr que esa industria se desarrolle aquí.

En conclusión, todos estos ejemplos y muchos otros que se quedan por mencionar señalan cómo esta crisis del precio de la luz puede ser una oportunidad para llevar a cabo transformaciones que hasta ahora habían sido muy difíciles de ejecutar, como la recuperación de las concesiones hidroeléctricas o la conversión del ICO en un banco público de inversiones, y que ahora pueden llevarse a cabo con mucha menos resistencia de la normal. En las manos del Gobierno está aprovechar esta crisis para transformar nuestro país, satisfacer las expectativas de sus votantes y mejorar sus perspectivas de reelección en 2023 o desperdiciar esta oportunidad y arriesgarse a morir electrocutado en las elecciones de 2023 por la crisis de los precios de la luz.

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Álvaro Gaertner Aranda es ingeniero físico y economista por la Universidad de Oldenburgo (Alemania)

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