El Poder judicial se ha manifestado muy crítico con algunas medidas de la reforma del Código Penal, como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad, al tener dudas de su constitucionalidad. Hoy la portavoz del órgano de los jueces; Gabriela Bravo, se ha referido a las medidas contra la corrupción. Considera que reforzar a las instituciones que ejercen labores de control, como el Tribunal de Cuentas o el Banco de España, sería más útil que elevar las penas de cárcel a los corruptos: "Tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa y no siempre la elevación de las penas puede solucionar los problemas", ha sentenciado.

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