¿Emancipación juvenil o subvenciones al rentismo? La letra pequeña del bono para el alquiler joven

En España hay nueve millones de jóvenes de entre 18 y 35 años, según el Instituto Nacional de Estadística y al menos la mitad de ellos (4.571.69) cobran menos de 24.000 euros brutos anuales. Ese es el tope máximo fijado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Raquel Sánchez, para optar al bono social de vivienda, aprobado por real decreto este martes, dirigido a la "emancipación juvenil", en palabras de la ministra.

Los requisitos marcados por el Ejecutivo es que la renta de una vivienda en alquiler no supere los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas si así lo establece la comunidad autónoma competente. En el caso de los pisos compartidos, la ayuda cubre habitaciones que cuesten como máximo 300 euros, ampliables a 450 en grandes urbes como Madrid o Barcelona. Se trata de una ayuda individual y finalista, lo que quiere decir que deberá destinarse obligatoriamente a pagar la renta. En el ministerio no han concretado cómo se realizará esa fiscalización.

La iniciativa bebe de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y está dotada con 200 millones de euros para este año, que el Gobierno prevé renovar el próximo año. Los solicitantes del bono además de pertenecer a la franja de edad acotada por el ministerio y contar con unos ingresos por ejercicio que no superen tres veces el actual IPREM (el indicador público de renta de efectos múltiples), deberán tener un contrato laboral en vigor.

Fuentes del ministerio de Transportes apuntan a que estos ingresos se calcularán en base a la declaración de la renta y admiten que habrá jóvenes que no reciban la ayuda pese a cumplir los requisitos. En ese sentido señalan que las comunidades autónomas tendrán que decidir qué priorizar a la hora de conceder la ayuda ya sea el número de llegada del expediente, hacer una preselección por renta o cualquier otro requisito.

Organismos como el Consejo de la Juventud de España han cifrado en 50.000 las personas jóvenes emancipadas que se podrán beneficiar de esta ayuda: apenas un 1,7% del total. Mientras que solo un 0,7% de los no emancipados podrían acceder a ella. Para el organismo esta medida, "anunciada a bombo y platillo, no da respuesta a su objetivo principal, que es mejorar la tasa de emancipación de las personas jóvenes en España". En el ministerio son más optimistas y creen que llegará a entre 60.000 y 70.000 personas. 

Los plazos que manejan desde el departamento de Sánchez es que la convocatoria se abra dentro de "mes y medio o dos meses máximo", aunque si la ayuda se concede se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Como paso previo el Gobierno celebrará una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, todavía sin fecha, donde se consensuarán los criterios de reparto de los fondos.

El bono no convence a sindicatos de inquilinos ni a portales inmobiliarios

Este bono de vivienda no convence ni a sindicatos de inquilinos ni tampoco a portales inmobiliarios como Idealista, aunque por motivos muy diversos. Para Enric Aragonés, portavoz del "Sindicat de Llogateres’ de Barcelona, este tipo de medidas están "mal orientadas" porque se basan en “subvencionar con dinero público a los rentistas” y lamenta que podría producirse una inflación en los precios de los alquileres.

En declaraciones a infoLibre, Aragonès señala que estas ayudas sólo pueden ser "útiles" si van aparejadas de un control sobre los precios, y en ese sentido lamenta que "se haya vuelto a postergar" la aprobación de la Ley de Vivienda, prevista para este martes. Aun así, el portavoz del sindicato catalán señala que la regulación planteada por el Gobierno es "absolutamente insuficiente" y destaca la necesidad de aplicar un "régimen sancionador" para los que incumplan.

Para Aragonès el Gobierno debería tratar de solucionar un “problema estructural" como es el acceso a la vivienda, con medidas "más ambiciosas". El portavoz sindical confía en que la Ley de Vivienda se modifique en el trámite parlamentario, tal y como demandan formaciones como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu y se reduzca la moratoria de 18 meses para que los grandes tenedores apliquen el control de precios. Un punto en el que Unidas Podemos, una de las formaciones que conforman el Ejecutivo, está de acuerdo. 

Por su parte, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, considera que se trata de una medida "voluntarista" pero "equivocada" porque "convierte al Estado en subsidiador de parte de los alquileres nacionales" en lugar de "generar un mayor volumen de oferta": "El Gobierno vuelve a errar en la fórmula y ayuda a crear nuevos problemas", asegura. 

“La ayuda directa, y esto es algo que nos han demostrado experiencias anteriores, tiene como principal consecuencia el aumento directo de los precios y la generación de graves discriminaciones sobre los inquilinos con salarios ligeramente superiores a estos, que tendrán que aumentar su esfuerzo en un escenario de subida de precios", valora.

El control de precios, clave para el "éxito" del bono

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El bono de vivienda fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre. En ese momento recibió críticas por parte de la derecha y la patronal, que aventuraron que terminaría repercutiendo en el precio de los alquileres a la alza. Tampoco faltaron quienes aseguraron que era una medida calcada a la renta básica de emancipación (RBE) impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que "fracasó estrepitosamente". A diferencia del bono de Pedro Sánchez, el de Zapatero se concedía en una franja de edad que iba de los 16 a los 29 años, y no de los 18 a los 35 años como el actual. 

"No está demostrado que subieran los alquileres por el impacto directo de la renta básica", asegura uno de los expertos que diseñaron esta ayuda junto a la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, el economista y expresidente de la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Alejandro Inurrieta. La hemeroteca tampoco arroja ninguna evidencia de tal incremento. Cuando se diseñó, en 2007, solo el 14% de los españoles vivía del alquiler frente al 26% actual según Fotocasa.

Inurrieta ve "un problema real" en que muchas comunidades autónomas del PP hagan "objeción de conciencia" y no recurran a la ley para fijar precios máximos en zonas tensionadas. "Y un control de precios es clave para el éxito del bono. Yo, de hecho, lo extendería a todos los propietarios, no solo a los grandes", ahonda. Asimismo, el economista cree que debería crearse "un servicio de mediación, arbitraje e inspección. Es decir, una herramienta que no existe en España" para que los caseros no suban los contratos y cobren en B.