Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019

Los PGE para 2019 se encuentran atascados por las incertidumbres relativas a las mayorías parlamentarias necesarias para sacarlos adelante. No así los de las comunidades autónomas en las que bien porque el gobierno en cuestión disponga de una mayoría que los garantice, bien porque en vísperas de elecciones autonómicas se formen coaliciones de ocasión orientadas a sembrar el campo del mayor número de obstáculos para dificultar la labor de Gobierno en el caso de que este cambiara de color político.

Tal parece que fuera el caso del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019. Ante la probabilidad de que el gobierno de la región pudiera recaer en alguno o los dos partidos de la izquierda, los dos partidos de la derecha, PP y Cs, se han apresurado a acordar un proyecto cuyo contenido carece de línea política alguna que permita conocer cuál es el horizonte en que ambos partidos pretenden desenvolver la actividad pública para los próximos años.

La característica principal de las cuentas públicas madrileñas viene dada por el peso que en su financiación de los gastos públicos tienen los tributos del Estado. Las comunidades autónomas de régimen común, entre las que está la de Madrid, tienen como principales vías de financiación de sus gastos públicos, al margen del endeudamiento, la participación en los tributos del Estado (IRPF, IVA, impuestos especiales, IAE, etc) y los tributos cedidos (ITP,IAJD, sucesiones y donaciones, etc). En el proyecto para 2019, el 90% de los recursos públicos proviene de lo que púdicamente se presenta como Sistema de Financiación Autonómica, es decir, la participación en los tributos del Estado y los tributos cedidos por este.

Es esta una característica del modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común que no ha variado desde su puesta en marcha y que podría resumirse en que tenemos comunidades con una elevada capacidad de gasto pero que dependen sobremanera de la recaudación del Estado habida cuenta de la escasa potencia recaudatoria de los impuestos cedidos. La ausencia de una descentralización también en el terreno de las competencias fiscales ha tenido como efecto, entre otros, que algunas comunidades autónomas tiraran “con pólvora del rey” y que pudieran eludir esa dimensión de responsabilidad que para los administradores públicos constituye el momento de la recaudación de recursos de los contribuyentes.

Este singular modelo beneficia extraordinariamente a la Comunidad de Madrid dado que en ella se encuentran fiscalmente ubicados más del 20% de las bases imponibles de los principales tributos (IRPF, IVA). Obsérvese que solo la participación en estos dos tributos representa el 92% del total de gastos presupuestados para 2019. En el capítulo de los activos con que cuenta la Administración regional madrileña habría asimismo que señalar la elevada dotación de infraestructuras y equipamientos públicos (carreteras, ferrocarriles, hospitales, escuelas y universidades, etc) con que cuenta y que fueron provistos por el Estado con anterioridad al hecho autonómico.

Par decirlo de una forma gráfica, la administración madrileña ha podido hacer política “con pincel fino”, dedicando la mayor parte de sus presupuestos a satisfacer necesidades y demandas sociales sobre todo entre las capas menos favorecidas de la población.

El gasto social

Una observación superficial podría confirmar esta posibilidad. En su presentación, el Gobierno del PP afirma dedicar al gasto social el 86% de su presupuesto. En efecto, pretende gastar 8.106 millones de euros en sanidad, de ellos solo 161 en inversiones, básicamente en la modernización de las infraestructuras hospitalarias y en el plan de equipamiento sanitario y altas tecnologías. Es una buena ilustración de lo que decíamos al principio: la Comunidad, partiendo de una muy favorable dotación de capital público puede dedicarse a prestar servicios y atenciones de alta calidad, mejorando el ejercicio de los derechos sociales, esos que hacen bueno el principio contenido en el artículo 14 de la Constitución cuando proclama la igualdad de todos ante la ley.

No creo que ni el más ferviente seguidor del PP pudiera afirmar tal cosa. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, desde hace años, muestran un perfil más bien mediocre en lo que debería ser un objetivo estratégico para cualquier gobierno, fuere del color que fuere, la provisión de un alto nivel de servicios públicos para garantizar el más pleno ejercicio de los derechos sociales.

El panorama de la sociedad madrileña dista mucho de este cuadro ideal, algunos ejemplos permitirán comprobarlo.

Es verdad, como alardea el Gobierno del PP, que ha descendido la cifra de desempleados y aumentado la de afiliados a la Seguridad Social; pero no lo es menos que el perfil de los empleos creados es mayoritariamente precario y de mala calidad, con bajo nivel de productividad y sin que de los mismos se pueda deducir cierta estabilización en la demanda de bienes. El PP gusta decir que la mejor política social es la que genera empleos; sabe que los trabajadores pobres (una categoría antes inexistente y ahora con cada vez más peso en España y en la Comunidad de Madrid) dedican la mayor parte de sus ingresos al consumo y con eso les basta para cumplir sus objetivos: empleos precarios e infrapagados para estimular el consumo de bienes perecederos; que para los otros, especialmente la vivienda, ya están los bancos a la espera de iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento de las familias trabajadoras.

En materia de vivienda, además de continuar con la política de estímulo a la compra, más pensada como ayuda al negocio inmobiliario que como herramienta al servicio del derecho a la vivienda, siguen sin abordarse las perentorias necesidades de un volumen muy importante de población carente de la capacidad de endeudarse y forzada a un alquiler cuyos precios aumentan espectacularmente, por efecto de la entrada de los fondos de inversión a través de las Somici para especular con este mercado. Son ridículas al respecto las dotaciones previstas en el plan de vivienda (50,7 millones) y en las ayudas para la emancipación de jóvenes (12 millones), pero no todo es cuestión de promover viviendas para alquiler o subsidios al arrendatario. Seguimos sin conocer cuál es el parque de viviendas vacías en la Comunidad y creo que podría ser una herramienta imprescindible que tal vez pudiera ahorrarnos el gasto de nueva inversión. Me refiero a instrumentos ya probados con éxito como los contratos de cesión temporal de usos en los que la Administración, a cambio de los derechos de explotación de la vivienda en régimen de alquiler social, asume los gastos de renovación y conservación de la misma, revirtiendo al final de período convenido a su propietario.

La pobreza

Termino con el problema de la pobreza. La Comunidad de Madrid tiene una tasa de población bajo el umbral de pobreza (AROPE) inferior a la nacional pero, dentro de esta población, la situada por debajo del nivel de pobreza severa es superior en términos relativos: hay menos pobres pero los que hay son en comparación más pobres. Estamos hablando de esa franja de población en situación de exclusión social, aquella que ya ni siquiera acude a los servicios sociales municipales o autonómicos.

Creo que para atajar este problema, que debiera ser el prioritario para cualquier gobierno, la dotación prevista en el proyecto del PP (227 millones) es marcadamente insuficiente.

Se han utilizado ejemplos de políticas sociales porque el gobierno del PP alardea de dedicar a estas el grueso del presupuesto pero igual podría predicarse de otras políticas de gasto. Hay serios problemas en la política de transportes y, por extensión, en la ordenación del territorio regional, con problemas de aglomeración en el área metropolitana y despoblación y pérdida de tejido social en las periferias que siguen sin resolverse por la hegemonía de un modelo de ocupación del territorio orientado a la maximización del valor engendrado por la expansión del negocio inmobiliario y sus secuelas de un modelo urbanístico especulativo y depredador del territorio y los recursos naturales.

Hay también muy serios problemas en el área de medio ambiente y biodiversidad, con agobiantes problemas de gestión de residuos urbanos que podrían agravarse por efecto de la saturación de Valdemíngomez; de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas por el empeño de los gobiernos del PP en no colaborar con el esfuerzo inversor del gobierno de Zapatero en el Plan Nacional de Calidad de Aguas (1); y, por mencionar solo los más apremiantes, de amenazas a la diversidad biológica por efecto del modelo imperante antes aludido y la despoblación de partes significativas del territorio regional.

Frente a estos problemas ya estructurales de en nuestra región, el Presupuesto para 2019 se instala en la autocomplacencia de las excelencias de un modelo de gestión política y administrativa penetrado por prácticas de corrupción y clientelismo que, por conocidas, no es preciso analizar. SU reflejo en la propuesta de ingresos y gastos para 2019 podría caracterizarse como de un incrementalismo ajeno a la identificación de los principales problemas de nuestra región.

Usuaria de un capital público muy superior al de cualquiera de las CCAA españolas, fruto de los efectos de la política centralista del Estado español durante décadas y de la localización de las principales empresas generadoras de mercados, empleos y rentas, los gobiernos de la Comunidad de Madrid se han limitado a una gestión puramente administrativa de las competencias asignadas en el Estatuto de Autonomía, coherente con la visión que del hecho autonómico ha tenido el PP desde el momento mismo de la puesta en marcha del Estado de las autonomías. Nada muy diferente del modelo de desconcentración administrativa postulado por los padres del PP que acompañaron a Fraga en su aventura de transitar desde la experiencia de ministros de Franco a políticos de la democracia. Diputaciones provinciales con nombres constitucionalmente homologados, con sus planes de obras y servicios (hoy PRISMA) dedicados a construir las redes clientelares tradicionalmente tan caras a la derecha española y ahora teniendo el tejido de un bloque inmobiliario y rentista como base.

Así, el presupuesto de la Comunidad, no ha conseguido en sus 35 años de historia, atraer la atención de la ciudadanía madrileña. Es verdad que tal cosa es predicable de la totalidad de las leyes presupuestarias, demasiado abstrusas para atraer la atención ciudadana. Pero no es menos que en tan largo período al ciudadanía madrileña no ha conseguido trasponer ese umbral en el que lo político hace parte de la vida y las esperanzas dela mayoría d la población.

La sociedad madrileña y especialmente sus sectores más desfavorecidos han pasado han pasado un periodo muy adverso a partir del año 2010 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria ,motor del crecimiento en los años anteriores, y de las políticas de consolidación fiscal aplicadas por los gobiernos del PP. En este periodo la situación de estos sectores no solo no ha mejorado sino que, como se ha citado más arriba al hablar de la pobreza severa, ha empeorado: la sociedad madrileña hoy es más desigual e injusta que antes de la crisis y el partido gobernante y su socio parecen decididos a mantener estas políticas incluso a acentuarlas a través de sucesivas rebajas fiscales destinadas a estimular la lealtad de las clases medias para con estas políticas.

El problema para los madrileños y las madrileñas son los prejuicios del PP y de su socio Cs son sus prejuicios ideológicos que les hacen percibir las políticas de igualdad y justicia social como impedimentos para la inversión y el emprendimiento estimulados por el clima de competencia, tan rentable para los negocios.

Pero las mejores experiencias están poniendo de relieve que la mejora de la cohesión social que hace posible las políticas sociales de redistribución no solo no impide el bienestar sino que tiene cierto efecto multiplicador. No solo en términos de incremento de la demanda sino, lo que a medio y largo plazo es más importante, en términos de mejora de la capacidad para el trabajo y las nuevas tecnologías, fomentando un capital humano de un elevado nivel de productividad.

El presupuesto regional para 2019 debiera abandonar tales prejuicios ideológicos e inscribirse en una nueva perspectiva en la que tomando como objetivos la mejora de los derechos sociales y ambientales y como herramienta de intervención una decidida voluntad del sector público regional, se vayan poniendo las bases de un nuevo modelo productivo a través de un conjunto de programas de transición en el campo de la vivienda, el transporte, la sanidad, la educación, la lucha contra la pobreza y la exclusión, al energía y el medio ambiente.

Y teniendo en cuenta para el éxito de esta nueva perspectiva, que el activo principal de la misma solo puede ser la movilización de las energías sociales existentes en la sociedad madrileña, la capacidad de cooperación y comunicación tantas veces verificada en los momentos difíciles. A poner en valor esta reserva de capital debieran dirigirse los esfuerzos de la actividad pública. No saldremos de forma efectiva de la crisis ni abordaremos las turbulencias que amenazan la economía global sin un compromiso ciudadano que haga de los seis millones de madrileños y madrileñas la más eficaz palanca de intervención.

Se llama democracia. _________

(1) Un hecho que no puede dejar de señalarse es que el Canal de Isabel II, empresa pública responsable del abastecimiento y saneamiento de aguas residuales en la Comunidad, con una dotación para inversiones de n159 millones de euros, está adscrita a la Consejería de presidencia en vez de a la de Medio Ambiente como parecería lo lógico. Acaso esta anomalía tiene que ver con la intención del PP de tenerla bajo el control directo y más próximo a la presidencia d la Comunidad en el trance iniciado en 2008 para su privatización.

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Parecida anomalía representa la adscripción a esta Consejería del Plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones o las labores de prevención y extinción de incendios forestales. El predominio del valor “seguridad” identificado con la función policial, sobre el valor “protección y conservación de ecosistemas” parece claro deba ser superado en una adaptación a orientaciones como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de NNUU.

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José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.