En política, las acusaciones más graves no se suelen formular de manera directa para evitar problemas judiciales o tajantes desmentidos. Basta con escribir un titular sugerente o realizar un análisis sesgado —en el que se subraya una aparente anomalía y se lanzan preguntas al aire— para que el ecosistema político haga el resto. Eso es lo que está ocurriendo con el voto CERA de las elecciones andaluzas. Algunos medios de la derecha han presentado la victoria del PSOE entre los residentes en el extranjero como un dato sospechoso y esa insinuación ha empezado después a circular en el terreno político bajo una acusación de fraude o de "pucherazo".
La acusación parte de los resultados del pasado 17 de mayo. En las elecciones andaluzas, el Partido Popular se impuso con holgura aunque no logró la mayoría absoluta y el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. Sin embargo, en el escrutinio del CERA —el censo de españoles residentes ausentes— los socialistas quedaron por delante de los populares. La diferencia fue estrecha: 6.703 votos para los socialistas frente a 6.307 para los conservadores. El escrutinio no ha alteró el reparto de escaños, pero ha servido para alimentar un relato en la derecha cada vez más recurrente: si el PSOE perdió por tanta distancia en Andalucía, ¿cómo es posible que gane entre los andaluces inscritos en el exterior?
La pregunta no se limita a describir una diferencia de comportamiento electoral entre votantes que viven en España y los que están en el extranjero, sino que sugiere que ese contraste se debe a un plan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o, incluso, fruto del amaño por parte de los socialistas Y ahí entra el marco que han construido distintos medios conservadores: la Ley de Memoria Democrática, el aumento del censo exterior por la llamada ley de nietos, la nacionalización de descendientes de españoles emigrados y el supuesto pucherazo. La secuencia se presenta como si formara parte de un mismo engranaje político.
En su digital okdiario, Eduardo Inda —condenado por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por publicar el bulo de que el exvicepresidente, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas— asegura sin pruebas en una tribuna de opinión que “Sánchez no [solo] quiere alterar un poquito el CERA” sino que “lo va a hacer de tal manera que al universo electoral español no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y completa: “A mí el CERA siempre me sonó a trampa porque la mayor parte de esos votantes es gente que vive fuera de España desde hace muchos años y, lógicamente, la política patria les importa un pimiento”.
El pseudomedio The Objective siguió esa misma línea argumental en un debate titulado "Voto CERA: el comodín de Sánchez", en el que se conectaba el crecimiento del censo exterior con la Ley de Memoria Democrática y con la posibilidad de que ese electorado acabe teniendo efectos decisivos. El Mundo también comparte ese enfoque con el titular “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”, convirtiendo el voto exterior en una pieza más del relato sobre las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el tablero electoral, al igual que La Razón que destaca que el PSOE “se quedó a 19 puntos del PP en el voto en urnas”, pero que ganó en el exterior.
La operación emplea el mismo patrón en todos los casos. Primero se selecciona un dato cierto y comprobable: que el PSOE gana el voto CERA. Después se añade que lo hace pese a haber perdido ampliamente en las urnas andaluzas. A continuación se incorpora un elemento de sospecha: el crecimiento del censo exterior por una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por último, se deja caer una conclusión sin formularla siempre de manera expresa: que el PSOE estaría utilizando el voto exterior para compensar en los despachos o en el extranjero lo que no consigue en las urnas en España.
De los medios a la política
Ese salto ya ha llegado a la política. El diputado del PP Rafael Hernando acusó directamente al Ejecutivo de “estar usando el voto CERA para intentar ganar allí lo que no ganan aquí", tal y como escribió en su cuenta de X. El exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, investigado en la trama Kitchen, firmó una tribuna en okdiario titulada "La ‘ley de nietos’, el CERA y la inmigración masiva ilegal". Ahí escribió en mayo: “La Ley de nietos no modifica el censo de residentes en España pero el aumento del CERA ha convertido a este censo en una variable estratégica capaz de decidir la gobernabilidad de España en un escenario como el actual de polarización y resultados ajustados”.
La afirmación no habla de una irregularidad concreta, ni cita una denuncia ante la Junta Electoral, ni aporta una prueba de manipulación, pero instala en el imaginario colectivo que el voto de los residentes es una herramienta política en manos del PSOE. A esto se le añade que figuras como la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llevan meses alimentando un relato muy parecido, aunque no siempre referido al CERA andaluz, sino a las nacionalizaciones y al censo electoral.
La importancia de este mecanismo no está sólo en lo que se dice, sino en cómo se formula. No hace falta afirmar de entrada que ha habido fraude. Basta con repetir que "llama la atención", que "resulta sorprendente", que "conviene mirar" o que "hay que dar explicaciones". Ese lenguaje permite mantener una apariencia de cautela mientras se construye una sospecha. El funcionamiento, además, es circular. Los medios introducen el tema, sus afines lo viralizan y los políticos lo recogen. Y, cuando sus señorías lo hacen, esos mismos medios pueden volver a amplificarlo como una controversia política ya existente.
Los precedentes: del 28M a las elecciones extremeñas
La táctica no es nueva. La derecha española ya la ensayó con el voto por correo en la campaña de las generales de 2023. El PP y Vox utilizaron casos aislados de compra de votos y problemas logísticos para extender una sombra general sobre el sistema y Ayuso llegó a hablar de "intento de pucherazo". El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, puso bajo sospecha a Correos, institución que él mismo presidió en la etapa de José María Aznar en Moncloa. La hipótesis sugerida era que el Gobierno podía beneficiarse de un proceso supuestamente opaco o manipulable.
Un relato similar al de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, cuando el robo de votos por correo en varios municipios fue utilizado por el PP para alimentar la sospecha de que el Gobierno intentaba alterar las elecciones. La investigación y la actuación de la Junta Electoral desmontaron el relato de un fraude político organizado, pero el mensaje ya había circulado: si el resultado no convenía a la derecha, podía deberse a una manipulación.
Ahora el debate no está en el voto por correo, sino el de los residentes en el extranjero, pero opera la misma lógica. La diferencia es que el voto CERA permite además introducir otro elemento político: la legitimidad de esos votantes que no viven en el país y, por tanto, no contribuyen al sistema. Así se acaba cuestionando quién debe tener derecho a votar. Y, de forma indirecta, se presenta a esos ciudadanos como un electorado artificialmente creado por el Gobierno para favorecerse.
El “gurú” del PP Michavila despeja las sospechas
Con todo, la paradoja del CERA andaluz tiene explicaciones electorales que ha desgranado Narciso Michavila, doctor en Sociología, y presidente de GAD3 y considerado el “gurú” del PP en materia de encuestas. En una entrevista en ABC que arranca con una crítica durísima al Ejecutivo —"no tienen límite moral ninguno"—, rechaza una manipulación del voto exterior. "Hay teorías conspiranoicas que aseguran que el voto está totalmente manipulado, pero yo sinceramente no lo veo", sostiene. Su explicación descansa en varios datos.
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El primero, el tamaño real del fenómeno: votaron 21.583 de los 302.074 andaluces inscritos en el CERA, una participación del 7,14%. En relación con el conjunto del voto emitido en Andalucía, se trata de una proporción mínima. La diferencia entre PSOE y PP fue de sólo 396 votos —6.703 frente a 6.307— y, como recuerda Michavila, ni siquiera un comportamiento extremo del CERA habría alterado el reparto de escaños.
El segundo elemento es histórico y sociológico. El voto exterior no reproduce necesariamente el comportamiento del votante residente en Andalucía. Según Michavila, los emigrantes andaluces "de toda la vida" proceden en buena medida de entornos rurales, obreros y jornaleros, más vinculados tradicionalmente a la izquierda y al socialismo histórico andaluz. A ese bloque se suman jóvenes que han salido al extranjero para estudiar o trabajar, un perfil que tampoco tiene por qué coincidir con el giro electoral que se ha producido dentro de Andalucía en los últimos años, según Michavila.
El tercer factor es la distinta velocidad de cambio político. Mientras el voto interior se ha desplazado con fuerza hacia el PP de Juanma Moreno, el voto exterior conserva inercias más lentas y fidelidades más antiguas. Michavila recuerda que en 2022, pese a la mayoría absoluta del PP, los populares sólo aventajaron al PSOE por un punto en el voto CERA: 25% frente a 24%. En 2026, por tanto, el resultado no sería una ruptura inexplicable, sino una variación pequeña dentro de un patrón ya conocido. "Sorprende esa diferencia pero es totalmente lógica", resume, desmontando el relato instaurado por algunos medios.
En política, las acusaciones más graves no se suelen formular de manera directa para evitar problemas judiciales o tajantes desmentidos. Basta con escribir un titular sugerente o realizar un análisis sesgado —en el que se subraya una aparente anomalía y se lanzan preguntas al aire— para que el ecosistema político haga el resto. Eso es lo que está ocurriendo con el voto CERA de las elecciones andaluzas. Algunos medios de la derecha han presentado la victoria del PSOE entre los residentes en el extranjero como un dato sospechoso y esa insinuación ha empezado después a circular en el terreno político bajo una acusación de fraude o de "pucherazo".