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Transparencia

El Congreso busca vías para desbloquear la publicación de las actividades privadas de los diputados

Hemiciclo del Congreso de los Diputados.

El pluriempleo de los parlamentarios sigue atascado. La constitución de las Cortes conforme a los resultados de las generales del 26 de junio tuvo lugar el 19 de julio. Transcurridos más de ocho meses de esta cita, el Pleno del CongresoCongreso no ha permitido todavía la publicación de unos datos que, en aras al compromiso de transparencia de la institución, deberían ser ya públicos. Se trata de las declaraciones de actividades de los diputados, un documento en el que deben consignar si compatibilizan el escaño con algún tipo de actividad profesional privada tras la correspondiente autorización de la Comisión del Estatuto de los Diputados

El dictamen del órgano encargado de dar luz verde a las compatibilidades de sus señorías se iba a votar en el Pleno del pasado 9 de marzo. El día antes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), optó por levantar ese punto del orden del día para buscar, según fuentes parlamentarias, el "tradicional consenso" que siempre ha girado en torno a estas cuestiones en la Cámara. Estaba previsto que el dictamen saliese adelante sin el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista que, como norma general y salvo excepciones muy concretas, está ahora en contra de que sus diputados compatibilicen el escaño con otro tipo de actividades.

En este contexto, desde la Presidencia del Congreso se instó a los diferentes grupos parlamentarios a hacer un esfuerzo para lograr ese "tradicional consenso". Son varias las vías posibles que las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre barajan para acabar con esta situación, ninguna de ellas cerrada a día de hoy. Las mismas fuentes confían en que "con voluntad" pueda llegarse a un acuerdo en las próximas semanas. En todo caso, el calendario parlamentario lleva a que este asunto no vaya a ser recuperado por el Pleno, como pronto, hasta la última semana de abril.

Sin efecto retroactivo

El grueso de las posibles soluciones al desbloqueo pasan por una reforma del Reglamento del Congreso que, no obstante, no tendría efecto retroactivo y no afectaría, por tanto, a los expedientes a los que la Comisión del Estatuto de los Diputados ya ha dado luz verde y que ya están en poder de la Mesa, el órgano de Gobierno de la Cámara. "Se trata de mirar al futuro, no se pueden cambiar las reglas a mitad del partido", valora un diputado miembro de la citada comisión. 

En los debates a puerta cerrada que se han celebrado en la Comisión del Estatutos de los Diputados se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de instaurar mayores mecanismos de control de la información que los diputados consignan tanto en las declaraciones de bienes y rentas, ya publicadas, como en las de actividades.

Este control pasaría también, según fuentes conocedoras del proceso, por establecer un protocolo de actuación en el caso de que se detecte que un parlamentario ha ocultado datos a la institución o ha violado el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos. 

Datos ajenos al control

Son los parlamentarios los que tienen la obligación de comunicar a la Comisión del Estatuto de los Diputados cualquier cambio en la información consignada inicialmente tanto en sus declaraciones de bienes como de actividades. Hasta la fecha, la Cámara no ha comprobado nunca la veracidad de los datos facilitados ni ha hecho un seguimiento de los mismos a lo largo de las legislaturas. Todos los escándalos que han saltado a cuenta de las incompatibilidades de sus señorías o de la falta de exhaustividad a la hora de proporcionar la información han partido de investigaciones periodísticas, como la que destapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte. O que Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, no había declarado al Congreso ni su empresa energética ni que asesoraba a una inmobiliaria.

Fueron estos escándalos los que llevaron a los socialistas en octubre de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a anunciar una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva. La iniciativa no se plasmó, pero sí el compromiso de no permitir más actividades a sus diputados que el escaño. De ahí que los socialistas se opusiesen a dar luz verde a casi 40 expedientes de compatibilidad y demandasen que el pleno votara por separado esos documentos.

El grueso de las fuentes consultadas considera que la omisión o falseamiento de los datos deberían estar respaldadas por un régimen de sanciones, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. La exigencia de responsabilidades ha brillado por su ausencia y, en los casos no judicializados, ha bastado con el parlamentario en cuestión corrigiese los errores o completase la información para dar carpetazo al asunto.

Fuentes parlamentarias consideran que este tipo de "avances en la rendición de cuentas" podrían ser introducidos, bien en una reforma del Reglamento de la Cámara o incluso modificando algunos puntos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)(LOREG).

Reticencias del PP a las comparecencias

A día de hoy, la demanda del PSOE de que esa treintena de diputados comparezcan para aclarar las actividades privadas sigue siendo un escollo para llegar al consenso que se pretende. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular consideran que no hay precedentes de esta exigencia. "Los diputados son nombrados, elegidos, por los ciudadanos", sentencia un parlamentario conservador.

La LOREG refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar. 

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen de la citada comisión que tiene pendiente llegar a pleno recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos cita para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".

Tal y como avanzó infoLibre, el Congreso pretende dar luz verde a que 35 diputados ejerzan la abogacía o una actividad empresarial sin desvelar sus clientes. Por grupos, 20 son del PP, 6 de Ciudadanos, 5 de Podemos, 2 del PSOE y 2 del Mixto.

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Una cuestión polémica

El debate de las actividades privadas de sus señorías es siempre polémico y no suele poner de acuerdo a los diferentes actores implicados independientemente de su orientación ideológica. Los enfrentamientos a veces surgen incluso dentro de los propios partidos. Sectores del Partido Popular, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la de la exclusividad abanderada por Pedro Sánchez y algunas leyes que llevan la autoría del propio partido de Mariano Rajoy están conduciendo a que la política acabe siendo un coto privado para los funcionarios. Quienes así opinan defienden que sólo ellos pueden permitirse dar el salto de su puesto al escaño teniendo garantizado el reenganche tras dejar el cargo público.

Los datos en poder de este diario desvelan que al menos 92 de sus señorías son funcionarios. Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.

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