La delegada del Gobierno en Valencia dice que Sánchez irá "más pronto que tarde" a los municipios afectados por la dana

Al menos 387 migrantes han llegado a lo largo de martes a las costas canarias, concretamente a El Hierro y Tenerife, a bordo de embarcaciones precarias, mientras Salvamento ha salido en busca de otros dos cayucos en aguas cercanas a La Restinga, en la isla del meridiano.

Según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal, el último rescate se ha producido a 33 millas náuticas de El Hierro tras la intervención del avión Sasemar 102 y la salvamar Ácrux, que pudo rescatar a alrededor de 80 personas que van rumbo a La Restinga, al sur de El Hierro.

En esta isla también están activos otros dos rescates tras detectarse dos ecos en el radar SIVE de la Guardia Civil, a siete y tres millas náuticas cada una.

Además, cerca de la una de la tarde desembarcaron en el puerto de Los Cristianos a los ocupantes de una embarcación que fue localizada cerca de Punta Rasca, al sur de Tenerife, y en la que viajaban 91 personas, entre ellas un número indeterminado de mujeres y menores que fueron puestos a salvo tras intervenir las salvamar Adhara y Alpheratz.

A lo largo de la mañana también se rescató cerca de El Hierro a 46 migrantes, entre ellas cuatro mujeres, que viajaban a bordo de una embarcación precaria, después de que por la mañana arribaran otros dos cayucos con un total de 170 personas a bordo, repartidos en dos barcazas en las que viajaban 89 y 81 personas respectivamente.

Los líderes de los siete pueblos originarios de Panamá rechazaron este martes el "reclamo irresponsable" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a "recuperar" el canal interoceánico, y defendieron la soberanía panameña sobre la vía que une el Atlántico y el Pacífico.

"El Canal de Panamá, hoy y siempre, seguirá siendo del pueblo Panameño", expresó en una declaración pública el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Coonapip), integrado por los líderes de los siete pueblos originarios y las 12 estructuras de Congresos y Consejos indígenas de Panamá.

El Consejo señaló que las afirmaciones de Trump violan "flagrantemente los Tratados Torrijos Carter" firmados en 1977 y que cristalizaron la reversión del canal y sus áreas adyacentes a Panamá tras "una lucha generacional y el apoyo internacional" haciéndose así "justicia al reclamo histórico" del país centroamericano.

En Panamá hay siete etnias indígenas Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri, agrupadas territorialmente en seis comarcas, emberá-wounaan, guna yala, ngäbe-buglé, madugandí, wargandí y la reciente naso.

La mayoría de los indígenas, que representan el 17,2 % de los 4,2 millones de habitantes de Panamá, vive en la pobreza, especialmente los que permanecen en las comarcas.

El canal es un pilar de la economía de Panamá. Entregó en diciembre pasado al fisco un aporte anual de 2.470,7 millones de dólares, que se invertirán en proyectos para el desarrollo nacional, según dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino.

"Compatriotas, como presidente quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables", dijo Mulino el pasado 22 de diciembre, un día después de que Trump hablara de recuperar la vía, un mensaje que ha reiterado el gobernante ante la insistencia del presidente estadounidense. 

El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) de la Generalitat ha llevado ya a cabo más de 9.500 inspecciones en edificios de 54 municipios afectados por la dana y ha determinado que 305 de ellos deben ser demolidos total o parcialmente.

Así lo ha indicado este martes la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha informado además de que se han decretado 1.458 viviendas inhabitables, "que no quiere decir que no se puedan volver a habitar", y 516 desalojos de viviendas, así como que se han realizado 200 apuntalamientos.

La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha precisado que las inspecciones se realizan con técnicos y profesionales y permiten a los vecinos "tener esa tranquilidad de poder volver a sus casas con seguridad".

En relación con el accidente, con una víctima mortal y un herido, el pasado sábado por el derrumbe de una escalera en un garaje afectado por las inundaciones en Benetússer, ha indicado que el trabajador falleció realizando unas labores de limpieza de lodos.Estos trabajos, ha recordado, han sido asumidos por la Diputación de Valencia con el contrato de distintas empresas para agilizar esa limpieza de los garajes, "ante la imposibilidad de los propios propietarios y de los ayuntamientos" de llevarla a cabo.El trabajador fallecido y el herido "llevaban semanas trabajando en el mismo edificio" y un día después del accidente iban a regresar a sus lugares de origen, en Cartagena y Algeciras, respectivamente, ha informado Camarero.

Fue "un accidente muy trágico, que está bajo investigación" en la que colabora también el IVE, ha precisado.

El Gobierno ha aprobado hoy más de 161 millones de euros al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2025 de sus ministerios, un 16,6 % más que el año pasado, con 146 campañas con las que pretende "difundir información relevante para toda la ciudadanía".

Así se desprende de la página web de La Moncloa, que cifra el plan en radios, prensa, revistas y formatos interactivos en 146,16 millones de euros, mientras destinará otros 109,57 millones a la comunicación comercial, es decir las campañas de algunos organismos y centros que pertenecen a la administración central.

El año pasado el Gobierno invirtió en publicidad y comunicación institucional un total de 138.299.864 euros y en las comerciales otros 131.760.443.

Las campañas del Ministerio de Interior para la seguridad vial están a la cabeza de la inversión con más de 11,4 millones de euros, al igual que las del Ministerio de Igualdad para erradicar la violencia contra las mujeres, con más de 10 millones a los que se suman 1.245.000 euros contra al discriminación.

Le siguen en inversión las campañas del Ministerio de Economía con casi 5 millones de euros, así como las de Vivienda y Agenda Urbana (3,5 millones, aproximadamente) y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamento que tendrán un presupuesto de 3,4 millones para temas como la sostenibilidad y la lucha contra las adicciones.

El Gobierno de Aragón ha pedido explicaciones al Ejecutivo central por el traslado de migrantes procedentes de Canarias en aviones del ejército a la base aérea de Zaragoza sin informar a la comunidad, una medida "puntual y extraordinaria", según la Delegación del Gobierno en Aragón, que no ha supuesto que se amplíen las plazas destinadas a su atención en la región.

Desde la Delegación del Gobierno de Aragón han expresado su malestar porque se utilice políticamente un tema tan sensible como es la atención a las personas migrantes y que se critique que no se ha informado "cuando no hay ninguna ampliación ni nueva apertura de la que informar".

Aunque habitualmente los traslados de personas migrantes que llegan a Canarias al resto del país para ser atendidos en centros gestionados por distintas entidades se realizan en vuelos civiles, han apuntado estas fuentes, la Secretaría de Estado de Migraciones solicitó al Ministerio de Defensa el uso de dos aviones del Ejército del Aire para reforzar la gestión del repunte de llegadas a las islas en las fechas navideñas.

Se hicieron así dos vuelos militares en unas fechas de gran demanda en vuelos regulares, han explicado, uno el 31 de diciembre desde El Hierro, y otro desde Lanzarote, el 9 de enero, con cien personas cada uno, que aterrizaron uno en Torrejón y otro en la Base Aérea de Zaragoza, desde las que se trasladaron a otros puntos de España que no se pueden, han aseverado, facilitar.

Conocida la realización de estos vuelos, el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, ha considerado este martes "inadmisible" que el Gobierno de España traslade inmigrantes hasta Aragón "con secretismo" y sin avisar a las autoridades autonómicas.

"No es la primera vez que ocurre y en anteriores ocasiones se faltó a la verdad sobre los términos en que se hicieron esos traslados", ha añadido en su cuenta de la red social X, donde ha exigido "explicaciones inmediatas" al Gobierno Central y saber si algunos de esos inmigrantes han sido alojados en Aragón. Azcón ha aseverado que "sin lealtad, responsabilidad y colaboración institucional cualquier política de inmigración es imposible".

Sumar ha defendido este martes la necesidad de "democratización" y de "reestructuración profunda" del sistema judicial ante "su aparente falta de imparcialidad y de neutralidad", en una comparecencia en la que ha valorado la aprobación de un anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial, aunque con matices.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, se ha referido en rueda de prensa a la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto para modificar esa ley, de 1985, que prevé un sistema público de becas de 4 años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y que prohibirá también la financiación privada de las asociaciones judiciales.Santiago ha afirmado que se trata de "una propuesta positiva", aunque Sumar hubiese querido "que fuera más allá", y ha anunciado que intentará que así sea en el período de enmiendas.

Ha hecho un llamamiento al Partido Socialista "para que se mantenga y no se deje llevar por las presiones" de la derecha y de ultraderecha, y ha anunciado que trabajará con todos los grupos parlamentarios "para conseguir el máximo apoyo, en especial de las fuerzas parlamentarias democráticas, que saben que es necesario acabar con esta utilización política del Poder Judicial".

Ha añadido que "quizá la tarea más importante que tenemos por delante" sea "la democratización, la reestructuración profunda de un sistema judicial que tiene realmente preocupado a la inmensa mayoría de este país, ya que no hay día que no haya una noticia que nos escandalice por la aparente falta de imparcialidad y de neutralidad".

El eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, como máxima garantía de seguridad, depende en última instancia de Donald Trump, quien acaba de asumir la presidencia de EE.UU., según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Tras intervenir ante la asamblea anual del Foro Económico Mundial (WEF), Zelenski comentó a un grupo de corresponsales que, si bien hay "cuatro países" miembros de la OTAN que, a día de hoy, se oponen a la adhesión de Ucrania, en realidad todo dependería de una decisión favorable de Estados Unidos. "La mayoría de los aliados lo apoya, pero cuatro países se oponen a nuestra adhesión a la OTAN: Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría", pero a la hora de la verdad, "todo depende de los Estados Unidos y, específicamente, de su presidente", comentó Zelenski tras intervenir ante la conferencia anual del WEF en esta localidad de las montañas suizas.

"Si el presidente Trump quiere ver a Ucrania en la OTAN, todos lo apoyarán; si él no está preparado para ello, no estaremos en la OTAN", dejó claro. En su opinión, la pertenencia a la Alianza Atlántica sería una garantía no sólo para Ucrania, sino también para EE.UU., Europa "y la propia Rusia", porque, argumentó, "la OTAN representa un compromiso: dentro de ella, Ucrania no podría en el futuro ir contra Rusia".

Para EE.UU. y Europa sería, además, la solución "más barata", frente a propuestas como el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Zelenski no quiso responder a la pregunta de cuántos soldados extranjeros serían necesarios, llegado el caso, pero indicó que 200.000 representa "un mínimo".

Insistió en que su país nunca reconocerá legalmente la ocupación por Rusia de una parte de su territorio, y que tratar a las dos partes en este conflicto en pie de igualdad constituye ya "una derrota para Ucrania". "Nosotros somos las víctimas, no empezamos la guerra. Fue (el presidente ruso, Vladímir) Putin quien lo rompió todo. Él es el culpable", subrayó. "Y no quiere poner fin a la guerra, porque no ha alcanzado el objetivo que se marcó, que era acabar con la independencia de Ucrania".

Uno de los líderes políticos de Hamás, Zaher Yabarin, acusó este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de trasladar la guerra desde Gaza a Cisjordania ocupada para mantenerse en el poder, después de que las fuerzas israelíes anunciaran el comienzo de una macrooperación en Yenín.

"En Cisjordania, Netanyahu quiere ahora una guerra abierta con los hijos del pueblo palestino para mantener su liderazgo", dijo Yabarin a la cadena catarí Al Jazeera, en declaraciones compartidas por el grupo islamista. Yabarin, responsable de las operaciones del grupo en Cisjordania ocupada, dejó claro que el pueblo palestino está "preparado para hacer lo posible para expulsar a la ocupación".

La ciudad de Yenín y su campamento de refugiados, en el norte de Cisjordania, es uno de los bastiones históricos de las milicias palestinas, y suele ser escenario de violentas redadas israelíes. Este martes, el Ejército israelí anunció el comienzo de una operación a gran escala contra la localidad, a la que apodaron "Muro de hierro", y al menos ocho palestinos han muerto desde que comenzó la incursión, este mediodía.

Netanyahu defendió la ofensiva en un mensaje en el que dijo que Israel pretende "erradicar el terrorismo" en la zona.

Cabe destacar que la macrooperación llega dos días después del comienzo del alto el fuego en la Franja de Gaza, que incluye un intercambio semanal de rehenes israelíes por prisioneros palestinos en cárceles de Israel.

El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, mostró este martes su disposición a dialogar con el nuevo Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, pero resaltó que la isla "no está en venta", según informa EFE.

"Estamos trabajando en una reunión para explicar cuál es la posición de Groenlandia", dijo en rueda de prensa en Nuuk (capital groenlandesa) Egede, quien recordó que si Estados Unidos quiere tener mayor influencia sobre la isla tiene que hablar con su Gobierno.

Trump ha reiterado en varias ocasiones en las últimas semanas, la última ayer tras ser investido presidente, la necesidad de controlar esta isla autónoma, que le quiere comprar a Dinamarca, y no ha descartado acciones de fuerza o sanciones económicas contra Copenhague si no cede. "Nuestro país y nuestra población son los que decidirán qué va a ocurrir. Otros países no pueden decidir qué haremos", afirmó Egede, reiterando que los groenlandeses no quieren ser "ni estadounidenses ni daneses".

El mandatario groenlandés admitió que la situación es "difícil", a la vez que llamó a la calma y a la unidad de esta isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados -el 80 % cubierto de hielo de forma permanente- y habitada por unas 57.000 personas.

Horas antes de la comparecencia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se reunió con los líderes de varios partidos políticos en Copenhague para tratar la cuestión, y también hubo otra reunión del Gobierno con representantes empresariales y sindicales.

Sareb no ha recibido ninguna oferta en la primera fase del conocido como 'Proyecto Viena', que incluía 50 suelos en los que levantar 3.770 viviendas de alquiler asequible y abrirá un periodo de análisis con el sector para valorar las causas y plantear los cambios que sean precisos para poder relanzarlo.

El lunes se cerró el plazo para que los interesados pudieran presentar sus ofertas a la licitación de esta primera fase, de más de 460 millones de inversión, y que tenía como finalidad la construcción de viviendas de alquiler asequible en suelos cedidos por la sociedad durante 80 años en 39 municipios ubicados en grandes ciudades o en su área de influencia.

Sin embargo, Sareb no ha recibido ninguna oferta en la licitación de estos primeros lotes, según ha apuntado en un comunicado. 

Los servicios de inteligencia que supuestamente encargaron en 2011 los entonces jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank al excomisario José Manuel Villarejo para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera de Sacyr y Pemex incorporaban información obtenida de los tráficos de llamadas del empresario Luis del Rivero.

Así lo ha declarado este martes ante la Audiencia Nacional un instructor de Asuntos Internos, que ha relatado que los informes estaban redactados "con cierta ambigüedad", ya que no decían abiertamente que había aspectos recogidos a través de llamadas, sino que hablaban, por ejemplo, de "fuentes fiables". Se trata del primer testigo que comparece ante el tribunal, que desde esta semana juzga esta pieza separada sobre los negocios del excomisario que investiga el 'proyecto Wine', sobre la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control de Repsol por parte de Sacyr y Pemex.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo Cenyt, cuyo titular real era Villarejo, por medio del también acusado Rafael Redondo, considerado su socio, emitió a Repsol y CaixaBank tres facturas, por un importe total de 389.400 euros, que estos clientes desembolsaron a partes iguales. La intervención del instructor de Asuntos Internos se ha basado, en buena medida, en los documentos incautados al expolicía, tanto trabajos como agendas, que dejarían constancia del "control" a Del Rivero, expresidente de Sacyr, del que se buscaba conseguir pruebas de posibles "irregularidades cometidas".

En esta línea, los trabajos llegaron a hacer "una amalgama de informaciones vinculadas a casos de corrupción más o menos conocidos en la época, sin tampoco datos concluyentes", ha contado el testigo, que ha mencionado que, "desde el primer informe", Cenyt ya había ofrecido "explícitamente" vigilancias y seguimientos.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la filtración de la declaración de Elisa Mouliáa y de Íñigo Errejón en sede judicial y ha destacado que la ley exige una protección especial de la intimidad de las víctimas de violencia sexual.

En un comunicado, la presidenta del Observatorio, Esther Erice, ha subrayado que confía en que la especialización de los juzgados en violencia sexual y la formación específica en esta materia "aporte una mejora sustancial en la instrucción y resolución" de los delitos sexuales.

Erice ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una "especial protección" de la intimidad de las víctimas de violencia sexual, pues prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a su identidad, "de aquellas circunstancias que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares".

El comunicado del Observatorio, también suscrito por la vocal conservadora Esther Rojo, incide en que las declaraciones de Mouliáa y Errejón ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid forman parte de un "proceso en trámite" y que, por tanto, "cualquier valoración podría constituir una intromisión en la función jurisdiccional del titular del órgano, cuyas actuaciones están sometidas al sistema de recursos".

Además, ha informado de que el CGPJ no ha recibido ninguna queja sobre este proceso. 

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado este martes que la decisión de los ministros de Sumar de abandonar la red social X es absolutamente "personal", ha recordado que hay miembros del Gabinete que nunca han utilizado esta plataforma y ha expresado su "máximo respeto" por la medida de protesta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también titular de Educación ha recalcado el carácter estrictamente personal del uso de redes sociales para difundir mensajes por parte de los miembros del Gobierno, porque "voluntariamente" cada uno de ellos decide qué canales de información y plataformas digitales prefiere.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Ernest Urtasun y Sira Rego han anunciado su salida de X y su formación, Sumar, la ha justificado porque en los últimos meses el multimillonario Elon Musk, propietario de la plataforma, no ha dejado de utilizarla para "fines políticos", a lo que se une que ayer diera un paso más "emulando el saludo nazi tras la investidura de Donald Trump".

Sobre esta cuestión, Alegría ha apuntado que aunque el propio Musk, que se acaba de incorporar a la nueva administración Trump, ha aclarado que no buscaba "asimilarse" al saludo fascista, resulta "curioso" que "de la cantidad de formas de saludar" haya empleado una que tiene "un parecido bastante inquietante" a los saludos nazis.

El Gobierno ha eludido este martes la confrontación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que España es un "socio fiable" y ha garantizado que va a hacer "todo lo posible" para seguir manteniendo una relación estratégica con ese país.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha sido preguntada por el error de Trump al incluir a España en los BRICS, por sus amenazas arancelarias y por alguna de sus primeras decisiones, como el indulto a los asaltantes del Capitolio.

Alegría, que ha considerado que no le corresponde al Gobierno opinar sobre esas decisiones, se ha limitado a señalar que "evidentemente España no es un BRIC, no es un país emergente" y ha indicado que no sabía si fue una confusión o no.

Tras reiterar las felicitaciones del Gobierno a Trump por su investidura, ha apuntado que tanto España como la Unión Europea miran a EEUU como un "aliado natural" y ha garantizado que el Gobierno va a hacer "todo lo posible para seguir manteniendo esa relación estratégica" y el vínculo trasatlántico.

Sobre la amenaza de subir aranceles, ha recordado que en la última década se han duplicado los intercambios comerciales entre los dos países y ha insistido en que España, el "principal motor" económico de la UE, es "un socio fiable".

El Gobierno ha expresado este martes su preocupación ante la filtración de declaraciones tan "sensibles" e "intimas" como la de la actriz Elisa Mouliaá sobre una presunta agresión sexual por parte del exdiputado Íñigo Errejón, y considera que esto evidencia que era necesario reformar la ley para que los casos de violencia sexual sean abordados en secciones especializadas.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, se han pronunciado así sobre la actitud del juez Adolfo Carretero al tomar declaración el pasado jueves a la actriz que denunció a Errejón por presunta agresión sexual.

Las imágenes de la declaración se difundieron este lunes en varios medios de comunicación y se ve cómo el magistrado pregunta a Mouliaá "para qué se sacó el miembro viril" Errejón durante el encuentro que ella denunció, o cómo le espeta: "¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?".

"Es imprescindible que estos juicios de agresiones sexuales se conozcan por secciones especializadas, que es precisamente lo que acabamos de aprobar en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", ha dicho Bolaños.

El ministro ha recordado que será en septiembre "cuando sea una realidad que haya jueces con un nivel de especialización máxima, para que no podamos ver declaraciones interrogatorias como la que vimos ayer", y ante las que "ha habido mucha gente que se ha sentido abochornada".

Los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado han asegurado al juez del Supremo que no tuvieron acceso a los correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso que se investigan en la causa, ya que la información que recibieron fue verbal.

El magistrado instructor Ángel Hurtado ha tomado declaración este martes a los jefes de prensa de sendas fiscalías en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación a una filtración sobre la causa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por fraude fiscal.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE señalan que ellos han explicado que no tuvieron acceso a los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, por lo que todo el acceso que tuvieron a la causa fue de manera verbal por sus superiores.

La jefa de prensa de Fiscalía General ha dicho que García Ortiz le dio información verbal para redactar la nota informativa que fue publicada a las 10.20 el 14 de marzo.

Lo hizo, ha explicado, porque el fin de García Ortiz era defender la actuación de fiscales ante cualquier sombra de actuación en el Ministerio Público, tras la noticia publicada por El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo, sobre el correo del fiscal al abogado del 12 de marzo para informarle de que iban a presentar una denuncia por fraude fiscal y que había posibilidad de pacto, cuando más tarde ha quedado acreditado que fue al contrario.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este martes la elección del ya expresidente de Indra, Marc Murtra, al frente de Telefónica, para afrontar de una forma "clave" los retos que tiene pendientes esta compañía en los próximos años.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha destacado la "normalidad" en el cese del que fuera presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que estaba en el cargo desde 2016 y al que le correspondía la renovación la próxima junta de accionistas.

Ha recordado además que este cambio ha sido fruto de una decisión adoptada de una "manera consensuada y mayoritaria de los accionistas" de la multinacional española.

Telefónica es una empresa estratégica "importantes retos que afrontar en estos próximos años", ha recordado.

Ha añadido que, "para afrontar estos retos de forma clave, se ha optado por una persona con perfil técnico -en alusión a Murtra- que ha mostrado su magnífica labor" en los espacios donde ha estado.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este martes por segunda vez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, ha vuelto a negar que tuviera tratos con el empresario Víctor de Aldama y ha retado al PP a presentar alguna prueba de lo contrario.

El también expresidente canario ha avanzado que es imposible que muestren alguna evidencia, ya que "no se puede probar lo que no ocurrió", así como ha considerado que las acusaciones de que pidió mordidas o de que se benefició "de pisos y señoritas" son "una mentira y un embuste del tamaño colosal de una catedral".

Ya en declaraciones a la prensa antes de su comparecencia Torres ha apuntado que la intención del PP en convocarle de nuevo a la Cámara Alta se debe a un "ataque político", pues le han citado unos días antes de que sea reelegido líder socialista canario el próximo fin de semana.

"Es el que afirma que tiene trato conmigo el que tiene que demostrar tal afirmación", ha subrayado Torres en una de sus primeras respuestas en la comisión, en referencia a De Aldama, quien en su declaración judicial como investigado así lo dijo, motivo por el que PP aprobó que el ministro volviera a declarar en el Senado, tras haberlo hecho ya el 26 de noviembre, cuando negó con "un rotundo no" su vinculación con la presunta trama.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, consideró este martes que los primeros decretos firmados por el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, cambiarán el mundo e hizo un llamamiento a "ocupar Bruselas".

"Los decretos ejecutivos firmados por el presidente Donald Trump transformarán no sólo a Estados Unidos, sino al mundo entero. La rebelión contra la democracia liberal 'woke' ha entrado en una nueva etapa. ¡Ha llegado el momento de que las fuerzas patrióticas ocupen Bruselas!", escribió Orbán en su cuenta de X.

Junto al mensaje, el líder ultranacionalista difundió un vídeo de un discurso de ayer en Budapest en el que señalaba que el modelo liberal occidental había "fracasado" y "se ha derrumbado bajo el peso de sus propios errores".

Orbán, líder del partido Fidesz, integrado en el grupo ultraderechista 'Patriotas por Europa', ha sido un crítico constante de la Unión Europea (UE), especialmente en política migratoria, derechos LGBTI y estado de derecho en general, áreas en las que su gobierno ha recibido sanciones y advertencias desde Bruselas.

En sus primeras horas de mandato, Trump firmó numerosos decretos, entre ellos la militarización de la frontera con México para impedir la llegada de inmigrantes y otro para reconocer solo dos géneros —el masculino y el femenino— deshaciendo derechos para el colectivo transgénero que promulgó el demócrata Joe Biden en ámbitos como el deporte o la salud.

La Comisión Europea llamó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reconsiderar su anuncio de retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el Ejecutivo comunitario consideró "inquietante", y abrió la puerta a reformarla, pero desde dentro.

"Siempre hay espacio para mejorar, pero nos gustaría involucrarnos en una posible reforma de la OMS (...). Necesitamos una solución común para los problemas comunes y si queremos reformar la OMS tenemos que estar comprometidos con ella", dijo en rueda de prensa la portavoz comunitaria de Salud, Eva Hrncirova.

Donald Trump, siempre muy crítico con la labor de la OMS, ya anunció la retirada estadounidense de la organización a finales de su primer mandato, durante el primer año de pandemia de covid-19, pero esta decisión fue cancelada por su sucesor Joe Biden nada más llegar a la presidencia en 2021.

Tras tomar posesión como presidente en su segundo mandato, el republicano ordenó retirar a Estados Unidos de esa organización.

"Vemos con inquietud el anuncio de retirada de Estados Unidos de la OMS y confiamos en que la Administración de Estados Unidos considere todo esto antes de la retirada formal", agregó la portavoz comunitaria.