Yolanda Díaz

Aumento del SMI, un nuevo estatuto de trabajo y más democracia en las empresas: los retos de Díaz en otoño

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a su llegada al curso 'La guerra que lo cambió todo: soberanía energética, geopolítica y nuevos derechos' durante la 35 Edición de los Cursos de Verano Complutense (UCM) en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina de San Lorenzo de El Escorial

La protección del empleo y los derechos laborales son una de las bases del proyecto de Yolanda Díaz y, con toda probabilidad, servirán como carta de presentación a la hora de lanzar Sumar, la plataforma que ya ha echado a andar con la vista puesta en las elecciones generales de 2023. Durante su etapa en el ministerio de Trabajo, Díaz ha dado luz verde a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o la ley rider, entre otras cuestiones. Y este otoño pretende ir a por más.

Díaz ya ha manifestado su intención de acordar un nuevo aumento del SMI, aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, abordar cambios en las indemnizaciones por despido y reducir la jornada laboral. Pero su “gran asignatura pendiente”, tal y como ella lo ha definido, es llevar la “democracia a las empresas”. Ese fue el mensaje que lanzó durante la presentación de Sumar, el pasado mes de julio. “Ha llegado la hora de dar un paso adelante para un nuevo contrato democrático y social", aseguró. 

“Hay quien podría pensar que ya hemos hecho bastante, pero no es así. Tenemos un proyecto muy ambicioso que va más allá de esa legislatura y la próxima”, sintetizan a infoLibre fuentes del equipo de la vicepresidenta. “Ha habido una importante mutación del rol de los trabajadores en los últimos años, ya no son esos obreros en las fábricas, ahora hay una diversidad de situaciones sobre las que tenemos que legislar”, resumen.

Una nueva subida del SMI

El próximo dos de septiembre, solo un día después de que Díaz acuda a O Courel (Lugo) a “recoger aportaciones” de la España rural y retomar su proyecto, la titular de Trabajo abordará el próximo reto de su cartera ministerial y se reunirá en Madrid la comisión de expertos delegada para estudiar una nueva subida del SMI, la cuarta del Ejecutivo de coalición. Está por ver si se repiten los mismos enfrentamientos que Díaz y la titular de Economía, Nadia Calviño, protagonizaron durante la última negociación.

Durante estos últimos años el Gobierno ha ido acordando subidas progresivas (la primera con el visto bueno de patronal y sindicatos) hasta alcanzar los actuales 1.000 euros brutos en 14 pagas. La idea con la que se trabaja ahora es llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura y que el SMI se sitúe entre los 1.011 y 1.049 euros en 2023. Díaz aseguró en una entrevista reciente en Faro de Vigo que ante un escenario de “inflación absolutamente desbocada” es “más necesario que nunca” subir el salario mínimo.

Un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

Díaz también trabaja con un comité de expertos para redactar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La ley laboral fundamental española se aprobó en 1980 y desde entonces ha tenido unas cuantas enmiendas, pero en el ministerio de Trabajo creen que necesita una actualización para hacer frente a los múltiples cambios que se han producido en el mundo del trabajo en las últimas décadas con las nuevas tecnologías y la globalización. Díaz lo ha rebautizado como el Estatuto del Trabajo”, porque cada vez hay más autónomos y menos asalariados, aunque solo ha dado unas pocas pistas de qué habría que cambiar en la ley laboral básica: permitir la entrada de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y reducir la jornada laboral.

La puesta al día del Estatuto de los Trabajadores es una tarea pendiente desde marzo de 2019, pero las elecciones anticipadas frustraron la iniciativa, que no obstante reapareció en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Lo que entonces se presentó como una tarea que debía iniciarse “de manera inmediata”, se ha retrasado, sin embargo, tres años. Han pasado una pandemia, una reforma laboral y hasta una guerra antes de que siquiera se hayan sentado los expertos a debatir. Tal y como plantean desde el ministerio, esta reforma también podría aprovecharse para encarecer el despido.

Los derechos laborales siempre han estado presentes en la trayectoria de la actual ministra de Trabajo, que insiste una y otra vez en la importancia de “las cosas del comer”. Hija y sobrina de sindicalistas (su padre, Suso Díaz, fue secretario general de Comisiones Obreras en Galicia), mamó del obrerismo en Ferrol, uno de los enclaves más industriales del noroeste, donde abrió su despacho laboralista en 1998 y, adelante, dio el salto a la política activa.

Más democracia en las empresas

Díaz apuesta por una “profundización democrática del país”. Eso, según su equipo, significa “entrar en instituciones que son muy elitistas” como es el ámbito de la empresa o de la justicia. En el caso de las empresas, Sumar retoma una idea que la vicepresidenta segunda calificó como la “gran asignatura pendiente” de España: la democratización del trabajo. Para Díaz, eso significa que “los trabajadores formen parte de los procesos de toma de decisión sobre qué se produce, cómo se produce y quién lo produce”.

Díaz rechaza que la empresa sea al mismo tiempo “gobierno y oposición”: “No hay nada más antidemocrático que eso, de modo que tenemos que plantear otras formas de cogestión”. Esta participación podría darse con fondos de inversión de los asalariados o a través de la codecisión empresarial. En este último sistema, muy asentado en Alemania, los representantes tienen derecho de voto e inciden en las decisiones económicas y estratégicas de la empresa.

Otros proyectos: el Estatuto del becario y la Ley de Usos y Tiempo en el Trabajo

Díaz confiaba en aprobar el Estatuto del Becario antes del parón de agosto. Sin embargo, los detalles todavía no se han cerrado con el diálogo social (los empresarios son reticentes al acuerdo) y deberán abordarse a la vuelta, en septiembre. Se trata de una medida de refuerzo de derechos para los estudiantes en prácticas y que quiere acabar con la figura de los “falsos becarios”. Esto incluye la obligatoriedad de que las prácticas laborales sean remuneradas y que el número de becarios dependa del tamaño de la empresa que los contrata.

El ministerio de Trabajo trabaja también desde el inicio de la legislatura una Ley de usos del Tiempo en el Trabajo, cuyo objetivo es mejorar la conciliación de la vida personal y laboral. Díaz ha planteado esta norma como un sustitutivo de la jornada laboral de cuatro días, que reivindican formaciones como Más País. La vicepresidenta segunda no ha dado muchos detalles sobre esta futura ley, más allá de asegurar que quiere que sea "ambiciosa" para dar flexibilidad de horarios, tanto a trabajadores como a empresarios, al tiempo que garantice el "derecho a la desconexión".

Más allá del trabajo: los frentes de Díaz con Sumar

Díaz es consciente de que el puesto que ocupa en el Gobierno (unido a las simpatías que genera, según reflejan las encuestas) es su gran escaparate ante la ciudadanía. Sin embargo, no quiere alejarse de su lado más ligado a la calle y a los movimientos sociales. Si el proceso de escucha termina articulándose como plataforma electoral en 2023 con Díaz a la cabeza, los frentes a los que se enfrentarían son muchos y de diversa índole, empezando por su relación con Unidas Podemos (que ha situado a Sumar como su "aliada electoral"), y las alianzas con otros actores como Más País y Compromís. La heterogeneidad del espacio político que aspira a liderar la vicepresidenta segunda no hace fácil la conformación de un proyecto que pretende tener poco que ver con las maquinarias y las siglas de las distintas formaciones que componen ese espacio.

Con todo, desde el equipo de la vicepresidenta insisten en la principal tarea que tienen por delante es movilizar a los votantes progresistas. La idea, tal y como ha explicado la propia Díaz, es escapar de ese lugar –"pequeño" y "marginal"— que a su juicio ocupa, a día de hoy, Unidas Podemos. La gallega quiere volver a los orígenes de transversalidad de Unidas Podemos de 2016 que llegó a liderar las encuestas ese mismo año y cosechó. A tenor de los datos disponibles, Díaz representa para los electores un liderazgo más transversal, ocupando un lugar más dilatado en el seno de la izquierda y con un 12% de la ciudadanía que la coloca en la posición central del tablero. Es decir, según la percepción del propio electorado, Díaz se parece más al votante medio que su predecesor, Pablo Iglesias.

Las banderas del proyecto de Díaz: derechos laborales, trabajo, fiscalidad, feminismo y ecologismo

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