El futuro del PP

Hace tan solo un par de semanas la nube de altos cargos del PP, tras la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Congreso, respiraba tranquila y se disponía a preparar sus vacaciones entre alabanzas a la astucia y el dominio de los tempos de Rajoy que parecía haber superado el conflicto de Cataluña y ahora conseguido el apoyo del PNV para los penúltimos PGE de la legislatura, sobre la que el propio Rajoy declaraba ufano “estar en condiciones de llevarla a su término”.

Resulta chocante que Rajoy y su entorno desconocieran el contenido de la sentencia de la Gürtel pero su comportamiento en el debate de la moción de censura parece indicar lo contrario. Lo cierto es que, triunfante la iniciativa del PSOE y desalojado el PP de la Moncloa, se ha puesto en evidencia de una forma imprevista la fragilidad interna del partido que ha gobernado este país desde noviembre de 2011. Lo que parecía un bloque compacto en torno a un líder indiscutido se ha revelado una auténtica jaula de grillos en la que las inquinas, desencuentros y ajustes de cuentas han estallado cuando el cadáver político de Rajoy estaba aún caliente.

Lo ha descrito muy bien Josep Ramoneda: en una organización tan jerarquizada y autocrática como el PP, la apertura de un proceso de primarias es el resquicio por el que la antigua servidumbre voluntaria se transforma en lucha encarnizada entre los clanes que se disputan el control del aparato.

Sería descabellado especular con la desaparición del PP. Por más que su acción de gobierno, la estructura de relaciones sociales (en muchos casos de carácter clientelar) en que se basa y los valores que inspiran sus políticas choquen con los fundamentos mínimos de la democracia e, incluso, del liberalismo político, el PP se encuentra muy sólidamente enraizado en amplios sectores de la sociedad española que han visto en él la condición y garantía del mantenimiento de su bienestar y el de sus familias.

Se trata de sectores sociales muy heterogéneos en términos de renta, educación y ubicación geográfica, aunque son claros su presencia mayoritaria entre los niveles más altos de renta, los que viven preferentemente en las regiones del interior y en ciudades de menos de 100.000 habitantes.

Todo este conglomerado ha depositado su confianza en lo que concebían como superior capacidad de las políticas conservadoras para estimular los negocios privados y, con ellos, el consumo, el empleo y la prosperidad frente a la que consideraban innata tendencia de las políticas de izquierda al despilfarro del gasto público, los conflictos y, en definitiva, la intranquilidad y la incertidumbre.

Su cuadro de valores está articulado sobre el temor a los cambios políticos, sociales y culturales, la confianza en el principio de autoridad sobre los de autonomía y libertad y el individualismo posesorio que se compatibiliza con un comunitarismo nacionalista basado en una concepción metafísica de la idea de nación.

Este bloque social ha emergido especialmente en dos ocasiones de nuestra historia reciente, ambas con motivo de la salida de una recesión. En 1996 y en 2011 el PP llegó al Gobierno sobre la alfombra roja de las políticas de consolidación fiscal iniciadas por Solbes y Elena Salgado, respectivamente. En ambas, pero de forma más intensa en la segunda, el miedo desatado entre las clases medias ante la pérdida de rentas generada por la recesión las ha empujado a apoyar políticas de severas reducciones de los salarios y los gastos sociales, de las políticas favorables al empresariado y a los niveles altos de renta en la esperanza de que la abundancia de los ricos terminaría beneficiando a los de abajo.

La conducción de estas políticas ha estado en manos de unas élites de procedencia ideológica y cultural diversa cuyo denominador común es la animadversión a la democracia, a la que confunden con el liberalismo, y su admiración por los “capitanes de empresa”, a los que intentan imitar cuando alcanzan responsabilidades de gestión pública.

Esta última condición les ha llevado, con cierta frecuencia, a confiar la gestión de los asuntos públicos de su competencia al negocio privado con el argumento de su superior eficacia y eficiencia en la consecución de resultados, y a recabar modalidades diversas de “compensaciones” para el PP y para ellos mismo en pago por los encargos realizados.

La lista de escándalos, por conocida, no precisa ser repetida. Uno de sus desenlaces (no el último y acaso no el más escandaloso) ha terminado con el período de gobierno iniciado en 2011 y con la carrera política de Rajoy.

Su sucesión presenta nubarrones. Hay que descartar que se produzca en el marco de un debate que rearme ideológicamente al partido, como reclaman García Margallo y los sectores más de extrema derecha, con propósitos distintos. La ideología del PP está asentada sobre los valores más arriba citados y eso da un escaso margen a quienes pretenden su renovación desde algunas culturas políticas que teóricamente la integran, liberales y democristianos. La experiencia de la UCD ha confirmado a los dirigentes de la derecha española que el debate ideológico es una pérdida de tiempo y energía.

Así que lo más probable es que el duelo sea dirimido en torno a dos debates que son en realidad dos formas de enunciar el problema político de cómo recuperar el “pueblo de derechas”, eso que la retórica al uso llama el “centro derecha en España”. Y un corolario relevante es el de las relaciones con Cs.

La destemplada autopromoción de Aznar para liderar este proceso ha evidenciado hasta qué punto estaba comprometido el anterior presidente del PP con la promoción de Rivera en contra de quien un día él mismo designara para sucederle.

Eso no parece haber caído demasiado bien entre los jóvenes cuadros dirigentes del PP que miran con algo más que recelo las aspiraciones del partido que pretende ocupar la derecha del espacio constitucionalista.

La pelea, por tanto, será por ver quién neutraliza mejor el ascenso de Cs y quién reagrupa más pronto y mejor las huestes algo desmoralizadas del electorado de derechas. Muy mal tiene que haber visto Nuñez Feijóo las posibilidades de renovación del PP a corto plazo para optar por quedarse en la Xunta de Galicia cuando parecía el candidato que suscitaba mayores adhesiones.

De los candidatos en liza, Sáenz de Santamaría esgrimirá su conocimiento del aparato del Estado, su capacidad de gestión y la solvencia del equipo que la apoya. Enfrente, Cospedal pondrá en valor su vinculación con el partido (el control de los aparatos regionales) y su probada mayor combatividad contra la izquierda y el separatismo. Por su parte Casado parece contar con una superior capacidad de movilización, de “bajar a la calle”, que sus dos contrincantes con el concurso de las Nuevas Generaciones del PP entre las que despierta mayores simpatías.

Sea quien sea el o la que se alce con la victoria, Sánchez no debería esperar mucho en términos de diálogo político.

Se avecina una oposición dura, muy dura a la labor del Gobierno. Como en 2004 el PP y la corte mediática que le acompaña y le (mal) aconseja, se lamerán permanentemente las heridas paralizando la ocasión de contribuir a la renovación del acuerdo constitucional.

El Gobierno debe evitar a toda costa caer en la trampa de la confrontación a la que le querrá llevar el PP sin renunciar a la iniciativa política tal como acertadamente lo ha expresado Pedro Sánchez en la entrevista a El País el pasado domingo.

Desarrollar su propia agenda política y la acordada con su socio preferente, impulsando reformas parciales y posibles con la actual composición parlamentaria y llevando a cabo una sistemática labor de explicación a la sociedad civil de los objetivos de su política, los recursos de toda índole precisos para aplicarla y las dificultades y resistencias para llevarlas a buen término.

Y avanzar lo que deben ser las bases de un amplio debate en las instituciones y en la sociedad civil para la renovación del pacto constitucional alcanzado en 1978.

El debate de las fórmulas de convivencia entre los diversos pueblos que integran España junto con las de integración en ámbitos supraestatales como la UE.

El debate sobre los cambios requeridos para hacer frente a las grandes crisis desatadas en 2008 y cuya repetición, agudizada, puede sacudir de nuevo a las sociedades contemporáneas.

El debate sobre las formas institucionales que deben consagrar los principios y fundamentos esenciales de una sociedad de mujeres y hombres libres y responsables: la libertad amenazada por el autoritarismo creciente de los Estados contemporáneos, la democracia amenazada por la oligarquización creciente de nuestras sociedades, la igualdad como presupuesto y condición de posibilidad de la convivencia social.

El PP es un partido al que han apoyado millones de ciudadanas y ciudadanos. En tanto que tal y en relación con los debates aludidos, tiene la responsabilidad de recoger y expresar sus aspiraciones sin ocultar la realidad de las cosas y con una posición comprometida con el interés general.

Si no lo hiciera, más temprano que tarde perderá su condición de representante de una sociedad dinámica y en cambio permanente.

_______________José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.