Admitida a trámite la querella del PSM contra el Gobierno de Madrid por la venta de pisos a fondos buitre

El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de Ignacio González por la venta de cerca de tres mil pisos públicos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a una empresa privada.

Los socialistas madrileños presentaron el pasado 5 de febrero una querella contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, a la que atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran "irrisorio" –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación.

Según el PSM, tal y como constata ahora la resolución judicial “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

La querella, firmada por los diputados socialistas José Quintana y Antonio Fernández Gordillo, acusa al Ejecutivo madrileño de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada al vender estos pisos por 200 millones cuando "en la peor valoración, costarían cerca de 369 millones de euros", ha manifestado el PSM.

El concurso fue adjudicado a la empresa Azora, en la que participa Goldman Sachs, a la sazón la empresa que gestiona la SICAV Bussola 99, en la que el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, su mujer y sus hermanos tienen depositados sus ahorros, y en la que el propio Cavero Martínez fue consejero hasta meses antes de su nombramiento como miembro del Ejecutivo de Ignacio González. 

“El auto de la sala no sólo admite la demanda penal, sino que además reconoce en esa admisión que existen claros indicios de causa penal”, ha destacado el portavoz socialista en materia de vivienda en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo, quien ha recordado que en su querella los socialistas denunciaban la venta de estas casi 3.000 viviendas por un tercio de lo que hoy pretenden cobrar los fondos de inversión a los inquilinos originarios.

El portavoz parlamentario socialista, Tomás Gómez, exhibió en el último debate sobre el estado de la región, celebrado en septiembre, una carta de uno de los afectados alertando de esta problemática y pocos días después adelantó que llevarían el tema a los tribunales por "quebranto patrimonial".

“La venta que ha hecho el IVIMA, en contra de los intereses públicos, malvendiendo el patrimonio público de todos los madrileños, suponía un precio por vivienda de unos 68.000 euros, cuando ahora se pretende cobrar entre 150.000 y 170.000 euros a los inquilinos, a los que en algunos casos ya les ha vencido la opción de compra”, ha señalado Fernández Gordillo.

Y es que, tal y como figuraba en la querella presentada por los socialistas, 10 de las 32 promociones en venta (que representan 634 viviendas), fueron construidas en 2007 “por lo que su opción de compra es ejercitable ya en este 2014, razón por la cual, la Administración podría haberlo vendido a los arrendatarios titulares del derecho de superficie”.

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Los diputados del PSOE subrayaron en la argumentación legal que dicha venta carecía totalmente de sentido “si no es más que para favorecer a cualquier precio a una empresa privada o conseguir liquidez inmediata para la Administración".

“Nos parece que todo este proceso es absolutamente especulativo, contrario a la naturaleza que tenía el IVIMA cuando se fundó en 1984, que era proveer de vivienda a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad”, ha afirmado Gordillo, para quien la actuación del Gobierno de Ignacio González, “absolutamente opaca” y “poco transparente”.

Además, ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo madrileño actúa incluso “contra el criterio y el mandato que la propia Constitución otorga a los poderes públicos, a los que dice que no sólo tienen que facilitar vivienda a los sectores más desfavorecidos, sino que además tienen que sentar las condiciones para evitar la especulación, justo lo contrario de lo que han hecho con esta venta masiva de viviendas a Goldman Sachs”.