Andalucía aprueba una regularización masiva de viviendas

Mario Jean Baptist Blancke tiene una de las trayectorias políticas más singulares que cabe imaginar. En 1990, vino a España de vacaciones desde Bélgica. A Torrox, concretamente. Aunque era enfermero de formación, trabajaba como técnico en Siemens. El hombre, una vez metido en sus vacaciones malagueñas, decidió cambiar de vida. Y se quedó en España con su familia. Abrió un negocio de importación y venta de bombones belgas en Rincón de la Victoria y más tarde se compró una parcela en Alcaucín. Hoy, a sus 59 años, es alcalde de Alcaucín por Ciudadanos, gracias a un pacto con el PSOE.

Aunque Alcaucín tiene, según el INE, 2.375 habitantes, este municipio de la comarca de la Axarquía malagueña sufre un problema urbanístico propio de una ciudad: nada menos que un millar de viviendas irregulares, según el alcalde Blancke. Más de la mitad de sus propietarios son británicos. El resto, ciudadanos de otras nacionalidades, como el propio alcalde, y españoles. Ello explica que Alcaucín sea un municipio donde se ha hecho fuerte la asociación SOHA (Save Our Homes Axarquía), que pelea por la regularización de estas viviendas. Por eso Blancke forma parte de la misma desde 2008.

Blancke aún tardó unos años en entender que su causa podía ser abordada más eficazmente desde dentro de la política. Así que, tras pasar por Los Verdes, entró en Ciudadanos, una decisión –afirma– sin carga ideológica. Puro pragmatismo, asegura. "Lo vi como un partido nuevo, muy centrado en la gestión", explica. En 2015 fue elegido alcalde con la regularización de viviendas como bandera política. Hoy, regidor de Alcaucín y portavoz de SOHA, Blancke es seguramente uno de los representantes públicos más satisfechos de Andalucía. Porque su causa va a recibir un espaldarazo decisivo.

Victoria de los propietarios

Blancke viajará este miércoles a Sevilla para asistir a la aprobación por parte del Parlamento de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que supone una victoria para sus postulados. El voto a favor de PSOE y Ciudadanos, que suman mayoría y tienen un pacto de gobernabilidad, está garantizado. También ha anunciado su voto favorable el PP, aunque cree que la regularización debería alcanzar las 300.000 viviendas irregulares de la comunidad autónoma, y no entre 20.000 y 25.000, que son los datos que la Junta. Aunque ni IU ni Podemos han adelantado el sentido de su voto, es poco probable que se opongan. En cualquier caso, la aprobación se da por hecha. "Será emocionante. Hay años de lucha detrás. Quiero estar allí para verlo", afirma Blancke.

También irán representantes de asociaciones como Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que defiende intereses similares a los de SOHA, pero en el Valle del Almanzora de Almería. Las viviendas en esta situación también abundan en las provincias de Cádiz y Córdoba. No obstante, Málaga es considerada la provincia más afectada y, particularmente, la comarca de la Axarquía. Sus propietarios serán la cara sonriente de la jornada.

Uso residencial en suelo no urbanizable

La modificación de la LOUA supone en la práctica el indulto de decenas de miles de viviendas irregulares en toda Andalucía. En realidad, son tantas que la oposición a la medida ha llegado más desde el ámbito ecologista que desde el político. Es incómodo oponerse a una medida tan demandada por miles de residentes y por alcaldes de todos los colores políticos, que además invocan el derecho a la luz y el agua como banderín de enganche. El cambio normativo facilita la regularización de las edificaciones aisladas de uso residencial que se encuentran en suelo no urbanizable. Ahora estas viviendas se podrán adscribir a una figura jurídica, llamada "asimilado al de fuera de ordenación (AFO)", lo que en la práctica da tranquilidad a sus propietarios.

De esto se benefician las viviendas aisladas cuya ilegalidad urbanística haya prescrito, tengan al menos seis años de antigüedad, no estén en zonas inundables o protegidas ni afectadas por expedientes administrativos. Según la Consejería de Medio Ambiente, entre 20.000 y 25.000. Según el PSOE, principal impulsor de esta modificación legal, 30.000. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y el PSOE han insistido en que no se trata de una "amnistía". Es más, subrayan que no hay "legalización", sino "regularización". La administración se limitaría a reconocer una realidad, a "tolerarla", en palabras de Fiscal, no a aprobarla. Y con ello se saca a estas viviendas de un "limbo legal", opina la Junta.

Servicios básicos

Entre otras medidas, la modificación posibilita que los ayuntamientos autoricen provisionalmente el acceso reglado y con garantías a servicios públicos de luz y agua. Muy importante, a juicio de Blancke, es que los municipios tengan la oportunidad de revisar licencias que fueron concedidas por la concejalía de Urbanismo de turno y después fueron anuladas por resoluciones administrativas desfavorables. "Esto puede ahorrar a las arcas públicas unas indemnizaciones para las que no tienen dinero", explica Blancke. El presidente de SOHA, el británico Phillip Smalley, emitió el pasado 1 de julio un comunicado de satisfacción por el grado de aceptación de las enmiendas de su asociación.

La modificación legal tiene mucho más de zanahoria que de palo, aunque establezca medidas para que los desmadres urbanísticos no vuelvan a ocurrir y obligue a medidas correctoras a los propietarios. La ley da dos años a los ayuntamientos para identificar las viviendas en esta situación. Si en ese plazo no lo hacen, tomará el mando para encargarse la propia Consejería. El texto también recoge medidas para garantizar el acceso del ciudadano a información urbanística. Se pretende que en el futuro los propietarios no puedan decir "es que yo no lo sabía". En medio de este debate, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz acaba de alertar en su memoria anual de un aumento de la construcción de casas en suelos no urbanizables en la provincia.

Los ecologistas ven "una amnistía"

Las asociaciones pro-indulto no disimulan su satisfacción. Y los ecologistas han puesto el grito en el cielo. Ecologistas en Acción, la asociación que lidera la oposición a lo que consideran una "amnistía" en toda regla, se opone a la reforma desde la propia terminología que se emplea para describirla. Rechaza que se hable de "afectados" y de "compradores de buena fe" porque la mayoría de las viviendas construidas en suelo no urbanizable no se destinan a vivir en ellas sino "a la especulación y la mercantilización aprovechando todas las ventajas de no seguir la normativa", según Juan Clavero, secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-Andalucía.

En la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento, en diciembre, Clavero hizo una enmienda a la totalidad del argumentario pro-indulto. Por ejemplo, rechazó que los propietarios sean inocentes compradores estafados por aviesos constructores y ayuntamientos corruptos. "La legislación civil y penal actual ya contempla el delito de estafa, por lo que los supuestos estafados tienen todo el derecho a exigir un resarcimiento al daño material y moral causado", dijo. Es decir, según Ecologistas para resarcir a un supuesto estafado que compró "de buena fe" una casa sin los papeles no hace falta cambiar una ley, sino aplicar el Código Penal. Ecologistas en Acción cree que el cambio normativo traslada un mensaje de "impunidad". Denuncia además que el Gobierno andaluz o no tiene o no se atreve a ofrecer detallado el dato de viviendas irregulares, por lo que desconfía de las cifras que maneja la Junta, a la que culpa de la actual situación por haberla permitido, sobre todo durante el boom inmobiliario.

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Así lo explicó Clavero, de Ecologistas en Acción: "Se pretende aprobar una modificación legal sin saber a cuantos propietarios de viviendas ilegales afecta, sin evaluar el cumplimiento y consecuencias del decreto, y con el argumento falaz de la existencia de terceros de buena fe, cuando ni se saben cuántos son, ni se menciona tal casuística en el proyecto de ley, por lo que se opta por una aplicación generalizada beneficiando a todos los infractores y delincuentes urbanísticos. Sin conocer la causa de este descomunal incumplimiento de las normas urbanísticas, se corre el peligro de que la situación se repita". Ecologistas en Acción, que cifra en 300.000 el número de viviendas irregulares en Andalucía –aunque no todas, ni mucho menos, se beneficiarían de esta modificación legal–, propone medidas como la eliminación del plazo de prescripción de edificaciones en suelo no urbanizable, la retirada de competencias de disciplina urbanística a ayuntamientos incompetentes y la elaboración de un censo real de las viviendas y parcelaciones ilegales existentes en suelo no urbanizable en Andalucía.

"Yo entiendo y respeto lo que dicen los ecologistas. De acuerdo, no hay ningún problema, que derriben la casa. Eso sí, nos tendrían que indemnizar", dice Blancke, alcalde de Alcaucín, que insiste en que "muchos" –es imposible saber cuántos– de los que compraron casas construidas irregularmente "creían que toda la documentación que tenían valía, y llevaban todos los papeles que los ayuntamientos pedían". "Yo mismo", explica, "me compré una parcela en Alcaucín e hice todo lo que había que hacer. Pago IBI desde el principio. No podíamos sospechar que era irregular", asegura.

Blancke sonríe cuando evalúa la "suerte" que ha tenido al formar parte de Ciudadanos, que obtuvo nueve diputados en las autonómicas y tiene un papel clave en la política andaluza, ya que suma mayoría con el PSOE. Ambos impulsan esta modificación. "Las cartas no nos podían haber salido mejores", resume el alcalde, que afirma que la "actitud favorable" de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha supuesto un "cambio a mejor", pero que al mismo tiempo opina que el PSOE es el "responsable de todos los desmadres" urbanísticos de los que considera que los "afectados" han sido víctimas.