Fin de los copagos y una sanidad universal efectiva: qué cambia (y que no) con la nueva ley

En el año 1997 el Ejecutivo de José María Aznar aprobó una ley sanitaria considerada clave para el boom de las privatizaciones. Esta ley, la 15/1997, contó con los votos a favor del PSOE. En aquel momento, en la aprobación definitiva del proyecto del Gobierno, los socialistas incluso subrayaban que con la redacción consensuada final se cerraba "el paso a la privatización de la sanidad". Años más tarde, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba la Moncloa, los socialistas denunciaron que las autonomías del PP utilizaban fórmulas de gestión indirecta de centros sanitarios para "retorcer, estrujar y estirar" la ley. 

Veinticinco años más tarde, un gobierno liderado por los socialistas (en este caso, en coalición con Unidas Podemos) busca derogar esta norma gracias a la aprobación del Proyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ahora deberá afrontar su propio trámite en las Cortes. Esta norma prioriza la gestión pública directa e incluye, entre otras cuestiones, la eliminación de los copagos ortoprotésicos para seis millones de personas vulnerables.

Sin embargo, el socio minoritario del Ejecutivo considera que la normativa privatizadora de Aznar no se deroga de facto. Según razonan desde Unidas Podemos, el texto aprobado calca aspectos esenciales del mismo y mantiene abierto el camino a las privatizaciones. Las discrepancias en materia sanitaria se extienden también al papel de las mutualidades de funcionarios, como Muface, y a la figura de los "consorcios sanitarios".

¿Por qué este choque? El proyecto establece que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas", una redacción similar a la de 1997. UP ve insuficiente el hecho de que la ley recoja que se usará "preferentemente" la "fórmula de gestión directa de carácter público" y que el recurso a otras fórmulas será "excepcional" y con memoria de justificación sanitaria y económica. 

"Es verdad que hay un avance retórico según el cual se define al sistema público de gestión directa como prioritario y se circunscribe la privatización de servicios solamente a situaciones excepcionales, pero los expertos nos dicen que la redacción actual no tendrá efectos", argumenta el portavoz del grupo en el Congreso, Pablo Echenique. "La definición de ‘excepcionalidad’ que lleva a cabo la ley es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana", prosigue.

Fin del copago

Con todo, Echenique reconoce que se avanza "en materia de eliminación de copagos en material protésico o en transporte sanitario no urgente, al menos, para los colectivos más vulnerables". Hasta la fecha existían unos mínimos fijados para subvencionar las prótesis y ortopedia, pero la cartera variaba entre comunidades autónomas. Sanidad apuesta ahora por un catálogo de productos gratuitos en todas las comunidades autónomas para los colectivos más vulnerables, como sucede con los medicamentos desde 2019.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya eliminó el copago farmacéutico a cerca de seis millones de personas, entre ellos colectivos vulnerables como pensionistas con rentas bajas o menores con discapacidad y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. La ley recupera la cartera única común de servicios y "establece las garantías para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios", ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Ampliación de la sanidad universal

El texto amplía la atención sanitaria a todas las personas que vivan en España, ya sea de forma regular o irregular. Teóricamente esto debería cumplirse ya, pero las comunidades autónomas pueden denegar este derecho a las personas que no lleven más de tres meses viviendo en España o que no puedan acreditarlo. En Unidas Podemos también celebran que se "avance" en "la consecución efectiva de la universalidad de la sanidad para todas las personas". "No obstante —apunta Echenique— durante el trámite parlamentario, habrá que mejorar el texto en esta materia. Hay que asegurar al máximo que los gobiernos autonómicos de Vox no violen los derechos humanos", señala.

La norma también extiende este derecho a los solicitantes de protección internacional, de protección temporal y a las víctimas de trata y explotación sexual, algo que sí estaba recogido en reglamentos pero no al nivel de norma legal. Para facilitar trámites, se elimina el informe social hasta ahora obligatorio y se establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos públicos. Asimismo también garantiza el acceso a las personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y a sus familiares y a familias reagrupadas.

Gestión pública directa de los servicios sanitarios

El texto también plantea la prioridad de la gestión directa y pública del sistema sanitario. Con esto se pretenden limitar los conciertos con entidades privadas a los que las comunidades autónomas recurren para atender a los ciudadanos. La propia Darias ha afirmado que la ley "blinda la sanidad pública". El articulado, según la ministra de Sanidad, "establece las excepciones para la gestión indirecta que será complementaria y de apoyo".

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Este es el principal punto de choque con Unidas Podemos. Los morados no sólo presentarán una batería de enmiendas desde el Congreso, sino que además mantienen viva su propia ley, actualmente en fase de aportaciones de colectivos. Aun así, fuentes de la formación ven “altamente improbable” que su ley salga adelante por el bloqueo del PSOE. En la formación confían en hacer presión junto a otras formaciones como Esquerra Republicana o EH Bildu para forzar al PSOE a cambiar este aspecto.  La coalición liderada por Yolanda Díaz también pretende suprimir las desgravaciones por seguros privados, si bien hasta ahora dicha intención ha sido trasladada al ámbito de la negociación presupuestaria, según fuentes de la coalición.

Críticas y aplausos de las asociaciones médicas

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto "no blinde la provisión pública" y consolide el modelo de mutualidades de funcionarios, mientras que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha apoyado reforzar "la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia".

Por su parte, la Alianza Española de la Sanidad Privada (ASPE), la patronal del sector, ha manifestado su "inquietud" porque esta ley convierta a España "en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su Sistema Nacional de Salud". También se ha manifestado en contra el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS): "Es urgente ya pasar página al discurso demagógico y sectario que no aporta y ver en el sector privado un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población".