Salud pública: mucho más que la gestión
Es indudable que los acontecimientos de estas últimas semanas en la Comunidad de Madrid se corresponden con una desastrosa gestión denunciada por los profesionales. Las reacciones de la ciudadanía, a través de plataformas, organizaciones sindicales, vecinales, asociaciones de distinto tipo, son evidencia de la defensa de la sanidad pública. Una reivindicación del modelo de servicio del Estado del Bienestar, una cuestión de derechos de la ciudadanía, que se contradice con el modelo hegemónico que aplica y defiende el Partido Popular.
Además, debemos sumarle la omnipotencia de un modelo de liderazgo trumpista, puro populismo autoritario al estilo Bolsonaro, que se alimenta del desprecio al adversario, descalificaciones que rayan el absurdo, pero muy espectaculares para llenar titulares y obtener protagonismo. Las diatribas exageradas y los ataques al Gobierno, personalizando, con argumentos tan alejados del tema de la sanidad como de la realidad, cumplen la función clara de desviar la atención y no responsabilizarse de la situación.
Pero hay mucho más, aparte de sostener una mala gestión de recursos insuficientes y medidas inviables. No se trata solamente de la sanidad pública por falta de médicos, de las malas condiciones laborales, de ausencia de recursos, que ya son muy graves porque “nos va la vida” como hemos visto en las pancartas. Se trata de unos objetivos definidos de cambiar el modelo, desregulando y privatizando, porque la salud es una mercancía que se puede comprar y vender. Esa es la concepción, el fondo de la cuestión, ni siquiera con la única intención de que sus amigos hagan negocio (que también). Es el mercado contra el Estado, típica oposición del neoliberalismo salvaje que encarna esta presidenta, cuando ya ha sido suavizado por muchos grupos conservadores y acusado de obsoleto por otros analistas.
Hay mucho más, que no se trata de ignorancia, ni de tontería, ni de inexperiencia de la persona. Se trata de un profundo convencimiento del valor del individualismo, de la negación de la existencia de unos bienes comunes que sostenemos entre todos. La defensa de una libertad vacía, sin responsabilidades, casi de un hacer lo que te da la gana, sin ética ni principios solidarios, es una idea típica del núcleo duro del capitalismo, acerca del ser humano y de la sociedad. Manda el consumo, el mercado se regula a sí mismo, vivamos sin límites sociales, aunque ya se haya demostrado con creces que esa perspectiva produce desigualdades, exclusiones, conflictos, ausencia de cohesión en las sociedades.
Por eso es importante hablar de salud pública, no sólo de sanidad. Porque en la otra concepción humanista, solidaria, de defensa de intereses colectivos, de derechos humanos, es necesario consolidar la prevención, los cuidados, defender los derechos adquiridos, y no pensar únicamente en la cura, en la enfermedad o los accidentes. Nos va la vida como sociedad, nuestra subjetividad (física, mental, emocional) se construye a partir de otros seres humanos en la socialización. No existimos como especie de seres aislados, somos seres sociales por naturaleza, ha sido una ficción del liberalismo extremo que fuera primero el individuo y después la sociedad.
“Se narra la historia de la sociedad democrática con arreglo a un mito; los individuos, en un acto constituyente, se dotan de unas reglas de juego que les permitan resolver los problemas derivados de la coexistencia en un mismo territorio. Pero esta concepción de la persona no es sostenible por sí sola, ya que no soporta la prueba de realidad. ¿Cómo mantener viva la idea fantástica de que el ciudadano es un ser autónomo, autosuficiente, libre de ataduras?” (Izquierdo, Mª Jesús. 2003)
Esta realidad concluyente está fundamentada desde Aristóteles hasta Freud, desde la ciencia hasta la filosofía, aunque es posible que llamen comunistas a quienes defiendan la perspectiva de una justicia social basada en derechos, en intereses colectivos para el bien común, en compartir responsabilidades y un Estado que atienda las necesidades. Aunque nunca puede ser en plan totalitario. La democracia con justicia social no significa que las administraciones definan cuáles son las necesidades y provean de soluciones a los problemas, sin contar con la participación de la ciudadanía. Aparece el viejo conflicto entre las interpretaciones técnicas y las políticas públicas
Los modelos tecnocráticos desprecian el papel de la política y las autocracias políticas infravaloran el papel de la ciencia, cuando las políticas públicas necesitan de un diálogo, de intercambios y decisiones con control democrático, en algunos casos con debate público, en otros con rendición de cuentas. Nada más alejado que la gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Aquí es donde se han rebelado los profesionales, hartos de advertir de las consecuencias de las medidas fantasmagóricas. Que no se equivoquen con la crítica de mala gestión, aunque lo sea. La situación creada es producto del modelo, puede ser que agravado por ineptitudes. El conflicto es político, en un sentido valioso de derechos de ciudadanía, no en el sentido despectivo que utilizan desde el PP.
La dimensión política de uno u otro modelo es evidente, aunque critiquemos los aspectos organizativos, denunciemos los ataques y las condiciones de trabajo de los profesionales, defendemos unos derechos avalados desde nuestra norma fundamental hasta los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estamos reivindicando políticas públicas para la justicia social.
Hacia abril de 2020, en un documento de la Asociación Isegoría, publicamos una descripción que parece la narración de las políticas de los gobiernos de la Comunidad de Madrid: "El papel de la desregulación: La falta de recursos dedicados a la prestación de los servicios públicos, ofrecidos y financiados directamente por las administraciones, genera una dinámica perversa que finaliza con la desregulación de los mismos. El proceso se inicia con una infrafinanciación que deteriora el servicio de gestión directa, se privatiza la gestión al culpar a la gestión directa de la situación. Se suelen introducir copagos al acusar al usuario de abusos. El deterioro continúa en la nueva situación. Por último, se fuerza a los ciudadanos, que puedan permitírselo, al uso del servicio de forma totalmente privada. Así se pierde toda opción de compensación de desigualdades, de una atención de calidad, se pone al personal al borde de la extenuación y se generan burnout de todo tipo. Manda el mercado y el “sálvese quien pueda”. Se busca, claramente, el rechazo de lo público por ineficiencia para revertir las inversiones hacia la privatización” (Jiménez Sánchez, J.A y Acosta Pérez, E)
Todo lo contrario, si perseguimos políticas para el bien común. Implica financiación adecuada y suficiente, diagnósticos sociales, medidas complementarias, prevención, formación. Las acciones y las medidas eficaces no provienen de soluciones mágicas ni tecnocráticas, ni de la supuesta calidad de la institución privada.
Las políticas de la derecha clasista son asistencialistas, generan pasividad y cronifican, no buscan mecanismos comunitarios, responsabilidades compartidas, no persiguen el bien común. No les interesa desarrollar capacidades en la ciudadanía
Las políticas públicas deben tender a incorporar procesos e instrumentos de participación, de activación de roles personales y comunitarios y de enriquecimiento humano y social. Es imprescindible capacitar a los profesionales, invirtiendo en innovación e investigación social, desarrollando el conocimiento y mejorando los funcionamientos institucionales. Nada es aséptico, todas esas acciones necesitan desarrollarse con un marco, un enfoque de justicia social. Si un factor de exclusión es estructural, las acciones deben ser estratégicas, interviniendo en el origen y no sólo en el síntoma, aunque en una situación de emergencia se atienda a lo inmediato para paliar sufrimientos. Si una injusticia presenta una configuración compleja, las políticas deben ser formuladas desde una visión integral, su puesta en práctica con planteamientos transversales, formas de coordinación flexible y con la mayor proximidad territorial posible.
Nada que ver con las propuestas y las justificaciones de los gobiernos elitistas, que miran con mayor atención al desarrollo de los beneficios empresariales que a los factores que contribuyen al desarrollo humano y social. Una política pública que pretenda evitar desigualdades, eliminando obstáculos, compensando los efectos de las diferentes brechas sociales, será democrática o no será. La mayor contribución a la democracia es la acción política que persigue la cohesión social, la justicia social y actúa en consecuencia.
Las políticas de la derecha clasista son asistencialistas, generan pasividad y cronifican, no buscan mecanismos comunitarios, responsabilidades compartidas, no persiguen el bien común. No les interesa desarrollar capacidades en la ciudadanía ni unas inversiones eficientes con rentabilidad social. Las políticas públicas para la justicia social son complejas, deben ser integrales, con diagnósticos solventes y soluciones viables. Tampoco podemos creer en recetas mágicas ni respuestas morales de buenos y malos ni en vías uniformes o igualitaristas.
No olvidemos tampoco que los poderes fácticos existir existen, como las meigas. Y ejercen su influencia con fórmulas muy variadas.
Por todas estas y muchas otras razones, la salud pública es mucho más que la gestión, va más allá de los parámetros de “calidad” del servicio, excede la atención individual curativa. Responde al ejercicio de los derechos humanos, al bien común y la cohesión social o no formará parte de una política pública para la justicia social.
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Estella Acosta Pérez es Orientadora y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid jubilada.