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#MeQueer y la necesidad de legislar por la Igualdad

Uge Sangil y Jesús Generelo

La multitudinaria campaña #MeQueer ha vuelto a poner por enésima vez sobre la mesa –esta vez con sorprendente éxito– la situación de incomprensión, persecución, acoso, discriminación, desigualdad y vergüenza, en la que ha vivido históricamente el colectivo LGTBI y que sigue viviendo una buena parte del mismo, especialmente la representada por la letra T. Buceando un poco por los mensajes que millares de personas han enviado se puede trazar una radiografía bastante precisa de la situación de desigualdad y vulnerabilidad que han sufrido, que siguen sufriendo muchas de esas personas, especialmente en su infancia y adolescencia.

Podemos leer en #MeQueer historias de violencia, de exilio, de incomprensión familiar, de agresiones por parte de profesionales de la docencia o la sanidad, de autolesiones (especialmente terribles las referencias a suicidios de niños y jóvenes), de mucho, mucho e innecesario dolor. Son historias contadas en primera persona, grandes y pequeñas, conocidas o inéditas, en las que tantas personas nos hemos sentido retratadas. Relatos de gente que primero escucha el insulto y después se identifica con él. Que necesita dosis extra de resiliencia y orgullo para aprender a entenderse, a quererse y aceptarse. Personas que con frecuencia no tienen las mismas oportunidades en la vida, ni personales ni profesionales.

Esto ha sido así durante siglos. Y aunque hemos evolucionado a pasos de gigante, el problema no se ha zanjado. Porque un imaginario colectivo de desprecio, estigma, minusvaloración o incluso infrahumanización no se modifica definitivamente con facilidad. Por eso es necesario hacer un trabajo profundo, radical.

Y por eso #MeQueer también pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de un trabajo legislativo complejo y valiente. Demuestra de nuevo, tozudamente, que son necesarias leyes integrales que afronten el problema de la discriminación y de la violencia, pero también cuestiones más sutiles como el estigma o las microLGTBIfobias, así como que colaboren decididamente a un cambio definitivo y colectivo del paradigma social. Así lo han entendido numerosas comunidades autónomas, que ya han legislado leyes contra la discriminación por LGTBfobia: Cataluña, Extremadura, Baleares, Murcia, Madrid, Andalucía y Navarra ya lo han hecho, Valencia y Aragón llevan bastante avanzado el proceso.

No se trata de hacer victimismo sino de saber escuchar, comprender y reaccionar; no se trata de distanciarse de otras víctimas del odio y de la injusticia, sino de entender que hay cuestiones históricamente específicas que deben analizarse y combatirse con herramientas igualmente específicas y eficaces.

El movimiento LGTBI, como no podía ser de otra manera, siempre ha sido consciente del relato múltiple y terrible que hoy visibiliza #MeQueer. Ese relato colectivo es el que ha creado el movimiento y su revuelta. Es el que le da razón de ser. Por eso, a través de FELGTB y numerosas organizaciones que se han sumado al proceso, se ha desarrollado una proposición de ley completa y compleja que desgrana toda una serie de aspectos, de mecanismos para la administración, de herramientas que pueden servir para revertir la situación. La mayoría ya están en uso en las comunidades mencionadas. Pero faltan muchos otros territorios, y falta una uniformización de derechos. También, no lo olvidemos, falta trabajar las competencias estatales.

La aparición de #MeQueer coincide prácticamente con el primer aniversario del inicio de la tramitación de la proposición de ley en el Congreso. Una buena ocasión, pues, para recordar que no se trata de una ley intrascendente, ya que estamos trabajando por el bienestar de muchos millones de españolas, de españoles, por su derecho a la felicidad, a ser, a expresarse y amar según les dicte su propia e íntima condición. También para poner en valor que el movimiento y el colectivo LGTBI es capaz de dar ejemplo de superación, salir de su armario –más o menos dorado, según las circunstancias-, mostrarse a la sociedad en su variedad y su riqueza, revolverse y plantear las soluciones al problema de la LGTBfobia que durante siglos lo ha lacerado.

Estas revueltas ciudadanas, estas aportaciones a la res pública, a la fórmula para la convivencia que es una democracia, deben ser recogidas por el Gobierno y por el Parlamento, aceptadas y desarrolladas en su plenitud, asumiendo que ambos, con todos los partidos políticos que las conforman incluidos, no son sino la voz de una ciudadanía a la que deben escuchar y representar.

Por eso, esperamos que este verano haya servido para coger energías y para reflexionar sobre esta ley que tiene que salir adelante con el consenso de todas las fuerzas políticas. Y que el Gobierno, ahora que tras el cambio político se ha sacudido las presiones de la ultraderecha católica, debe apostar decididamente por ella, ayudar a agilizar su tramitación y hacer de su implementación una de las banderas de progreso y de cambio en esta nueva etapa de la historia de España.

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Uge Sangil, actual presidenta de FELGTB, y Jesús Generelo, presidente de FELGTB de 2015-2018

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