Transparencia

10 secretos de Estado que los ciudadanos deberían conocer... y no pueden

MARIA M. LANZA

“No hay Historia sin archivos”. Es una de las máximas que repiten investigadores de todo el mundo cuando se les deniega el acceso a documentos históricos. En España son conocidos los casos de materiales clasificados que impiden conocer a ciencia cierta acontecimientos que merecen ser evocados con exactitud. Los historiadores claman contra una Ley de Secretos Oficiales de la época franquista que no pone límites temporales en la clasificación de documentos.

Pero los archivos clasificados no son el único problema. La facilidad con que se han destruido o perdido documentos oficiales deja entrever el escaso valor que otorgan las instituciones a la Historia o el especial interés en hacer desaparecer material, en algunos casos, especialmente sensible.

Esta situación ha llevado al desconocimiento parcial o total de numerosos sucesos históricos. Surgen así interrogantes difíciles de resolver sin poder acudir a las fuentes originales. infoLibre ha seleccionado una serie de episodios nacionales en los que la inaccesibilidad de estos documentos ha sesgado las investigaciones y la memoria colectiva.

1. 23-F

El 23 de febrero de 1981 es, junto con el día en que fue ratificada la Constitución, la fecha más recordada de la Transición Española. Sin embargo, y como denunció Jordi Évole tras la emisión de su falso documental Operación Palacealgunos documentos sobre el 23-F no podrán ser consultados hasta el año 2031. Se tiene constancia de que existen conversaciones telefónicas que se produjeron en el interior del Congreso tomado.

2. Accidente aéreo de Palomares

En la mañana del 17 de enero de 1966, una nave de la aviación de Estados Unidos chocó con el avión que lo abastecía sobre la pequeña localidad almeriense de Palomares. Como consecuencia del impacto, ambos aviones explotaron y las cuatro bombas nucleares que transportaba el primero de ellos cayeron sobre Palomares. Una de ellas no consiguió ser localizada hasta un mes después del accidente en el fondo del mar, lo que hizo temer a la población civil un posible riesgo de radioactividad.

¿Qué hacían sobrevolando espacio aéreo español aviones de las Fuerzas Armadas norteamericanas? ¿Consiguió el celebérrimo baño de Manuel Fraga convencer a la comunidad internacional? ¿En qué consistieron las operaciones militares estadounidenses que se llevaron a cabo para encontrar la bomba desaparecida? ¿Cómo influyó el accidente en las relaciones con Estados Unidos? Gran parte de los documentos de carácter internacional sobre Palomares pertenecen al ámbito de política exterior y, por tanto, a día de hoy se encuentran clasificados tras la decisión del Consejo de Ministros de cerrar el archivo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estados Unidos, en cambio, sí permitió en 2010 el acceso a documentos clasificados sobre el incidente tras aplicarse sobre ellos la ley (Freedom of Information Act).

3. El amigo Saddam

Las relaciones diplomáticas entre España y otras naciones también pertenecen al ámbito internacional y, por tanto, permanecen inaccesibles. Uno de los visitantes a los que España recibió con los brazos abiertos fue Saddam Hussein –ejecutado en 2006 por crímenes contra la humanidad–, a finales de 1974. El por entonces vicepresidente del consejo revolucionario iraquí fue recibido y agasajado por miembros del Gobierno, se celebraron banquetes en su honor, y llegó incluso a reunirse con el entonces príncipe de España y luego sucesor de Franco, Juan Carlos de Borbón.

El dictador iraquí, que fue condenado por la muerte de 148 chiíes y al que se le atribuyen diversas masacres que acabaron con la vida de cerca de 200.000 kurdos, fue condecorado por Franco en 1974 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y en 1978 con el Collar de la Órden del Mérito Civil, otorgada por el ya rey Juan Carlos y dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué le concedieron tales reconocimientos? Imposible de saber. No al menos a través de los archivos de España, que permanecen cerrados desde 2010.

4. Los Auschwitz españoles

El término “campo de concentración” suele venir asociado a la Alemania nazi y el exterminio de los judíos. De lo que aún mucha gente no es consciente es de que en España existieron, en los años de guerra civil y posguerra, diversos campos donde se enviaban a civiles y militares que habían permanecido fieles al gobierno de la República. Allí se les obligaba a realizar trabajos forzados y eran reeducados ideológicamentereeducados.

Estos terribles sucesos de la historia de España permanecen prácticamente en el ostracismo debido a los pocos documentos oficiales a los que se tiene permitido el acceso. Los estudios que se han hecho se basan sobre todo en el testimonio de supervivientes y en investigaciones externas. Pero surgen muchos interrogantes: ¿Existe un registro de internos? ¿Hay datos oficiales de españoles que perecieron en estos campos? ¿Quiénes se encargaban de su mantenimiento?

Muchos documentos, procedentes del Tribunal de Cuentas, permanecen hoy en el Archivo de Salamanca. Sin embargo, es probable que entre los 10.000 documentos secretos de Defensa, que la exministra Carme Chacón se comprometió a desclasificar y Morenés paralizó, se encuentren numerosas referencias a estos campos de trabajo. Muchas familias podrían esclarecer desapariciones de víctimas de la represión durante los primeros años de franquismo.

5. Matanza de Badajoz

Sobre los sucesos ocurridos en el mes de agosto de 1936 en Badajoz, cuando las tropas franquistas comandadas por el general Yagüe ocuparon por la fuerza la provincia extremeña, existe una cierta controversia respecto al número de víctimas mortales. Aunque la mayor parte de historiadores coincide en situar esta cifra entre los 2.000 y 4.000 asesinados, no existen datos oficiales que certifiquen estos números.

El historiador Francisco Espinosa relata que, durante su investigación sobre este episodio, se encontró con un documento de Yagüe en que describía los pormenores de la operación a Francisco Franco. En él, el general hacía referencia a un segundo archivo donde se especificaban datos como el número de bajas, propias y ajenas, o el armamento utilizado. “Este documento, que debería haberse encontrado con el primero, está totalmente desaparecido. No está, no existe”, explica Espinosa.

El principal problema es que los investigadores, llegados a este punto, no saben si estos archivos han sido destruidos o simplemente son material reservado o secreto. “En cualquier otro país, aunque sepas que no es accesible, existen catálogos sobre la información clasificada. En España no”, denuncia Espinosa.

6. Archivos judiciales militares

En 2009, el Consejo de Ministro aprobó un decreto que regulaba por primera vez el acceso a los archivos judiciales militares durante la guerra civil y la dictadura. Estos documentos son de suma importancia al contener información y actas sobre los procedimientos sumarísimos de la época, entre ellos los famosos consejos de guerra.

Sin embargo, una vez más, los investigadores se quejan de las restricciones a la hora de acceder aun tras la aprobación de esta medida. En primer lugar, las condiciones de abandono en que se encontraron estos archivos una vez abiertos hacen muy difícil su lectura. Además, como lamenta Francisco Espinosa, se trata de documentos sobre cientos de miles de procedimientos por lo que, sin el control necesario, se hace muy difícil encontrar nada. “La custodia de estos documentos recae en militares, los cuales no poseen catálogos y su horario de trabajo reduce mucho las posibilidades de investigar”. Por otra parte, ha constatado que hay documentos que han sido claramente suprimidos.

7. La policía de Franco

Numerosos investigadores son los que denuncian la destrucción de documentos durante la Transición referentes a la represión policial franquista. El catedrático Alberto Reig Tapia afirma que se destruyeron "cantidades ingentes de documentos". Una investigación sobre la Brigada Policial-Social corroboró que el Ministerio de Interior impedía el acceso a los documentos que especifican el organigrama y los entresijos internos de este organismo. Estos documentos podrían ayudar a la justicia argentina a aligerar los procesos contra los crímenes del franquismo.

El exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo señaló, en un artículo de 2010 para Público, que el director del gabinete del ministro del Interior le había negado el acceso a un ciudadano que solicitaba documentos sobre sus antecedentes policiales porque con la Ley de Amnistía de 1977 "se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc.".

“Estos archivos, tanto policiales como militares, no solo son de especial importancia histórica. Existen personas que, para poder recibir compensaciones o pensiones por penas de prisión, han de probarlo acudiendo a estos documentos”, señala Espinosa.

8. Archivos de las Jefaturas Provinciales del Movimiento

Tampoco las instituciones políticas franquistas se libran de la desaparición de documentos. Carlos Sanz, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, explica que existen indicios de que entre 1976 y 1977 se ordenó la destrucción de los Archivos de las Jefaturas Provinciales del Movimiento, entre lo que se encontrarían expedientes personales. Santos Julià contaba en El País cómo el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, justificaba la depuración: "Aquellos archivos olían a un pasado remoto".

9. Prensa del Movimiento

José Ramón Urquijo Goitia, investigador del CSIC, en su artículo Archivos e historia contemporánea, señala que durante la década de los 80 el Gobierno decidió privatizar las publicaciones que habían formado la denominada Prensa del Movimiento. En una circular difundida por el Departamento Medios de Comunicación Social del Estado se especificaba, en el apartado correspondiente al “archivo administrativo”, que este sería remitido “a los Servicios Centrales, pero referido a los últimos cinco años, siendo destruido la parte del archivo anterior a ese período”.

10. El Contubernio de Múnich

A mediadios de 1962, representantes españoles de todas las facciones del antifranquismo, menos los comunistas que fueron excluidos, se reunieron en Múnich con motivo del IV Congreso del Movimiento Europeo.

Con el objetivo de discutir el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, el denominado por la prensa falangista “contubernio de Múnich” significó el primer encuentro entre el grueso de grupos de la oposición al régimen desde tiempos de la guerra civil.

En 2012, con motivo del 50 aniversario del Congreso, el Ministerio de Asuntos Exteriores quiso organizar un homenaje. Para ello, recurrió a los documentos que el propio ministerio dispone sobre aquella reunión. Sin embargo, como cuenta el historiador Antonio Moreno Juste, se encontraron con que estos papeles habían sido clasificados. Esta vez sí, y saltándose la larga lista de archivos pendientes de desclasificación solicitados por investigadores, los documentos pudieron ver la luz y permanecen accesibles incluso en la red.

Una muestra del descontrol y arbitrariedad del Gobierno a la hora de decidir qué documentos afectan a la “seguridad nacional”, motivo por el cual se dijo que se clasificaban, y cuáles no.

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