La avalancha de citas judiciales augura un mes negro al PP en plena incertidumbre política

La decisión del juez José Castro de iniciar los trámites para juzgar otras cinco piezas del caso Palma Arena con el expresidente balear Jaume Matas como denominador común, la querella interpuesta contra el ministro del Interior por Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, por sus conversaciones con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña para utilizar investigaciones policiales contra adversarios políticos, y la declaración este viernes de José Faya, denunciante del caso Arístegui, marcan el inicio de un mes que se presenta negro para el PP por la avalancha de citas judiciales derivadas de casos corrupción.

Si cuando hoy comparezca en la Audiencia Nacional, José Faya le explica al juez por qué la Policía encontró durante el registro a su casa una carta dirigida al jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, en la que, como desveló infoLibre, le alertaba sobre los negocios privados del entonces embajador en la India, Gustavo de Arístegui, y del también entonces diputado al Congreso Pedro Gómez de la Serna, en esa tesitura el caso puede experimentar un salto cualitativo de consecuencias todavía imprevisibles.

Porque esa carta, que sería copia de una entregada en Moncloa, está fechada en septiembre de 2015, dos meses antes de que el propio Faya acudiera a la Fiscalía Anticorrupción. En ese texto, Faya aportaba detalles sobre cómo los dos cargos públicos del PP se estaban lucrando con -supuestas- turbias maniobras gracias a empresas que buscaban instalarse en países extranjeros. Sin embargo, la misiva a Moragas no desencadenó ninguna investigación oficial.

Fue la denuncia presentada luego por Faya en Anticorrupción la que activó la causa en la que Arístegui y De la Serna permanecen imputados como presuntos autores de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y un delito en las transacciones internacionales. Faya, que trabajaba para ellos como agente a comisión en España, ha elegido para su defensa al abogado Ángel Galindo, quien en el caso Gürtel representa justamente también al hombre cuya denuncia llevó a los tribunales a Francisco Correa y su red.

Recusaciones en 'Gürtel'

Solo la primera quincena del mes aparece jalonada por otros tres hitos de gran relevancia: el día 8 debe declarar ante el juez el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en relación al caso por el que se le atribuyen varios graves delitos de corrupción, entre ellos fraude fiscal y blanqueo pero también administración desleal en relación a Bankia.

Y al día siguiente, 9 de septiembre, finaliza el plazo para recusar en el caso abierto por la visita del papa a Valencia, de la que se benefició la trama Gürtel, a los dos jueces que ya han sido apartados de las dos primeras ramas de Gürtel por su relación con el PP: Enrique López y Concepción Espejel.

Anticorrupción se opone a que cualquiera de ellos intervenga en alguna de las piezas separadas de Gürtel. Pero tanto López como Espejel, en su día catapultados respectivamente al Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por iniciativa directa del PP, se niegan a apartarse de forma voluntaria.

Y eso está obligando a las acusaciones a recusarles pieza por pieza, lo que en la práctica demora los plazos para enjuiciar cada una de ellas. El día 23, la Sala de lo Penal de la Audiencia debe resolver si valida la recusación de López y Espejel en las piezas del caso relativas a los contratos otorgados a la trama por AENA y a los que le concedió el Ayuntamiento de Jerez.

Martes 13 en la 'Operación Púnica'

El vía crucis judicial que espera al PP a partir de septiembre

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Pero si las recusaciones a López y Espejel traerán de nuevo a primer plano el caso Gürtel, la OperaciónPúnica se colocará de nuevo en el centro del escenario el martes 13. Ese es el tercer gran hito de la quincena.

Asociado en el imaginario popular a la mala suerte y que este año llega en plena incertidumbre por la fallida investidura presidencial, este martes 13 dos nuevas declaraciones amenazan con aumentar la presión sobre el PP en la Operación Púnica: la del exdiputado autonómico madrileño y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz, que desfilará ante el juez como imputado bajo sospecha de haber cobrado 700.000 euros de soborno junto con otros dos imputados; y la de un testigo desconocido hasta ahora y que, según vozpopuli, ya ha enviado una carta al magistrado Eloy Velasco con nuevos datos sobre la etapa en que el actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dirigía la Consejería de Educación.

El cruce del ecuador del mes de septiembre también será agitado. Porque el día 23 arranca el juicio por el expolio de las tarjetas black en Caja Madrid y Bankia bajo los mandatos de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Aunque según fuentes jurídicas el inicio de la vista oral podría retrasarse hasta el 26 de septiembre.