El CGPJ caducado prepara sus últimos ocho nombramientos antes de que el Parlamento limite sus poderes en funciones

 Los nombramientos discrecionales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen fecha de caducidad. Mientras la reforma legislativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar los poderes del órgano en periodo de interinidad sigue su andadura en el Congreso sin prisa pero sin pausa, los vocales se preparan ya para completar los procedimientos para llevar a su próximo Pleno, previsto para finales de este mes, ocho asignaciones de plazas que previsiblemente serán las últimas que puedan efectuar antes de que entre en vigor la nueva normativa. 

Entre esta semana y la próxima, la Comisión Permanente del CGPJ escuchará a los 22 candidatos que se presentan a dos plazas de Sala Primera (de lo Civil) de Tribunal Supremo que han quedado vacantes por la jubilación de dos magistrados. Sin embargo, estos no son los únicos puestos que prevé asignar el órgano de gobierno de los jueces en su reunión plenaria de este mes. Fuentes del organismo consultadas por infoLibre explican que también se cubrirá presumiblemente una plaza en la Sala Cuarta (de lo Social) del alto tribunal, otras dos en las presidencias de los tribunales superiores de justicia (TSJ) en Canarias y País Vasco, dos en las presidencias de audiencias provinciales y una en la Sala de lo Social del TSJ vasco.

Nombramientos de este tipo, muy criticados desde el Gobierno, sobre todo a partir del verano pasado, han salido adelante en los últimos meses por amplia mayoría de los vocales en funciones. Diecinueve votos a favor –incluido el del presidente Carlos Lesmes– solía ser el apoyo recibido. Sólo dos vocales, los propuestos por PSOE Álvaro Cuesta e IU Concepción Sáez, han manifestado su oposición a estas designaciones, muchas de ellas clave en órganos judiciales como el Supremo o tribunales superiores de justicia. En el último Pleno de enero, una vocal más se unió al frente de los disidentesdisidentes, la también progresista Pilar Sepúlveda. Pero salvo ellos, el resto de vocales entienden que, al no tener limitaciones en la ley que les impida ejercer plenamente sus funciones estando su mandato caducado, están plenamente legitimados a seguir nombrando magistrados.

Los plenos del CGPJ se suelen celebrar el último jueves de cada mes, por lo que lo más previsible es que para la reunión de marzo ya esté aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de modo que los nombramientos discrecionales quedarían en suspenso hasta que se produjese la tan esperada renovación de los veinte vocales, que llevan en funciones desde diciembre de 2018 debido al bloqueo político. Tras dos intentos –uno antes de que terminara el periodo efectivo de cinco años del órgano de gobierno de los jueces y otro el verano pasado–, el PP ha impuesto varias condiciones, entre ellas que Unidas Podemos no intervenga en el proceso y abrir una reforma que lleve a la despolitización del CGPJ.

Fuentes parlamentarias han indicado a infoLibre que si los plazos se cumplen tal y como está previsto gracias a la tramitación por la vía de urgencia, lo lógico sería pensar que en marzo la nueva norma ya estará lista para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas fuentes no han podido concretar la fecha exacta de marzo en la que la reforma verá la luz, si bien el calendario de plenos del CGPJ que se viene manteniendo desde hace años hace pensar que en la reunión del mes que viene –que sería el 25 de marzo– el órgano de gobierno de los jueces ya tendrá limitadas sus funciones al estar su mandato caducado y, por tanto, ya no podrá llevar a cabo nombramientos discrecionales.

Vocales consultados tienen asumido que en algo más de un mes esta será su nueva realidad, a no ser que llegue el desbloqueo y el PP se atenga a un acuerdo para votar y elegir en el Congreso y el Senado, por mayoría de tres quintos, a los veinte miembros que conformarán el nuevo CGPJ para los próximos cinco años, doce del turno judicial y ocho del de juristas de reconocido prestigio. Desde que caducó su mandato hace más de dos años, el órgano ha llevado a cabo 71 nombramientos discrecionales, los que ahora quieren suprimir en periodo de interinidad los partidos que integran el Gobierno de coalición.

Posibilidad de adelantar el Pleno de marzo

No obstante, podría haber un último resquicio que permitiría al órgano de gobierno de los jueces celebrar en marzo una sesión plenaria ordinaria con nombramientos y adelantarse a la nueva LOPJ que limita sus poderes. Los plenos del organismo se vienen celebrando el último jueves de cada mes, pero se trata de una regla no escrita que tiene más que ver con cuestiones de agenda y organizativas que de estrategia a la hora de llevar a cabo sus funciones. Es decir, no está en la ley que tengan que ser ese día. Es competencia del presidente Lesmes convocar en una fecha u otra los plenos, de modo que si así lo considerara, podría adelantarse la fecha de la reunión de marzo y seguir cubriendo plazas en órganos judiciales que están vacantes.

Ocho son los nombramientos discrecionales que el CGPJ tiene previsto realizar a finales de febrero. Pero aún quedarían vacantes otras tres plazas –dos en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y una en la Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo– que el órgano de los jueces tenía previsto poder cubrir esta primavera. La reforma de la LOPJ interrumpiría estos planes si se aprueba antes de que se hayan cumplimentado todos los trámites para llevar a cabo las designaciones.

Nuevo escenario después del 14F

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Hasta ahora, los dos grandes partidos admitían que la cercanía de las elecciones catalanas dejaba en suspenso cualquier tipo de posible acercamiento para acometer la renovación. Después del 14 de febrero, en apenas dos semanas, se abre un nuevo escenario y período político en el que, sin citas electorales a la vista, podría llegar la descongelación de los grandes pactos que requieren de socialistas y conservadores para llevarlos a cabo por requerir de mayorías reforzadas en el Poder Legislativo. Incluido el del CGPJ.

Es lo que quieren todos los vocales consultados. Tanto los que creen que la reforma de la LOPJ es un "atropello" a sus competencias constitucionales como los que no están de acuerdo con seguir nombrando jueces de forma discrecional estando en funciones y que incluso han llegado a plantear la posibilidad de una dimisión en bloque o de una mayoría del organismo para tratar de impedir que el bloqueo se alargue aún más.

Y es que, con estos dos bandos, parece que la contienda política se ha trasladado al CGPJ en los últimos meses. Una contienda que incluso ha traspasado el órgano y le ha llevado no ya a criticar la reforma legislativa que pretende limitar sus poderes en periodo de interinidad, sino a una especie de enfrentamiento con el Poder Legislativo por el hecho de que éste no le consultara sobre la modificación de la ley. Al haber sido ésta presentada por la vía de la proposición de ley, la Mesa del Congreso no estaba obligada a solicitar informe al CGPJ, si bien desde este órgano la mayoría de vocales considera que se deberían pronunciar al tratarse de una norma que afecta directamente a su funcionamiento.