Corinna Larsen quiere comparecer por videoconferencia ante el juez desde la Embajada Española en Londres

La defensa de Corinna Larsen ha presentado este lunes un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de citar de forma presencial a la empresaria para su comparecencia del próximo 28 de septiembre. Proponen como alternativa que se le tome declaración por videoconferencia en la Embajada Española en Londres y con presencia de un letrado británico, pero sin desplazamiento del instructor y de las partes.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa señala que dado que en la citación inicial prevista para el 8 de septiembre se estipulaba que habría de realizarse mediante videoconferencia a través de una Orden Europea de Investigación (OEI), el hecho de que ahora haya tornado en presencial "deja sin efecto la remisión de la OEI que se tenía pendiente de enviar a la autoridad central del Reino Unido".

Por eso, entienden que la revocación del mecanismo de toma de declaración mediante videoconferencia "no es ajustada a derecho". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señaló en su auto de 26 de agosto que no veía razones de seguridad ni orden público que justificaran que Larsen no se desplace a España para prestar declaración en persona.

Al hilo, García-Castellón apuntaba que la defensa no había razonado qué interés podía presentar la declaración de Larsen desde "su despacho de abogados en Londres", si bien añadía que no se puede obviar la situación sanitaria concurrente y la evolución de la pandemia del covid-19, así como las restricciones a la movilidad vigentes o que puedan acordarse por los diferentes Gobiernos.

La empresaria y examiga del rey emérito es investigada en el marco de la pieza número 5, denominada Carol, de la macrocausa Tándem. El juez la quiere interrogar sobre el supuesto encargo que habría realizado al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.

Las resoluciones son invariables

Ahora, la defensa de la empresaria sostiene que las resoluciones judiciales firmes son "invariables" por lo que no procede la revocación de la Providencia de 30 de julio en virtud de la cual se acordaba emitir una OEI al Reino Unido a los efectos de tomar declaración a Corinna Larsen a través de videoconferencia.

Según explican en su escrito, el pasado 21 de agosto ante la constatación de que la declaración por videoconferencia del 8 de septiembre no se podría realizar en tiempo, propusieron al juez la alternativa de realizar esa comparecencia desde el despacho de sus abogados en Londres con la presencia de la autoridad local pertinente, con el objetivo de agilizar los plazos de la instrucción. Insisten en que nunca renunciaron a la videoconferencia como método de declaración, y lamentan que desde la Audiencia Nacional se contestara a esta propuesta citando a Larsen presencialmente el 28 de septiembre.

Por eso, desde la defensa de la empresaria alemana sostienen que se ha infringido "el principio de intangibilidad" de las resoluciones judiciales que, añaden, queda plenamente integrado en la categoría de Derecho Fundamental como parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

El agravante del covid-19

Además, añaden que la citación para que asista de forma presencial a los juzgados "no solo deja sin efecto una resolución previa que ha adquirido firmeza, sino que resulta carente de fundamento, lo que se agrava aún más si se tienen en cuenta las actuales circunstancias excepcionales por la covid-19".

A juicio de la defensa de Corinna Larsen, la pandemia hace más evidente la necesidad de utilizar el sistema técnico de videoconferencia cuando el citado a declarar reside en el extranjero. Y por ello, solicitan al juez que de nuevo tramite la OEI, y se remita a lo acordado en la providencia de 30 de julio cuando solicitó la práctica de la videoconferencia.

En este sentido, y dado que en su auto el juez ofrecía la alternativa de que la declaración se realizara en la Embajada Española en Londres, la defensa solicita subsidiariamente a la revocación del auto impugnado, y al mantenimiento de la OEI acordada mediante la Providencia de 30 de julio de 2020, que se acuerde la declaración mediante videoconferencia en la Embajada Española en Londres.

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En ese caso, solicitan que la empresaria vaya acompañada de un letrado británico de su elección para "salvaguardar los derechos reconocidos por la legislación del Reino Unido a tal efecto" porque "no puede admitirse que la declaración mediante videoconferencia desde la Embajada de España cuente con menos garantías que la ejecución de una OEI".

Al hilo, resaltan en el escrito que esto lo solicitan debido a que, además del riesgo de un traslado, el Reino Unido ha impuesto un requisito de autoaislamiento de 14 días para todos aquellos que entren en el país desde España.

Del mismo modo, entiende que estas restricciones también dificultarían un posible desplazamiento de García-Castellón a Londres para la toma de declaración. "Las restricciones son evidentes para que se pueda desplazar a Londres el Tribunal y las partes que lo interesen, toda vez que el desplazamiento del magistrado instructor haría necesario igualmente garantizar el desplazamiento del letrado defensor designado en el procedimiento y de las demás partes que lo interesaran", añade.