4M | Elecciones en la Comunidad de Madrid

El 4M fulmina las investigaciones que acorralaban a Ayuso y mete en un cajón leyes anticorrupción o contra la pobreza energética

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Los casi dos años de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid se han caracterizado, entre otras cosas, por una escasísima producción normativa. Durante estos veinte meses, sólo se han aprobado en la Cámara regional un par de proyectos de Ley salidos directamente de la Puerta del Sol, textos con marcados tintes ideológicos. Eso no quiere decir, por supuesto, que la actividad en la Asamblea de Vallecas no haya sido frenética. Lo ha sido, y mucho. Sin embargo, el adelanto electoral tira por tierra el intenso trabajo de los grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura. Porque la nueva cita con las urnas no solo refuerza al PP y desactiva políticamente a un Ciudadanos en descomposición, sino que también fulmina las dos investigaciones que acorralaban a la líder del Ejecutivo madrileño. Y, de paso, mete directamente en un cajón los intentos de la oposición de poner en marcha normas contra la pobreza energética y anticorrupción en una región profundamente golpeada por esta lacra.

Con la disolución de la Cámara, todo se viene abajo automáticamente. En el tintero quedarán 1.320 preguntas para respuesta escrita al Ejecutivo, casi tres millares de peticiones de información al Consejo de Gobierno o cerca de trescientas proposiciones no de Ley. Sin embargo, lo que más preocupa a la oposición es todo lo relativo a las dos comisiones de investigación que consiguieron poner en marcha, que provocaron sonados roces entre los dos socios del Ejecutivo y que cercaban a la presidenta madrileña: Avalmadrid y Residencias. Son meses de trabajo y decenas de comparecencias que se van, directamente, a la basura. "Es un desastre. Vamos a tener que empezar nuevamente de cero", señala al otro lado del teléfono Purificación Causapié, portavoz del Grupo Socialista en el órgano parlamentario que trataba de arrojar luz sobre la dramática situación vivida en los centros sociosanitarios durante la primera ola de la pandemia. 

El adelanto electoral pilló a los miembros de la primera comisión, encargada de analizar las presuntas irregularidades en la concesión y seguimiento de operaciones por parte de la entidad semipública Avalmadrid, con los trabajos ya concluidos. Los dictámenes de los grupos se votaron a finales de febrero, si bien es cierto que la aprobación de dos textos contradictorios –Ciudadanos y Vox– provocó un embrollo jurídico que tardó un par de semanas en ser resuelto. Al final, el rodillo de la formación naranja y el PP en la Mesa de la Asamblea se encargó de resolver el entuerto elevando a Pleno exclusivamente el primer dictamen, mucho más suave y que salvaba la cara a la presidenta regional en lo relativo al aval de 400.000 euros concedido en 2011 por la entidad a MC Infortécnica, empresa del ámbito sanitario propiedad en un 25% de los progenitores de Díaz Ayuso. Una suma de dinero que Avalmadrid nunca recuperó.

A pesar de la decisión de la Mesa, algunos diputados de la izquierda parlamentaria celebraban que al menos el asunto se terminase abordando en el hemiciclo. Al fin y al cabo, los conservadores intentaron hasta el último minuto que la comisión se cerrara sin dictamen. De hecho, en la oposición conservaban la esperanza de dar la vuelta a la tortilla a través de los votos particulares, impulsando un texto que, aunque correspondiese a la ultraderecha, era mucho más duro que el de los naranjas en todo lo relacionado con el caso Ayuso. Sin embargo, no hubo tiempo. Cuarenta y ocho horas después de que Ciudadanos y el PP acordasen llevar al Pleno el documento naranja, Díaz Ayuso pulsó el botón nuclear, disolvió la Cámara regional y expulsó a sus socios de la Puerta del Sol de malas maneras. Al final, la consecuencia directa de este movimiento de los conservadores es que ni habrá debate ni se aprobará dictamen alguno.

"El coste político que eso podía tener para el PP desaparece", señala a infoLibre Eduardo Gutiérrez, portavoz de Más Madrid en esta comisión. De hecho, Jacinto Morano, diputado de Podemos en el órgano, recuerda que la Asamblea de Vallecas fue disuelta coincidiendo en el tiempo con los plazos para la presentación de los votos particulares por parte de los grupos de la oposición. "Era muy posible que hubieran prosperado al final unas conclusiones que recogiesen que Isabel Díaz Ayuso había recibido trato de favor en relación con Avalmadrid. Con la disolución de la Cámara eso se acaba y ella se quita el problema personal", sostiene el parlamentario morado, quien confía en que en la próxima legislatura puedan reactivar de nuevo este asunto bajo el argumento de que la labor quedó incompleta. A la espera de cómo se configure la Asamblea, Gutiérrez también espera poder recuperar el tema. "Si no es posible con ese nombre, se abre una sobre operaciones fraudulentas en la Comunidad de Madrid y se mete ahí el caso", dice. 

Algo más complicado lo ve la portavoz socialista en dicha comisión, Pilar Sánchez Acera. "Queda todo en una situación de tinieblas", dice. No ve factible que, una vez arranque la nueva legislatura, se pueda retomar en el futuro Pleno el dictamen pendiente. Otra cosa sería volver a poner en marcha un nuevo órgano parlamentario sobre este tema una vez arranque la legislatura, que celebre pocas sesiones y con el objetivo de aprobar un nuevo texto que se pueda llevar al hemiciclo. De nuevo, le ve algunos problemas. El primero, que si la derecha controla la Mesa es algo que no va a prosperar. Y el segundo, que al no celebrarse comparecencias no se podrán incluir en el texto alusiones directas a lo que se dijo durante todos los meses de trabajo desarrollados a lo largo de la legislatura a la que ahora se pone fin.

Las residencias

El adelanto electoral también supone un torpedo en la línea de flotación de la investigación parlamentaria sobre la situación provocada por la primera ola de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid, un agujero negro en la gestión del Ejecutivo regional [ver aquí la investigación de infoLibre] que también abrió una gran brecha entre los dos socios de Gobierno. A diferencia de la comisión de Avalmadrid, en este caso los trabajos se encontraban todavía en marcha. Eso sí, las diferentes comparecencias celebradas hasta la fecha ya habían permitido ir despejando algunas incógnitas. Por ejemplo, que el protocolo de exclusión de residentes fue firmado digitalmente por un alto cargo del Gobierno de Díaz Ayuso y, por tanto, era un documento oficial, algo que tira por tierra la teoría del borrador que se encargó de difundir la presidenta madrileña y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y que dicho texto fue enviado a los centros sociosanitarios.

"Que se venga abajo es una de las cosas que más siento, con todo el trabajo que se estaba realizando. Es un disgusto", reconoce Paloma Villa, de Podemos. En la misma línea se pronuncia Causapié, quien recuerda que en la región "la situación de las residencias" durante la pandemia "ha sido dramática". Por eso, dice, es necesario que se "aclare" hasta el último detalle. "No solo para depurar responsabilidades políticas, sino también para que estas cosas no vuelvan a suceder. Tenemos que ser justos con las personas mayores", sentencia la socialista. Por todo ello, los tres grupos de la izquierda parlamentaria ponen sobre la mesa su firme "voluntad" de volver a abordar este asunto en cuanto eche a andar la nueva legislatura. Aunque eso implique "empezar de cero". Habrá que ver, no obstante, cómo queda configurada la aritmética parlamentaria. Porque Ayuso, recuerdan, ha acusado en repetidas ocasiones a la izquierda de intentar "politizar" con esta comisión de investigación.

Regeneración democrática, corrupción y pobreza energética

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Los diputados también insisten en que el 4M tiene consecuencias que van más allá de estos dos órganos parlamentarios. Así, por ejemplo, recuerdan que el Gobierno central tiene hasta el 30 de abril para remitir a Bruselas los proyectos de las diferentes comunidades autónomas en relación con los esperados fondos europeos, de los que Madrid espera recibir 22.371 millones de euros. O que los presupuestos no van a llegar hasta después del verano. Y, por supuesto, no se olvidan de todas aquellas proposiciones de Ley que la nueva cita con las urnas lleva directas a un cajón de la Cámara regional. Porque en el momento en el que Ayuso decidió pulsar el botón rojo tras el terremoto político iniciado en Murcia, en la Asamblea de Vallecas figuraban pendientes de tramitación casi una veintena de textos de los diferentes grupos parlamentarios. "Todo el trabajo que hemos hecho, por tanto, no ha servido para nada", se lamenta Morano.

Se quedan en el tintero iniciativas a derecha e izquierda. Hay una del PP orientada a la modificación de la Ley General de Subvenciones para que no puedan obtener la condición de beneficiarios aquellos entes o entidades que "discriminen o llamen al boicot por razón de origen, etnia, nacionalidad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, ideología o creencias". U otra de Vox sobre deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que contrasta con la de Más Madrid para fijar un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas. También hay textos de carácter social. Por ejemplo, la proposición para la democracia energética en la región, con la que la formación liderada por Mónica García pretende "erradicar la pobreza energética en los hogares vulnerables" para 2030. Una norma que recoge, entre otras cuestiones, la prohibición de que las empresas corten los suministros energéticos a personas en situación de vulnerabilidad o la creación de una Oficina Ciudadana de Transición Energética.

También decaen otras iniciativas centradas en la regeneración democrática o en la lucha contra la corrupción. Es el caso de la de Unidas Podemos que buscaba reformar las normas autonómicas para establecer, entre otras cuestiones, una limitación de mandatos, de forma que no pudiera ser presidente quien ya hubiera ejercido el cargo por un periodo de ocho años. U otra de la formación morada con la que se pretendía establecer un concurso de méritos para la cobertura de vacantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que destierre "cualquier atisbo de discrecionalidad o arbitrariedad en el proceso". Se vienen abajo, del mismo modo, una iniciativa legislativa de Más Madrid ante el Congreso de los Diputados orientada a la creación de una Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud o la proposición de Ley de Ciudadanos de protección a los alertadores de corrupción. "En definitiva, una legislatura perdida", sentencia Sánchez Acera.

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