Las comisiones de investigación se multiplican tras la pérdida de mayorías absolutas en los parlamentos autonómicos

Las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de mayo en 13 comunidades autónomas dieron el pistoletazo de salida hacia un nuevo escenario marcado por la pérdida de mayorías absolutas. 

Las consecuencias se manifestaron de forma prácticamente inmediata en la primera línea del juego político. Gobernar en minoría ha impedido que los líderes políticos tomen decisiones de forma unilateral y ha impuesto la necesidad de pactos y acuerdos con sus rivales. 

Entre las consecuencias directas se encuentra la escasez de presupuestos aprobados al término de 2015 o el creciente número de comisiones de investigación aprobadas por los parlamentos autonómicos desde que los nuevos gobiernos tomaron posesión de sus cargos. Esto último evidencia el rechazo sistemático que los partidos en el poder habían venido haciendo de las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición.

La legislatura recién iniciada ha dejado en los últimos meses la apertura de 15 comisiones parlamentarias destinadas a investigar acontecimientos relacionados, fundamentalmente, con deficientes gestiones públicas, financiaciones presuntamente irregulares de proyectos y acciones políticas envueltas en casos de corrupción. Por comunidades autónomas, la distribución de esas comisiones es la siguiente: 4 en la Comunidad Valenciana; 3 en Murcia; 2 en Asturias, Castilla y León y Extremadura, y 1 en Andalucía y Madrid.

Adjudicaciones y obras públicas

Murcia es el segundo territorio que más comisiones abiertas acumula, por detrás de la Comunidad Valenciana. Las tres causas que se estudian actualmente en la Asamblea Regional de Murcia fueron aprobadas en septiembre de 2015. En primer lugar, la causa sobre la planta desalinizadora de Escombreras, en Cartagena, estudia la construcción y puesta en funcionamiento de la fábrica con el fin de esclarecer los motivos por los que costó el doble que otras ubicadas en el mismo territorio. El coste, que inicialmente se presupuestó en 130 millones de euros, podría incrementarse hasta los 600 millones cuando concluyan las obras en el año 2034, según han sostenido responsables del PSOE. La investigación está presidida por Miguel Sánchez López, diputado por el Partido de la Ciudadanía. 

Otra de las comisiones, esta vez encabezada por Óscar Urralburu, de Podemos, investiga las presuntas irregularidades en la construcción del teatro Auditorio en Puerto Lumbreras, aún inacabado, y para el que la comunidad concedió una subvención de seis illones de euros.

Finalmente, en noviembre arrancó la comisión de investigación sobre el aeropuerto de Corvera, presidida de nuevo por Urralburu, quien apuesta por aclarar la situación actual del aeropuerto –que lleva cuatro años cerrado–, los trámites por los que ha pasado y el coste directo e indirecto –el cierre del aeropuerto de San Javier– que ha generado a las arcas públicas, con un aval concedido de forma presuntamente irregular que arrancó en 182 millones y se sitúa actualmente en los 200, debido a los intereses generados.

En octubre, el Parlamento de Castilla y León aprobó iniciar una comisión de investigación, presidida por el PP, sobre la adjudicación e implantación de parques eólicos, cuya autorización está vinculada a presuntas comisiones de al menos 110 millones, detectadas por Hacienda. Se trata de la primera vez en 18 años que la comunidad castellana pone en marcha una comisión de estas características. El próximo 3 de febrero culminará el plazo inicial para analizar la documentación de los parques, tras lo que se fijará el primer calendario de comparecencias.

La segunda investigación abierta el pasado año en la comunidad responde al proceso de adjudicación, construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La comisión, abierta a petición de Podemos y del grupo Mixto, se centrará en los fondos públicos destinados al recinto hospitalario. Parlamentarios de Podemos han aludido en reiteradas ocasiones al "saqueo a las arcas públicas en beneficio de las empresas" que gestionan el hospital, y al uso fraudulento del dinero público destinado a este proyecto.

La Comunidad Valenciana, por su parte, abrió el pasado 26 de enero una comisión de investigación a petición del PSOE que busca investigar los motivos que han provocado la ruina económica de la Feria de Valencia y la Institución Ferial de Alicante (IFA) –que arrastra una deuda de 70 millones–, empresas de titularidad y gestión pública. La creación de esta comisión fue apoyada por PSPV, Compromís y Podemos, mientras que el PP y Ciudadanos se abstuvieron, aunque es este último el partido que la preside.

Accidentes y desastres medioambientales

También la Comunidad Valenciana dio inicio en septiembre del pasado año a una de las comisiones más esperadas y significativas. Se trata de la investigación que estudiará las circunstancias del accidente de Metro de Valencia, así como las responsabilidades políticas que tras nueve años continúan sin asumirse. Las Corts valencianas ya habían abierto una primera comisión de investigación sobre el accidente hace una década, que tras 26 días de deliberación negó la existencia de responsables políticos y abocó al caso a una espiral de impunidad. Todos los exportavoces de la comisión del 2006, a excepción del PP, coinciden en calificar aquella investigación de "vergonzosa" y aseguran que su objetivo era la "exculpación" del Consell.

Las Corts iniciaron este mes de enero otra comisión, que había sido solicitada en octubre por Compromís con el voto en contra del PP, destinada a investigar los motivos de contaminación en los acuíferos que abastecen de agua potable algunos municipios de la comunidad.

El incendio desatado el pasado verano en Sierra de Gata, en Extremadura, también ha sido motivo suficiente para la apertura de una comisión, presidida desde octubre por el diputado de Podemos Eugenio Romero, tras haber sido impulsada por la formación morada, Ciudadanos, y el Partido Popular. Los integrantes de la Mesa analizarán las circunstancias en las que se produjo el incendio y la respuesta política que generó.

También Asturias planteó el pasado 23 de enero, por iniciativa del Foro, la apertura de una investigación sobre los incendios producidos a finales del mes de diciembre. El PP ha confirmado ya su apoyo a la iniciativa y se prevé que la comisión se inicie el próximo 3 de febrero.

Corrupción política y mala gestión

La Asamblea extremeña acoge además otra comisión de investigación, esta vez a raíz de la gestión llevada a cabo por el Gobierno presidido por José Antonio Monago, de la Agrupación de Cooperativas de Regadío (Acorex) y de la Caja Rural de Extremadura. El exconsejero de Economía Antonio Fernández insinúo en la televisión pública de la comunidad, después de haber dimitido, que la cúpula de Monago y sus socios de IU se repartieron la gestión de la presidencia de todos los cargos de Caja Rural. Según Fernández, la vicepresidenta Cristina Teniente "quería regalar Caja Rural a otra entidad financiera y dársela a IU para que sirviese para financiar Acorex", que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

La investigación se encuentra actualmente en fase inicial, tras haberse constituido por segunda vez el pasado 19 de enero para incluir al Grupo Parlamentario Popular, y ha sido impulsada en diciembre a petición del PSOE en un primer momento, a quien se sumaron después Podemos y Ciudadanos.

En octubre del 2015, Podemos solicitó la apertura de una comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias, con el fin de esclarecer los datos de demora sanitaria publicados por la Consejería de Sanidad. El partido morado alegaba entonces que la información oficial no se correspondía "de ninguna manera con lo que ven los profesionales y los pacientes, que observan que las esperas son mucho más largas", de modo que el parlamento autonómico impulsó finalmente una investigación al respecto, puesta en marcha en noviembre.

De nuevo en la Comunidad Valenciana, el pasado 26 fue constituida la comisión de investigación, aprobada en octubre con la abstención del PP, sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad a personas dependientes, concretamente en los centros del grupo Savia. 

Por su parte, el Parlamento de Andalucía inició en octubre del 2015 una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación para el empleo desde el año 2002, que se ha saldado con al menos 35 detenidos y tres imputados. Este mismo viernes se conoció que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, comparecerán en el marco de esta comisión. Así lo acordó este órgano parlamentario tras casi ocho horas de reunión, en las que se ha cerrado el listado definitivo de comparecientes para la primera ronda de declaraciones. En total, 69, según informó Europa Press.

También en octubre, la Asamblea de Madrid inició una comisión –propuesta por Ciudadanos– para investigar los casos de corrupción durante las dos últimas legislaturas en el seno de la comunidad, que alberga ejemplos tan sonados como la trama Gürtel y la operaciónPúnica. El PP anunció su retirada de la Mesa a escasos días de la apertura, e insistió en su voluntad de impugnar todos los acuerdos que alcance la comisión.

La jefa de prensa de Aguirre se niega a responder en la comisión de investigación de la Asamblea

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Hasta ahora se ha centrado en la venta de tres mil viviendas del IVIMA a fondos buitres, por lo que ya han prestado declaración el expresidente regional Ignacio González y el exconsejero de Vivienda Pablo Cavero.

El 12 de febrero será Esperanza Aguirre quien comparecerá en el marco de las contrataciones efectuadas por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), vinculada a la Púnica. También prestarán declaración la actual consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que ejerció de presidenta de ICM, y la exsecretaria técnica de la agencia Mar García Priego, además del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.

El próximo martes 2 de febrero se iniciarán los estudios relacionados con la financiación del Canal de Isabel II.