Impuesto a los ricos y ayudas por renta: UP busca renegociar el escudo social con un PSOE reticente

Han pasado más de 100 días desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Una guerra cuyas consecuencias repercuten directamente en la población europea tras el aumento del precio de los carburantes y de los alimentos. España no es ninguna excepción. En el mes de mayo el IPC se elevó hasta el 8,7%, cuatro décimas más que en abril. El dato no llegó a la gravedad del mes de marzo, cuando se rozó el 10%, pero rompió la tendencia de bajada iniciada en abril y, sobre todo, mostró que el problema se encuentra lejos de estar bajo control. 

En el Gobierno central son conscientes de que esta guerra va para largo. Saben que, de todos los problemas políticos que acechan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, una inflación descontrolada es seguramente la mayor amenaza.Y de ahí sale el compromiso de Sánchez de ampliar las medidas del escudo social otros tres meses, hasta finales del verano. Inicialmente las medidas del plan de respuesta a la guerra de Ucrania finalizaban el 30 de junio. 

Entre estas medidas aprobadas el pasado mes de marzo en el Consejo de Ministros, y ratificadas in extremis en el Congreso en abril —gracias a los votos de EH Bildu—, se incluye la subvención al precio del combustible, el tope a las subidas del alquiler y la protección del empleo. Desde el Ejecutivo reconocen que se están estudiando "pormenorizadamente" la implantación de todas ellas para "evaluar su eficacia" en el complejo objetivo de "doblegar la curva de precios". No se descarta que en las próximas semanas pueda concretarse algún anuncio con nuevas medidas, aunque la idea principal es, principalmente, mantener lo que ya se aplica.

En la Moncloa esperan a que la Comisión Europea dé por fin el visto bueno oficial a la propuesta conjunta de España y Portugal para limitar el precio del gas en la generación de electricidad. Un logro político muy celebrado en el Ejecutivo pero cuya implantación se está demorando en base a lo anunciado por el propio Gobierno. En el primer intercambio que Sánchez ha mantenido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado, el socialista ha enumerado los hitos del escudo social y ha manifestado que "dentro de muy poco" se fijará este tope al precio de la electricidad.

Desde Unidas Podemos reclaman abiertamente la prórroga de todas las medidas hasta final de año, que también incluyen ayudas directas a transportistas o agricultores y el incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital. Pero piden más. Creen los morados que la situación es lo suficientemente delicada como para que el Gobierno vaya un paso más allá en la aplicación de políticas que protejan a la ciudadanía de los efectos económicos de la guerra, especialmente de los sectores más vulnerables.

Una de ellas es la creación de un fondo extraordinario de 560 millones de euros que permita a las comunidades autónomas y a los municipios subvencionar el transporte público a través de una tarifa plana de 10 euros mensuales para todos los usuarios. Esta medida ya se ha puesto en marcha en Alemania, donde los billetes integrados de transporte costarán nueve euros durante los meses de verano. Además, va en la línea de las recomendaciones de ahorro de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Comisión Europa para reducir la dependencia energética de Rusia.

Los morados también abogan por el aumento de las pensiones no contributivas con carácter inmediato y por la ampliación del bono social para que llegue a dos millones de familias. Fuentes del espacio confederal trasladan a infoLibre que los equipos "están hablando" y lamentan que el ala socialista abogue por prorrogar las medidas otros tres meses en lugar de comprometerse a aguantarlas hasta diciembre.

Vincular las subvenciones a la renta

En este contexto, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cuestionado la progresividad de las medidas actuales: "No es correcto subvencionar sin sesgo de renta", señaló el lunes en referencia a la bonificación de 20 céntimos para el combustible. Para ilustrarlo la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo se utilizó a sí misma de ejemplo para argumentar que ella recibe el descuento por ir a trabajar en coche, mientras que los usuarios del transporte público permanecen excluidos de la bonificación: "No tiene sentido", manifestó.

Díaz aboga por tener en cuenta nuevos factores, como la renta, para poder acceder a la rebaja, que hasta la fecha se ha distribuido de forma lineal entre todos los consumidores que acuden a las estaciones de servicio. A juicio de la gallega, las medidas deben llegar a "los colectivos que más lo necesitan": "Creemos que hay que dar un pasito más y como están haciendo otros países, tenemos que atajar la inflación", manifestó.

Se trata de una iniciativa que planteó unos días antes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que no cuenta con el visto bueno de Hacienda, el departamento dirigido por María Jesús Montero. La dirigente socialista alegó que las clases medias, "que proporcionalmente pagan más impuestos", también merecen beneficiarse de la reducción de impuestos a la luz o la bonificación al combustible.

Con todo, en el Gobierno no ignoran que la subvención al precio de la gasolina no está dando el resultado esperado. Se calcula que, de los 20 céntimos de bonificación por litro, la gasolina se ha "comido" ya 17, con un precio que roza o incluso supera los dos euros. Organismos como el Banco de España y el Consejo Económico y Social (CES) consideran esta bonificación "ineficaz" y "regresiva" porque los precios ya se comen el 75% de la ayuda.

El PSOE rechaza subir impuestos a eléctricas y grandes fortunas

La vicepresidenta segunda también abogó por incluir en este nuevo decreto un "impuesto extraordinario a las eléctricas", una reclamación que los morados incluyeron en la anterior negociación y que entonces fue descartada por el PSOE. A juicio de la dirigente de Unidas Podemos, las compañías suministradoras deberían hacerse "corresponsables" de la actual situación de inflación que está comportando unos precios que considera "imposibles para la ciudadanía".

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Los morados no tienen muchas esperanzas en que su socio de gobierno le dé el visto bueno a la propuesta. Actualmente el Ministerio de Hacienda rechaza tocar la fiscalidad y guarda bajo llave las conclusiones del comité de expertos que montó ex profeso y que sirvió para aplazar la subida fiscal a determinadas rentas y sectores. En primer lugar por la pandemia y ahora por la guerra.

Este martes el grupo parlamentario de Unidas Podemos, a través de su secretario general Txema Guijarro, también ha defendido desde la tribuna del Congreso una nueva figura fiscal para que las fortunas superiores a los 10 millones de euros tributen más. Se trata de una iniciativa registrada en abril y que Podemos defendió como parte del pacto de rentas que propuso Sánchez para afrontar la crisis desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania. El PSOE ha rechazado la toma en consideración de la ley, al igual que PP, Vox, Cs, PNV y PDECat, lo que ha impido que el texto sea debatido. Los morados sí han obtenido el apoyo del resto de formaciones de la izquierda.

Tras la negativa de su socio de Gobierno, en Unidas Podemos recuerdan que el punto 10.2 del pacto firmado entre ambas formaciones en 2019 para constituir el Gobierno de coalición indica que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". En ese sentido su estrategia pasa por negociar algunas medias incluidas en ese pacto como la tributación especial en Sociedades del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.