Desahucios

Asturias rechaza imitar a Andalucía en su decreto contra los desahucios

"Nos remitimos a lo que dijo la titular de Bienestar Social y Vivienda el sábado". Poco más querían añadir ayer lunes en el Gobierno de Asturias, que mantiene en minoría el PSOE y que preside Javier Fernández. La posición del Ejecutivo regional acerca del decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía es la que fijó la consejera, Esther Díaz. En suma, que el Principado confía más en la negociación con las entidades financieras que en la expropiación forzosa del uso de la vivienda a los bancos por tres años en aquellos casos en los que las familias desalojadas padezcan exclusión social. Sin embargo, IU, que apoya desde fuera a Fernández, exige que se copie a la Junta

El pasado 13 de abril, Díaz explicó que las situaciones de Andalucía y Asturias son "diferentes" y que cada comunidad autónoma es "libre" de elegir "la herramienta para llegar al mismo objetivo: facilitar un techo a las personas". 

¿Y por qué vía aboga el Principado? La consejera anunció el sábado que el Ejecutivo firmará un convenio con las entidades financieras para facilitar el acceso a la vivienda de las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. El Gobierno, informó, está manteniendo contactos con los bancos radicados en el Principado –no citó cuáles– para que fuera posible, por ejemplo, ocupar las viviendas vacías y en su poder a cambio de un alquiler social y fomentar acuerdos que permitan a las familias no tener que dejar sus casas. 

Díaz también se refirió en su rueda de prensa a una nueva iniciativa que ya está preparada: se ha reservado una bolsa de 50 viviendas vacantes para los casos más urgentes. Esas 50 casas proceden de los aproximadamente 500 pisos que Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) se encarga de reparar una vez que sus inquilinos se han marchado. El número de viviendas apartadas podría aumentar "si fuera necesario", dice la Consejería, porque dispone de "viviendas vacías suficientes". Para que la medida sea efectiva, el Gobierno debe modificar el decreto 30/2003, que regula la adjudicación de viviendas en la región. Ese texto actualmente "tiene muchas limitaciones para que las personas que se encuentran en proceso de desahucio puedan acceder" a un piso, ya que la concesión directa "es muy rígida". El nuevo decreto, no obstante, no está listo todavía. 

345 viviendas adjudicadas en 2012

Los afectados por desalojo deberán acudir a la oficina de información y asesoramiento sobre lanzamientos hipotecarios –que el Gobierno asturiano puso en marcha en noviembre de 2012–  para exponer su caso. Los técnicos lo valorarán y decidirán si le dan una casa de las 50 apartadas. Según el informe del Colegio de Registradores de España, hecho público el pasado 11 de abril, el número de viviendas subastadas y adjudicadas –en su mayoría a la banca– en 2012 ascendió a 38.976. Asturias fue de las comunidades menos afectadas: 345

Con la fórmula elegida por el Principado, "se podrá dar una respuesta más rápida a las personas y familias afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria", subrayó la consejera.

"No queremos entrar en polémicas ni con Andalucía, ni con Ferraz, ni con IU, ni con nadie. Cada comunidad elige su vía", decían ayer por la tarde fuentes próximas al presidente. "Cada autonomía tiene su realidad y aquí hemos optado por esta", apuntalaban desde la Consejería de Bienestar Social. 

¿Por qué polémica? La dirección federal del PSOE acogió con entusiasmo el decreto de la Junta de Andalucía, donde cogobiernan con IU. Es más, el viernes pasado el Grupo Socialista presentó sus enmiendas al proyecto de Ley Antidesahucios que tramita el Congreso, y en ellas calcó las medidas andaluzas. O sea, que enarbola la bandera de la "expropiación forzosa" a las entidades financieras. 

UPyD también está en contra del decreto de la Junta

Elena Valenciano, número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba, fue preguntada en rueda de prensa ayer si apremiarían a Fernández a seguir los pasos de José Antonio Griñán. Dejó claro que no: "Las comunidades toman sus propias decisiones. Hemos reproducido en nuestras enmiendas en el Congreso el decreto de la Junta. No todas las CCAA son iguales ni tienen las mismas recetas. El Gobierno socialista asturiano está luchando contra los desahucios desde el día uno. Lo respetamos". 

Poco antes que de que hablara Valenciano, Cayo Lara anunció que encomendaba a sus federaciones a que, a través de mociones, empujasen a los Gobiernos autonómicos a imitar a la Junta. IU Asturias, de hecho, presentó su texto ya y dijo que no veía "incompatible" buscar acuerdos con la banca y a la vez contemplar la expropiación forzosa. 

"Ya veremos qué hacemos cuando veamos el texto, pero de momento nuestra posición es la expresada el sábado", se limitaban a decir en Presidencia y en la Consejería. En público, el portavoz del PSOE en la Junta General del Principado –el Parlamento autonómico–, Fernando Lastra, insistió en que Asturias no necesita seguir los pasos de la Junta: "En Andalucía hay un parque de viviendas públicas que están agotadas y lógicamente tienen que recurrir a la expropiación para dotar de viviendas a la gente, pero en Asturias el parque público no está agotado. Son situaciones distintas". El portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, se pronunció en el mismo sentido: su partido, aseguró, no defiende las expropiaciones a los bancos porque en la región existe un stock de pisos públicos "a disposición de los ciudadanos". 

"Ellos verán. Aquí en Asturias el PSOE es de una pasta especial. Les apoyaremos en políticas progresistas, pero si se empeñan en aplicar otras políticas, no les respaldaremos", sentenciaba anoche Manuel González Orviz, coordinador general de IU en el Principado. 

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