Un centro público de investigación llama “listillos” a los preferentistas por acudir a los tribunales

Un ente público de investigación académica y adscrito a la Universidad de Castilla-La Mancha, el Centro de Estudios de Consumo (Cesco), ha dedicado los últimos meses a desacreditar a los titulares de participaciones preferentes que reclaman su dinero en los tribunales y a dar munición argumental a las entidades financieras contra las que pleitean. Dirigido por el catedrático de Derecho Civil Ángel Carrasco, el Cesco mantiene en su blog corporativo una especie de declaración de principios en la que tilda de “listillos” a los preferentistas al tiempo que los acusa de buscar que sea el Estado el que pague el precio de haber querido "comprar duros a cuatro pesetas": "Especularon –dice uno de sus textos– a ser más listos que los demás” (sic). Ahora, y tras una queja de la asociación en defensa de los accionistas de Bankia (Ada Bankia), el Defensor del Pueblo acaba de abrir una investigación.

¿Ampara la libertad académica a Ángel Carrasco o ha utilizado el centro que dirige en la Universidad de Castilla-La Mancha para insultar a los preferentistas y debe rectificar por ello? Esa puede ser una pregunta pertinente. Pero, desde luego, el debate suscitado no es solo teórico: porque, además de ostentar su cátedra en la Universidad pública de Castilla-La Mancha, Carrasco trabaja para el bufete Gómez-Acebo y Pombo, uno de los más importantes del país: entre sus clientes se cuenta la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós y, según el diario Expansión, también dos antiguos consejeros de Bankia hoy imputados.

Tanto la asociación que ha pedido auxilio al Defensor –ADA Bankia, que agrupa a titulares de preferentes– como el abogado Fernando Zunzunegui, expresidente del Comité de expertos en servicios financieros de la Comisión Europea (FIN-USE), sostienen que Carrasco también ha elaborado dictámenes para Bankia. Este diario no ha logrado acceder a su contenido aunque Zunzunegui ha colgado en la red la carátula de uno de ellos.

El catedrático Carrasco no atendió ayer ninguna de las llamadas cursadas por infoLibre a su despacho en Gómez-Acebo, a cuyo “consejo académico” pertenece. La primera llamada quedó grabada en el contestador. De la segunda tomó nota su secretaria, quien aseguró que Carrasco se encontraba en una reunión pero que regresaría al bufete.

Redactado en términos poco usuales en la literatura jurídica, el texto de Cesco que terminó por incendiar los ánimos de los preferentistas no lleva firma ni data. Pero continúa alojado en la página de un centro que nació en el año 2000 con vocación de defensa de los consumidores. Aparentemente escrita en octubre de 2013 –es la fecha que figura en la barra de direcciones–, la nota, que puede descargarse en formato pdf, lleva el siguiente título: Cesco responde a sus críticos.

Sin un solo punto y aparte, la andanada contra los preferentistas arranca en la línea sexta: “El Cesco siempre defiende y defenderá los intereses de los consumidores, pero no de los listillos que especularon a ser más listos que los demás, que quisieron comprar duros a cuatro pesetas mientras los demás los comprábamos por cinco, que si hubieran ganado en la especulación no hubieran repartido el premio, pero ahora quieren repartir la pérdida a contribuyentes, depositarios, accionistas de entidades del Frob, empleados de estas entidades en curso de irse a la calle por un ERE, a todos los españoles en general (…)"

El Cesco, añade la filípica a renglón seguido, “no es un ente financiado por el Estado”. En enero de 2012, el Ministerio de Economía concedió a Cesco como centro dependiente de la Universidad pública de Castilla-La Mancha una subvención de 84.700 euros para el “mantenimiento de una estructura de investigación dedicada al derecho de consumo”.

No ese ese el único rastro de la cruzada que el Centro de Estudios de Consumo libra contra los preferentistas con razonamientos casi idénticos a los que Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, desplegó el lunes durante su declaración como imputado: que los responsables de haber perdido su inversión fueron los clientes que compraron preferentes por cuanto estaban en disposición de saber qué producto adquirían.

Esta vez con fecha y firma –15 de octubre de 2013; Karolina Lyczkowska–, Cesco alojó en su blog corporativo una entrada cuyo título es un auténtico presagio de lo que viene a continuación: Otra vez las participaciones preferentes: en la búsqueda de la frontera entre la indefensión y el oportunismo. en la búsqueda de la frontera entre la indefensión y el oportunismo

El artículo vapulea la sentencia de un juez de Mataró que anuló tres órdenes de compra de preferentes emitidas por una pareja de octogenarios. Y lo cuenta así: "Bien es verdad que la actora fue diagnosticada de Alzheimer en 2009, en el mismo año

cuando se contrató por primera vez la inversión en preferentes. No queremos especular sobre el grado de influencia de esta afección de memoria en la decisión de inversión. Con todo, en la sentencia no se dice claramente quién de los dos octogenarios contrataba las preferentes en qué año y, en cualquier caso, teniendo en cuenta la realidad social parece que con independencia de quien finalmente firmara los documentos, la

decisión era conjunta".

El siguiente párrafo va destinado a generar sospechas sobre la anciana con Alzheimer y su pareja: "Es curioso que la demanda de anulación por error no se haya interpuesto hasta el año 2013 cuando ya se hizo patente que debido a la insolvencia de las entidades emisoras el producto no ofrecía los rendimientos de antes, y no en el año 2009, justo

después de su contratación, cuando la misma sentencia admite que por aquel entonces el producto no levantaba sospechas y ofrecía rentabilidad atractiva". 

Un punto y aparte después, la autora centra sus esfuerzos en justificar la venta de esas preferentes por parte de una entidad financiera –la condenada– cuyo nombre omite: "En ningún momento la normativa impide que se comercialice un producto cuando el test de conveniencia haya dado un resultado negativo, siendo suficiente la información de este extremo al cliente (...) Por tanto, aun suponiendo que en 2009 los actores no fueron conscientes del riesgo de la operación, esta falta de percepción correcta de la realidad debería entenderse sanada por las siguientes  inversiones en 2010 y 2012 que se realizaron en productos de idéntico carácter".

Lyczkowsta firma el ensayo como abogada de DLA Piper, el mayor bufete del mundo y al que José María Aznar se incorporó en 2013. Su tesis es exactamente la contraria a la que ya ha llevado a distintos tribunales a dar la razón a los preferentistas. 

La investigación de la queja formulada por los afectados de Bankia ante la oficina de la Defensora del Pueblo ha recaído en Francisco Fernández Marugán, su adjunto primero. El 17 de febrero, Marugán notificó al presidente de la asociación ADA-Bankia, Roberto Serrano, que ese mismo día había solicitado al rector de Castilla-La Mancha "el envío de información". El objetivo, "proceder a un estudio más profundo de la cuestión suscitada". Serrano confía en que el equipo de la Defensora, Soledad Becerril, "llegue hasta el final" en la investigación de un episodio, el de Cesco, que tilda de "escandaloso" .