Plaza Pública

El Poder Judicial ante el populismo después de la pandemia

Lucía Ruano Rodríguez

A punto de cumplir cuatro décadas de un sistema jurídico destinado a garantizar la tutela efectiva de los derechos y libertades democráticas, que junto a la separación de poderes son los dos pilares fundamentales nuestra democracia, podemos preguntarnos sobre la solidez de ambos pilares en el momento actual, ante los retos a los que nos vamos a enfrentar.

¿Podemos confiar en el Poder Judicial?

No me refiero sólo a las capacidades organizativas, ni a los insuficientes recursos personales y materiales. Tampoco me voy a referir a los problemas de una legislación procesal que, en especial en determinados ámbitos, hace tiempo que espera una actualización que nunca llega. Me refiero a lo que podría constituir un talón de Aquiles del sistema político constitucional en tiempos del coronavirus: que los jueces y tribunales se dejen arrastrar por los movimientos populistas.

No va a ser fácil que muchos jueces tengan la capacidad de resistencia que requiere sustraerse al populismo. Para ello, es necesario apelar a lo que son los valores fundamentales de un Poder Judicial en democracia: la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad y el sometimiento exclusivo a la ley y al Derecho.

Los jueces no debemos dejarnos arrastrar por la polarización política y social debida a la crisis del coronavirus, alentada por el designio de algunos actores políticos que así lo han anunciado; actuando con irresponsabilidad, desde la irracionalidad, la apelación constante a las emociones, incluidos los sentimientos de odio al que piensa de forma diferente, cuando pensar diferente y actuar de forma diferente es la esencia de todo sistema democrático.

Ningún juez debería de obviar la objetividad que, como todos nosotros sabemos, por nuestro quehacer diario, solo se alcanza a través de los hechos minuciosamente analizados y contrastados, los datos precisos confirmados, el estado de los conocimientos científicos asentados y la ausencia de todo prejuicio ideológico o personal, evitando las presiones ambientales.

De todos los prejuicios de los que debemos desprendernos al instruir una causa o cuando juzgamos, la propia ideología o creencias personales es el más difícil de superar. Según mi experiencia, esa ideología, en el caso de la mayoría de mis colegas, es una ideología conservadora. No es solo una apreciación personal. A falta de estudios más rigurosos, viene corroborada por los porcentajes de afiliación a las cinco asociaciones judiciales existentes, cuya tendencia ideológica es conocida.

Que la mayoría de los jueces y juezas (ahora más numerosas las juezas) se sitúe dentro del espectro de la ideología conservadora, tiene sus causas y también sus consecuencias. Entre las causas más relevantes estarían los sistemas de selección, el tipo de formación exigida para ingresar en la carrera y para promocionar a lo largo de ésta, la forma de ascender a instancias superiores o cargos y empleos del aparato administrativo judicial, mediante nombramientos discrecionales del órgano de gobierno, conformado a lo largo del tiempo por una mayoría conservadora.

Sobre las consecuencias, me atrevería a decir que, por el momento, la calidad de la respuesta judicial, en términos generales, es mejor que la imagen que transmite y superior a la confianza de la ciudadanía que en ocasiones muestran los estudios de opinión.

El sistema judicial responde con lentitud pero, en mi opinión, lograría un aprobado ante las controversias cotidianas de los ciudadanos. Las injusticias que las personas más vulnerables de la sociedad padecen y que se proyectan sobre los procesos judiciales, no siempre son atribuibles a las resoluciones de los jueces.

La ideología mayoritariamente conservadora de la judicatura no ha impedido tramitar y concluir numerosas causas de corrupción política y económica y sancionar conductas graves de personas antaño poderosas.

Durante los próximos meses y años (esperemos que pocos), la judicatura se va a enfrentar con las demandas ciudadanas de quienes han sufrido de forma directa las peores consecuencias de la crisis económica y social debida a la pandemia. El incremento de los litigios va a exigir más recursos materiales, personales, organizativos y probablemente reformas procesales.

La anunciada avalancha de demandas de algunos actores políticos, que podrían dar lugar a procesos instrumentales con finalidades políticas y/o económicas, ajenas a los intereses legítimos de los ciudadanos, además de detraer los de por sí limitados recursos del sistema, podría contribuir a la deslegitimación del Poder Judicial, ya lastrado por sus diversas deficiencias. En tal caso, la respuesta de los jueces y juezas españolas no puede ser la que dichos actores políticos pretenderían.

Solo podemos evitar que esto suceda si somos conscientes del grave riesgo que correría el sistema democrático en su conjunto y, en particular el propio Poder Judicial, que pese a su talante mayoritariamente conservador, todavía está en condiciones de ofrecer una tutela efectiva de los derechos ciudadanos y no meramente retórica, aplicando con objetividad las normas jurídicas vigentes y las garantías que las mismas ofrecen de respeto a los derechos fundamentales y a los valores democráticos constitucionales. Como dice el código ético de los jueces en Portugal: “El juez respeta escrupulosamente el principio de la separación de poderes. Cuando tiene que pronunciar decisiones con evidente repercusión política, se ciñe a aplicar la Ley para dar respuesta jurídica al caso concreto que estuviera llevado a decidir. Por consiguiente, la salvaguarda de la independencia externa, que confiere las condiciones de imparcialidad de los tribunales y garantiza la confianza pública en la Justicia, supone que el juez se oponga a cualquier intento de politización de sus órganos propios de gobierno o de su función (…)”.El juez respeta escrupulosamente el principio de la separación de poderes

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Lucía Ruano Rodríguez es magistrada.

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