La corrección de un fallo en la 'ley Rhodes' abre una vía para dificultar la impunidad de la pederastia
¿Un error legal convertido en oportunidad de combatir la impunidad de la pederastia? Podría ser. Así lo ve, en el caso que aquí se cuenta, la Plataforma de Infancia de España, una red de cerca de 80 asociaciones que pretende aprovechar la corrección de un fallo en la conocida como ley Rhodes para ampliar el plazo previo a la prescripción de delitos sexuales contra niños y adolescentes, explica a infoLibre su director, Ricardo Ibarra.
Un error en la 'ley Rhodes'
La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, salida en 2020 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos) y aprobada por el Congreso en 2021, está teniendo una existencia atribulada. El motivo es un error. ¿Cuál? La norma, que reforma del Código Penal, establece que el plazo de prescripción para los delitos "contra la libertad" de los menores, es decir, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones, empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años, pero al mismo tiempo establece que empieza a contar cuando cumple 35 años.
La voluntad del Gobierno y de los partidos que apoyaron la norma –PSOE, UP, PP, ERC, Cs, Bildu, BNG, Más País– era ampliar el plazo previo a la prescripción en los delitos "más graves" contra los menores, haciendo comenzar el periodo de cómputo 17 años más tarde. El motivo es que a menudo los niños que son víctimas de la crueldad de los adultos tardan años, incluso décadas, en dar el paso de denunciar. Para cuando se deciden, el delito puede estar prescrito. Así que la ampliación del plazo ha sido una reivindicación de las organizaciones de protección de la infancia. El problema fue que al redactarla se incluyeron los delitos "contra la libertad" en un párrafo que decía que el plazo empezaba a correr cuando las víctimas cumplían 18 y en otro que decía que el plazo empezaba a correr cuando cumplían 35.
Miguel Hurtado se dio cuenta. Psiquiatra infantil, es uno de los fundadores de Ending Clergy Abuse, una organización global de lucha contra la impunidad de los abusos en el seno de la Iglesia. Su voz es una de las más destacadas entre las víctimas de esta lacra en España. Hurtado fue el primero en denunciar los abusos en el Monasterio de Montserrat, que él mismo sufrió como adolescente. Su activismo en defensa de la infancia lo ha llevado tanto al Vaticano como a la sede de todas las administraciones con algo que decir ante este problema y a múltiples medios. Fue una de las figuras más exigentes durante la tramitación de la ley de protección de la infancia, igual que ahora lo es intentando que las investigaciones sobre la pederastia en la Iglesia den frutos.
La publicación en infoLibre del error, del que Hurtado había alertado al Defensor del Pueblo, llevó a la reacción del Gobierno, concretamente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que anunció su corrección. El ministerio prevé que que todos los delitos "contra la libertad" mantengan el plazo de prescripción que ya tenían antes de la reforma, es decir, que empiece a contar el plazo cuando la víctima cumple 18 años. Así que el fallo –que en ningún caso afectaba a los delitos sexuales– fue incluirlos en el párrafo en el que el plazo empieza a contar cuando cumplen 35, no cuando cumplen 18. Según el ministerio, la reforma se hará "en cuanto sea posible" mediante una reforma de una ley orgánica.
Una ofensiva para no limitarse a la corrección del fallo
El error fue publicado por infoLibre el 14 de febrero. Tres días después, el Defensor del Pueblo instó al Ministerio de Justicia a encargarse de arreglarlo. No obstante, el departamento que dirige que dirige Pilar Llop (PSOE), preguntado por este periódico, remite ahora a Derechos Sociales y Agenda 2030. El caso es que el fallo todavía no se ha corregido.
Hay diferentes opciones para introducir la enmienda. Puede hacerse en la Ley del sólo sí es sí, que está en proceso de reforma al aceptar los socialistas que hay un error en la nueva tipificación que ha terminado permitiendo la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales. También puede hacerse en la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, actualmente en la Comisión de Justicia, que precisamente será utilizada para corregir un fallo en otra norma que despenaliza involuntariamente los tratos degradantes cometidos por empresas.
Al margen de la vía legal que se utilice, Hurtado pretende que la reforma no se quede ahí. Quiere aprovecharla para reabrir el melón de la prescripción de la pederastia.
El autor de El manual del silencio (Planeta, 2020), un ensayo sobre el encubrimiento de la violencia sexual por parte de la jerarquía católica, se ha dirigido por escrito a la mayoría de partidos con representación en el Congreso, un listado que incluye a PSOE, PP, Vox, UP, ERC, Cs, Junts y Más País, entre otros. En sus comunicaciones, Hurtado propone que la reforma para corregir el error sea aprovechada para aumentar el plazo previo a la prescripción de los delitos "más graves" contra menores desde el momento en que la víctima cumple 35 años al momento en que cumple 45. Diez años más.
La reforma, que Hurtado propone en forma de enmienda a la Ley del sólo sí es sí, afecta a los delitos sexuales, así como a la tentativa de homicidio, lesiones con secuelas graves, maltrato habitual y trata de seres humanos. La modificación del Código Penal no se quedaría ahí e incluye en el listado con el máximo plazo previo a la prescripción el matrimonio forzoso, las detenciones ilegales y secuestros cuando sirvan para un delito sexual –"cosa frecuente", expone Hurtado– y las torturas. La reforma se completa con un punto para que, como ocurre en Francia, el plazo previo a prescripción se interrumpa cada vez que un delincuente reincida. Así, por ejemplo, una violación de un menor que podría estar prescrita no lo estará si el violador ha vuelto a cometer otra que todavía no lo está. "Se trata de evitar la impunidad", explica Hurtado a infoLibre.
Fundamentos jurídicos y derecho comparado
En un escrito remitido a los partidos, Hurtado califica como "pésima" la regulación del régimen prescripción de los delitos sexuales contra menores y detalla cómo empezar a contar el plazo a partir de los 45 años de la víctima aproximaría a España a las líneas marcadas por el Convenio de Estambul, el Convenio de Lanzarote –para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual– e incluso a la normativa europea. La experiencia internacional, señala, aboga por dar a la víctima “tiempo suficiente”, mediante un plazo de prescripción “proporcional a la gravedad del delito”. Hurtado pone énfasis en una resolución del Parlamento Europeo de 2020 que defiende "abolir el plazo de prescripción de la violencia sexual contra los niños" o, "al menos", que no sea "inferior a 30 años después de que la víctima haya alcanzado la edad de 18".
El inicio del plazo cuando la víctima cumple 35 años supone un "incumplimiento flagrante de los compromisos internacionales concretos adquiridos por el Estado español", señala Hurtado, que considera que este tipo de delitos deben estar lo más próximos que sea posible a la "imprescriptibilidad" y remite un listado con hasta 27 países que la han aprobado ya de forma "total o parcial", entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Bélgica. Hurtado afirma que grupos que suman más de 170 diputados –PP, Vox, Cs, ERC, Junts, BNG, Más País, Compromís– se han manifestado en algún momento a favor de plazos más extensos que los recogidos ahora en la ley. En cualquier caso, añade en su detallado escrito, "los estudios internacionales recientes de mayor calidad establecen que como mínimo las víctimas de pederastia en entornos institucionales denuncian de media cuando tienen 42 años de edad, aunque hay estudios en que la edad media en que se denunciaba era de 52 años". "Es el conocido científicamente como fenómeno de la denuncia/revelación demorada. Ignorando la evidencia empírica, el legislador español, en una muestra de preocupante analfabetismo científico, decidió en 2021 suspender el plazo de prescripción en estos delitos solo hasta que la víctima tenga 35 años. Un plazo desproporcionadamente corto, garantizando el mantenimiento de elevadas cuotas de impunidad", señala.
Plataforma de Infancia
La propuesta de Hurtado no es ya sólo de Hurtado, que la ha trasladado a la Plataforma de Infancia, una red con 25 años de historia e implantación en toda España que reúne a 78 miembros, entre ellos Unicef, Save the Children, Cáritas, Cruz Roja, Ayuda en Acción, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o Márgenes y Vínculos. En la plataforma hay organizaciones de referencia en la lucha contra el abuso sexual contra menores, como la Fundación Vicki Bernadet. Unicef y Save the Children son autoridades en la denuncia de abusos a menores no sólo en España, sino a nivel internacional. Pues bien, la propuesta de Hurtado ha caído de pie en esta plataforma. Su director, Ricardo Ibarra, considera –tras un debate en el seno de su organización– que el "marco de modificación legal" abierto gracias a la reforma para corregir el error en la ley Rhodes supone una oportunidad para ampliar el plazo de prescripción en algunos casos. La red, añade su director, aún no ha cerrado su propuesta concreta, de la que dará traslado a los grupos parlamentarios tras la Semana Santa, pero "comparte" la ampliación propuesta de los 45 años para los delitos más graves contra menores, al alinearse con las indicaciones en el terreno internacional, singularmente con el Comité de Derechos del Niño de la ONU.
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Además, Ibarra es "favorable" al resto de la propuesta, concretamente a la inclusión en el listado con el máximo plazo previo a la prescripción del matrimonio forzoso, las detenciones y secuestros cuando sirvan para un delito sexual y las torturas, así como al endurecimiento para reincidentes. No obstante, aclara que sobre estos otros puntos todavía está pendiente de terminar el análisis que sí se ha realizado del punto de los 45 años. El director de la plataforma detalla que su posición definitiva quedará delineada por dos prioridades. La primera, evitar que el delincuente "siga perpetrando delitos"; la segunda, un alargamiento del plazo que se adapte a las circunstancias de este tipo de delitos, en los que "muchas veces la persona que perpetra es cercana, de confianza, lo cual provoca un trama y crea unas barreras para la denuncia que sólo se levantan muchos años después".
Enmiendas de ERC
¿Y en el terreno de los partidos? ERC confirma a infoLibre que presentará enmiendas a la Ley de Eficiencia en la línea de ampliar los plazos de prescripción, aunque se reserva los detalles para después de Semana Santa. La posición de ERC garantiza el regreso al Congreso de una cuestión que se creía zanjada.
Cs mantiene su respaldo al plazo a través de los 35 años, es decir, tal y como está. Unidas Podemos "valora el compromiso y la propuesta de Hurtado" y remite al Ministerio de Derechos Sociales, que afirma que los plazos tal y como están generan "amplio consenso". PSOE, PP y Vox no aclararon su posición.
