El administrador provisional podrá hacer cambios de calado en Telemadrid antes de tener respaldo parlamentario

La reforma normativa que permite al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tomar el control de Telemadrid ya está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Desde este mismo sábado, los cambios en la ley que rige el funcionamiento del ente público estarán en vigor. Y el mandato del actual director general, José Pablo López, automáticamente caducado. En solo unas horas, los conservadores han concluido con éxito el plan legislativo ideado para hacer caer al máximo responsable de la radiotelevisión pública madrileña, un periodista que llegó al cargo con el beneplácito de la Díaz Ayuso diputada y que terminó convirtiéndose en un dolor de muelas para la Díaz Ayuso presidenta. Completada la operación, el Gobierno madrileño tiene ahora vía libre para poner al frente de Radio Televisión Madrid (RTVM) a un administrador provisional, un nombre –aún desconocido– que los conservadores asumen que no será ratificado por la Asamblea hasta después del verano. A pesar de ello, gozará de funciones plenas. Y podrá llevar a cabo cambios importantes para el día a día de la compañía a pesar de no contar con el respaldo parlamentario.

La proposición de Ley de los conservadores, aprobada por la vía de urgencia gracias a la abstención de Vox, rebaja de seis a cuatro años el mandato del director general de la radiotelevisión pública e incluye una disposición transitoria para que el cambio sea efectivo en cuanto entre en vigor. Esto, en román paladino, implica que el actual responsable de la radiotelevisión pública queda fuera de inmediato. Ahora, López deberá ser reemplazado por un cargo de nueva creación que llevará las riendas de RTVM hasta que dos tercios de la Cámara de Vallecas –90 diputados– se pongan de acuerdo para elegir al nuevo director general. La potestad para nombrar al administrador provisional corresponde al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, circulan algunos nombres en las quinielas. Sin embargo, no hay nada oficial. La designación podría producirse en el Consejo de Gobierno ordinario del próximo miércoles o en uno extraordinario convocado antes.

La reforma establece que, tras su nombramiento, el elegido para el puesto deberá ser sometido a ratificación en la Asamblea de Madrid. En primera vuelta, necesitará el apoyo de dos tercios del Parlamento. Si no lo logra, bastará con una mayoría absoluta, lo que obliga a los conservadores a buscar el apoyo explícito de otras fuerzas políticas. El problema es que el parón estival está a la vuelta de la esquina. En el Grupo Parlamentario Popular asumen que esto "se verá en septiembre". "No da tiempo ya", dicen desde la formación. A finales de junio, la Mesa de la Asamblea decidió habilitar de forma extraordinaria las dos primeras semanas de julio, por lo que el último Pleno antes que se paralice la actividad parlamentaria está fijado para el próximo jueves. Sin embargo, ya no hay margen para incluir la votación en esa sesión. En el orden del día de la Junta de Portavoces, que decide sobre los temas que van a Pleno, solo pueden meterse aquellos asuntos que hubieran tenido entrada en la Asamblea antes de las 12.00 horas del jueves precedente. A esa hora de este jueves, ni siquiera se había aprobado la reforma.

Capacidad para crear una nueva cúpula

La falta de ratificación parlamentaria, no obstante, no impide al nuevo administrador provisional tomar posesión del cargo. De hecho, el nuevo texto establece que su mandato comenzará "al día siguiente" de su nombramiento por parte del Gobierno. La reforma tampoco impone límites a su trabajo hasta que reciba el visto bueno de la Cámara regional. Desde que ponga un pie en el ente público, podrá ejercer "con las mismas funciones y competencias" que el director general. Es decir, que tendrá todo el verano por delante antes de decidirse sobre su ratificación para llevar a cabo, si así lo considera, cambios de calado en Telemadrid. Por ejemplo, construyendo una nueva cúpula con personas afines. Al fin y al cabo, entre las funciones del director general se encuentran la designación y destitución "con criterios de profesionalidad" del personal directivo –director de Informativos, director de Onda Madrid o director de Área Digital, entre otros–.

Además, y esto es algo que ha pasado muy desapercibido con la reforma, podrá hacerlo sin tener que pasar posteriormente el filtro del Consejo de Administración, que ahora mismo controlan los consejeros elegidos por los colectivos profesionales –5 de 9 miembros–. La norma de 2015 que estaba en vigor establecía entre las funciones de este órgano "nombrar al personal directivo designado por el director general y formalizar su cese en el supuesto de destitución por el director general". La proposición de Ley de los conservadores, sin embargo, elimina esta capacidad, por lo que ahora esto será algo que solo corresponda al máximo responsable de la entidad pública –ya sea el director general o el administrador provisional–. 

El hecho de poner en estos puestos a personas cercanas, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la cadena, puede acabar influyendo también en el desarrollo de los programas. Por ejemplo, a la hora de fichar o deshacerse de tertulianos o colaboradores. "Todas las colaboraciones están supervisadas por la dirección de Informativos", apuntan las fuentes pulsadas. También, continúan, pueden impulsarse cambios en los presentadores. "Si pertenecen a la cadena, relevándolos; si están a sueldo de las productoras contratadas para hacer un determinado programa, presionándolas para que cambien", dicen. En relación con estas empresas, habrá que ver si la nueva dirección mantiene la diversidad actual o presiona para regresar al modelo de concentración que había hace un lustro. En 2016, solo dos productoras aglutinaban el 75% del presupuesto ejecutado de producción de contenidos, mientras que un par de años después las dos más potentes pasaron a representar el 35%. 

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El Consejo de Administración como dique de contención

Entre las funciones del nuevo administrador provisional estará también "actuar como órgano de contratación" de Radio Televisión Madrid. Eso sí, "con una limitación o techo de gasto". "Los que supongan un desembolso superior a 600.000 euros tienen que ser ratificados en el Consejo de Administración", apuntan fuentes conocedoras del funcionamiento de la compañía. Buena parte de los proyectos audiovisuales, continúan, suelen implicar desembolsos superiores. Es ahí, apuntan las fuentes pulsadas, donde el órgano, cuya presidenta rechazó por carta la reforma de los conservadores, puede actuar como dique de contención. Al menos, durante los dos próximos años. A comienzos de 2023, el mandato del actual Consejo de Administración habrá concluído. Y los nuevos miembros pasarán a ser elegidos con el procedimiento que trae consigo el nuevo texto, en el que solo los grupos parlamentarios pueden proponer consejeros. Es decir, que el futuro órgano responderá de nuevo a las mayorías parlamentarias.

La presidenta madrileña no estuvo presente en el debate de la reforma. Solo acudió a la votación final. Sin embargo, no ha tenido ningún inconveniente en pronunciarse este viernes sobre el cambio normativo. Desde La Moncloa, y tras reunirse con el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, Díaz Ayuso señaló que el ente público "necesita un revulsivo" y puso el foco sobre el Ejecutivo nacional: "Impuso el nombramiento de Rosa María Mateo por decreto, que después se ha declarado nulo". Durante su encuentro, ambos dirigentes dedicaron unos minutos a esta cuestión. La líder regional dijo que explicó a Sánchez que "los parlamentos están para legislar" y que "las leyes también se modifican", informa Europa Press. El presidente, por su parte, "ha lamentado" que la norma "se haya aprobado" sin ese consenso "que sería deseable y exigible para leyes de este tipo", según señaló también en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.