Cambio climático

Las comunidades autónomas que más emiten y menos hacen contra el cambio climático

Industria en Asturias.

Las miradas suelen estar puestas en el Ejecutivo central cuando hablamos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contaminación, calentamiento global y cambio climático. Si bien es el mayor responsable de la política energética –y uno de los mayores culpables de la inacción– los ayuntamientos y, sobre todo, las comunidades autónomas tienen mucho que decir y mucho que hacer.

Las emisiones de gases que acentúan el cambio climático en España, como en todos los países, se dividen en dos. Por un lado, las que provienen de sectores llamados fijos –empresas de gran tamaño e industria– y sobre los que el Ejecutivo diseña la estrategia. Por otro lado, se encuentran los sectores difusos, los menos intensos en el uso de esa energía: la calefacción, la agricultura, la ganadería, el pequeño comercio y el transporte. Y sobre ellos tienen competencias y responsabilidad las comunidades autónomas. Las emisiones difusas son el 59% del total en España, según un nuevo informe del Observatorio de la Sostenibilidad, colaboradores de infoLibre, que hace un completo análisis de las emisiones de GEI por comunidades. El resultado es una radiografía del país en cuestiones de consumo y energía y un puntal en la teoría de la responsabilidad diferenciada de los agentes en este problema medioambiental: no hay un único culpable, pero no somos todos igual de culpables.

 

Desde 2005, fecha de comienzo del Registro Nacional de Emisiones, se puede calcular cuál es el porcentaje de las que dependen de sectores fijos y de difusos. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad calcula la diferencia entre los datos de entonces y los de 2015 en cuestión de los últimos: transporte y calefacción, en su mayoría. Todas las comunidades descienden en contaminación en este apartado, pero unas más que otras. Baleares (7%), Aragón (11%), Extremadura (12%) y la Comunidad de Madrid (14%) son las que menos han reducido su porcentaje. Sin embargo, para un análisis justo hay que tener en cuenta el estado inicial de cada comunidad, su población y su PIB, entre otros factores. En términos absolutos, Andalucía aparece como la segunda cuyos sectores difusos contaminan más, pero es lógico, puesto que es la más poblada de España. Más gente cogiendo el coche.

Es por ello que hay que comparar las cifras con otros indicativos. Si dividimos las emisiones difusas en toneladas de CO2 equivalente por los habitantes de la región, podemos saber el grado de carbonización de la población de cada comunidad autónoma: así el tamaño de cada una no influye en el juicio. En este ranking, Castilla y León (8), Aragón (7) Extremadura (6,8) y Asturias (6,6) son las peor paradas. Aunque hay una explicación que puede justificarlas: "La concentración de la población parece favorecer una tasa de emisiones difusas per cápita menor", asegura el informe, que apunta que las zonas más septentrionales consumen más calefacción, lo que debe tenerse en cuenta.

En cuanto a las toneladas de CO2 equivalente de sectores difusos en relación al Producto Interior Bruto (PIB), es decir, el grado de carbonización de la economía de cada región, lidera el ranking, por razones "no muy evidentes", Extremadura, con una ratio de 0,42. Por detrás le siguen Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón. Aragón y Extremadura lideran las listas de más contaminantes en sectores difusos en relación a la población y al PIB

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las variables (población, PIB, sectores sobre los que tienen competencias), hay algunas comunidades autónomas que, sin desentonar demasiado en el escaso avance durante estos años de España en materia climática, destacan para mal. Aragón y Extremadura lideran las listas de más contaminantes en sectores difusos en relación a la población y al PIB y son de las que han registrado una menor reducción con respecto a sus niveles de 2005. Las Castillas han mejorado notablemente durante estos, pero son de las más carbonizadas tanto en relación a su economía como a sus habitantes.

En el caso de Extremadura, el coordinador del informe, Fernando Prieto, matiza: "Partía de unos niveles muy bajos en 2005", por lo que es normal que la evolución a mejor sea menos pronunciada, asegura. Prieto no cree que haya que cargar las tintas sobre comunidades autónomas en concreto. "Existe mucha desigualdad entre las regiones como para penalizar a las que más han aumentado desde valores muy bajos. Se trata de que tomen responsabilidades y que empiecen a disminuir en todos los sectores para avanzar en la descarbonización", afirma.

En cuanto a los niveles totales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, teniendo en cuenta todos los sectores y actividades, están a la cabeza Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Madrid. El ranking es muy similar al de regiones más pobladas, con la sorprendente salvedad de Asturias, con una industria de extracción de carbón y generación de electricidad posterior gracias a este combustible que la convierte en uno de los puntos negros de España puntos negros. Solo el 23,4% de las emisiones de Asturias son difusas, cuando la mayoría superan o bordean el 50%. En el caso contrario, Extremadura (90,1%) y Madrid (95,1%), cuya escasez de industria explica esos porcentajes.

Los niveles totales no traen, por lo general, buenas noticias para España. Comparando con 1990, año de referencia, solo Euskadi, Galicia y las Castillas emiten un poco menos en 2015 con respecto a finales del siglo XX. Por el contrario, Extremadura las ha aumentado un 49%, Murcia un 48%, Canarias un 46% y la Comunidad Valenciana un 43%. Con contadas excepciones, el dibujo que traza la contaminación en cada región es similar. Una subida imparable hasta 2007, el año previo a la crisis económica. A partir de entonces el ritmo de emisión desciende, sin llegar a cifras inferiores a las de 1990.

El Observatorio de la Sostenibilidad adjunta en el informe un mapa de la demanda de energía eléctrica en España, que permite comprobar que, si bien la generación de electricidad mediante combustibles como el gas natural, el petróleo o el carbón contamina en regiones como Asturias y las hace aparecer en el top de comunidades sucias, el destino final de la energía es otro: Euskadi, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la costa levantina española son los que más demandan. Por lo que los hábitos de consumo de los ciudadanos, del comercio y de la industria de estos lugares debe contar en los planes para reducir las emisiones del país al completo. "Estas imágenes explican muchas cosas y resulta ser la base más adecuada para establecer la nueva política territorial, que ha de aplicar políticas diferentes para territorios diferentes", afirma el documento.

Lo que han hecho las comunidades autónomas

"La responsabilidad es compartida. Este informe sirve para saber cómo las CCAA pueden empezar a tomar parte en políticas que reduzcan las emisiones, y que se tomen medidas en serio", asegura Prieto. En las recomendaciones, el informe afirma que "se debe aumentar la coherencia en las políticas y por supuesto evitar las subvenciones a los combustibles fósiles y que se apueste de forma clara por las energías renovables y el autoconsumo. En definitiva, asumir sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización".  Esfuerzos concretos de sus instituciones pueden ser la palanca de cambio para una transición primero local, luego nacional y finalmente global, aseguran: y aunque no tengan todas las competencias, "deben participar en la política energética y de transportes" en la medida de sus posibilidades. No hay excusas.

En todo caso, ya se están dando pasos, algunos más ambiciosos y con mejor fortuna que otros. El más llamativo es el caso de Cataluña, que el 3 de agosto lanzó su propia Ley de Cambio Climático sin votos en contra en el Parlament. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió cautelarmente al admitir a trámite el recurso del Gobierno central. Los motivos del Ejecutivo son similares a los que utilizó para oponerse con éxito a las leyes autonómicas contra el fracking: la Constitución le otorga competencias en exclusiva para planificar la legislación básica sobre medio ambiente y energía del país, y no ven con buenos ojos los planes de cierre de Cataluña de los tres reactores nucleares en funcionamiento en el territorio.

Baleares anunció para el primer trimestre de 2018 un proyecto de ley sobre el cambio climático, aunque aún no se sabe demasiado de las intenciones del Govern insular en este sentido. En Andalucía se acaba de ampliar el plazo para las propuestas de partidos y ciudadanía a la llamada Ley de Medidas frente al Cambio Climático. Otras normas y medidas sin el rango máximo legislativo se han tomado en Galicia, donde la Xunta apuesta por las energías renovables con la planteada Estrategia gallega de cambio climático y la transición energética, al igual que Navarra. En Extremadura y Comunitat Valenciana se recurre a los fondos europeos de desarrollo, Feder, para promover el autoconsumo eléctrico.

En la pasada cumbre del clima de Bonn llamó la atención la presencia de alcaldes y líderes regionales que reivindicaban su papel y sus acciones contra el mayor problema medioambiental del siglo XXI. Sobre todo en Estados Unidos: con un presidente obcecado en el negacionismo, gobernadores como el de California aseguraron la intención de muchos estados del país de seguir adelante con la lucha. Pese a que una térmica de carbón contamina mucho más que un ciudadano con su coche, y que hay regiones y países más contribuyentes que otros en la acción climática, todos los actores posibles deben poner su granito de arena. También en España.

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