Congreso de los Diputados
El Congreso revisará las normas sobre los viajes de los diputados porque el 90% no cuenta con autorización
La Mesa del Congreso se reafirmó este lunes en su intención de revisar el protocolo por el que se decide qué viajes internacionales realiza la Cámara tras comprobar que alrededor del 90% de los desplazamientos que realizan sus señorías no cuentan con autorización previa del órgano de gobierno de la institución.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, dio cuenta en la reunión de este lunes a los demás miembros de la Mesa de los datos que ha recabado después de que Ciudadanos solicitara la semana pasada que se restringieran los viajes internacionales. Por su parte, Unidos Podemos coincidió en la necesidad de imponer racionalidad en este asunto.
Según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, Pastor desveló que más del 90% de los viajes no eran previamente autorizados por la Mesa, una cifra que se eleva hasta el 98% en el caso de los desplazamientos para participar en reuniones de las asambleas parlamentarias de organismos internacionales de las que forman parte diputados y senadores de todos los grupos.
Al parecer, hasta ahora cada vez que había una reunión de este tipo se comunicaba a los miembros de la delegación española de cada una de estas asambleas, se apuntaban los que querían ir y sólo pasaba por Mesa a posteriori.
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Ante esta situación, el órgano de gobierno de la Cámara acordó tomar medidas para aumentar el control sobre todos estos desplazamientos y garantizar que todos ellos cuenten a partir de ahora con autorización expresa de la Mesa.
El nuevo método para controlar los viajes internacionales se concretará en las próximas semanas, pero la idea es que sea el órgano de gobierno el que decida a qué desplazamientos da prioridad, el número de miembros de cada delegación y si es imprescindible viajar o alguna reunión se puede seguir por Internet, sobre todos si no está prevista la intervención de ningún diputado o senador en las actividades programadas.
También se baraja que en el futuro se requiera a quienes viajen que realicen un informe político sobre los asuntos tratados en los cónclaves a los que asistan para que todos los partidos y no sólo aquellos cuyos parlamentarios viajen tengan acceso a esa información.