Errores y malentendidos sobre fiscalidad al final de la pandemia (sobre el falso relato del infierno fiscal y la madrileñofobia)

Después de un año y medio de pandemia, en que el sector público ha sido la principal defensa frente a sus efectos en la salud de los ciudadanos, así como ante sus consecuencias económicas y sociales, sería de esperar un incremento en el compromiso solidario con los impuestos y una mejor valoración de la trascendencia de los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la reciente encuesta de opinión del CIS nos ha mostrado a una población en la que se amplía la mayoría de los que considera que los impuestos son excesivos y de los que critican como insuficiente la contraprestación de los servicios públicos recibidos. Por tanto, disminuye el número de ciudadanos que estarían dispuestos a un incremento adicional de sus impuestos a cambio de la mejora de los servicios públicos. Todo ello contrasta con todas las evidencias de la realidad de una fiscalidad y sector público reducidos en relación a los países de nuestro entorno europeo, que en general tienen un esfuerzo fiscal muy superior y un estado de bienestar bastante más desarrollado.

Tanto es así que los datos de Eurostat reflejan año a año en España una fiscalidad todavía seis puntos por debajo de la media europea y, en consecuencia, un porcentaje de cuatro puntos y medio de menor gasto público y por tanto unos servicios públicos reducidos y con una financiación también insuficiente.

Además, este incremento de la desconfianza en la fiscalidad y en el sector público en general de la encuesta tiene otra cara de la moneda, en este caso más positiva, en una valoración mayoritaria de la necesidad de los impuestos y en consecuencia especialmente crítica con el fraude fiscal y la falta de equidad en la distribución actual de la presión de los impuestos. Una gran mayoría considera que no contribuye más quien más tiene en función de su capacidad económica. Por otro lado, existe la crítica a algunos gastos considerados improductivos como el gasto militar, aunque con un claro respaldo al gasto social y en particular a las actividades y servicios públicos como la sanidad, la ciencia y la investigación, cuyas carencias se han puesto más en evidencia ante el durísimo test de estrés a que nos ha venido sometiendo la pandemia.

Es cierto que no es la primera vez que una crisis tiene como consecuencia el deterioro de la imagen de lo público y en concreto de los impuestos como su reflejo más directo sobre la renta de los ciudadanos. Sin ir más lejos, en la reciente crisis financiera, eminentemente privada y especulativa, que acabó recurriendo primero al sector público en su rescate para acusarlo después de despilfarro y de ser el responsable de la crisis de la deuda consiguiente. Todo ello ha servido de base a la eficaz demagogia conservadora de las bajadas genéricas de impuestos, eso sí, aplicada en realidad a los más ricos, haciendo recaer entonces la recaudación fiscal cada vez más sobre los impuestos indirectos al consumo, que son iguales para todos, y sobre los impuestos directos como el IRPF que recaen sobre los asalariados, para con ello justificar además los recortes y el deterioro de los servicios públicos, promoviendo al tiempo las empresas privadas de servicios entre las clases medias.

Así, hemos llegado a esta nueva crisis provocada por la pandemia con unos servicios sanitarios, sociales y educativos muy debilitados y con unos recursos para investigación bajo mínimos como resultado de las medidas de austeridad económica y de los recortes sociales y sanitarios. Por eso, a pesar de la respuesta sanitaria, educativa y de investigación y de la potente red social puesta en marcha en esta pandemia, mediante la utilización intensiva de los ERTE, el accidentado inicio del ingreso mínimo vital, junto al llamado escudo social frente a los desahucios y la pobreza energética, a diferencia de las duras políticas de austeridad de la crisis financiera, lo cierto es que no han sido suficientes para paliar los dramáticos efectos de la pandemia. La prueba de ello es que a pesar del esfuerzo público en España y del respaldo de los fondos de recuperación de la UE se han seguido agravando las desigualdades como consecuencia de la pandemia, con un fuerte retroceso de la renta de asalariados, autónomos y de sectores medios, que al igual que la incidencia de la enfermedad, multiplica por varios dígitos el leve retroceso experimentado por las rentas más altas.

Al principio de la pandemia, el discurso mayoritario era el del miedo, la colaboración y el respaldo a las medidas de solidaridad frente al impacto del virus desconocido sobre la vida y la salud, a continuación predominó la incertidumbre y el llamado cansancio pandémico ante su prolongación en sucesivas olas durante más de año y medio. Ahora, cuando hemos entrado en lo que parece el tramo final, prevalece sobre todo la prisa por la salida definitiva de la pandemia y la recuperación de la normalidad económica y social al tiempo que se diluye la sensación de emergencia y en consecuencia la prioridad de la intervención pública y de la protección social. El triunfo de la libertad de consumo frente a las restricciones de salud pública en las elecciones madrileñas de mayo han sido una clara muestra de ello.

Como consecuencia, también la encuesta del CIS refleja el rechazo de amplios sectores de asalariados, autónomos y de clase media a soportar cargas impositivas adicionales, mientras éstas no se repartan de forma más equitativa y redunden en la mejora del acceso y la calidad de los servicios públicos universales.

Por eso no ha extrañado a nadie que los principales gobiernos autonómicos de la derecha hayan anunciado ya nuevas rebajas fiscales, una vez más con el argumento de la necesidad de reanimar la economía precisamente en el momento en que sin embargo los organismos internacionales anuncian una potente recuperación de la economía española. Ya empieza a notarse en términos de actividad y de creación de empleo a pesar de que aún seguimos inmersos en plena quinta ola de la pandemia. Poco importa que el argumento contrario basado en la atonía económica haya servido también a la derecha para anteriores anuncios de rebajas impositivas. Para la derecha siempre es el momento de las rebajas de impuestos, independientemente de la crítica situación de los servicios públicos.

El discurso de la derecha populista sería en este sentido el que más se adapta a estos tiempos de salida de la pandemia, de individualismo, competencia y olvido. También contribuye a ello la cultura narcisista y el populismo instalado en la política, los medios de comunicación y la sociedad civil a lo largo de esta última década, que siempre ofrece los mejores servicios a cambio de menores impuestos con el mantra del despilfarro, en que además las emociones del agravio propio y las culpas ajenas se imponen a la razón.

En este sentido, resultan especialmente graves los últimos errores de la coalición de izquierdas en el Gobierno cuando anuncia, para inmediatamente desdecirse, la creación de un impuesto a la Comunidad de Madrid al objeto de compensar las ventajas de la capitalidad, negando en la práctica el axioma progresista de que los impuestos los pagan los ciudadanos de acuerdo a su capacidad económica. En su momento también fue un error utilizar la necesaria armonización de la imposición sobre el patrimonio y las herencias ante la desfiscalización practicada entre otras comunidades como la Comunidad de Madrid, como moneda de cambio para el apoyo presupuestario de Esquerra Republicana. Un nuevo argumento para agitar el falso relato populista de la madrileñofobia, de tan baja calidad como fue el del independentismo con lo de "España nos roba".

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En definitiva, no cabe duda que el actual modelo fiscal en España requiere de una profunda reforma, pero no para aumentar el esfuerzo fiscal de la mayoría ni para una batalla política más frente al Gobierno Ayuso sino fundamentalmente con el objetivo de reducir el fraude y la ingeniería fiscal, de incrementar el tipo efectivo de sociedades y las plusvalías, así como para armonizar el tipo básico de patrimonio, sucesiones y donaciones que reduzcan la injusticia fiscal y recuperar la progresividad constitucional en función de la capacidad económica. Pero cualquier reforma debe tener en cuenta además la precaria situación de los trabajadores y clases medias a la salida de esta dura pandemia en una doble dirección. Primero, con el objeto de garantizar que la transición ecológica y digital no provoquen un deterioro de sus rentas ni de su capacidad de consumo, afrontando por ejemplo la abusiva formación de precios de la electricidad. En segundo lugar, abordando con decisión las reformas necesarias de la administración pública y en particular en los servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, garantizando la suficiencia financiera, la mejora de su accesibilidad y de su calidad para todos lo ciudadanos, cosa que últimamente se han visto comprometidas, primero con los sucesivos recortes y ahora dramáticamente bajo la presión de la pandemia.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa