Religión

Entesa lleva al Senado la anulación del Concordato

Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, en una foto de archivo.

El senador de Entesa pel Progrés de Catalunya Joan Saura, perteneciente a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), ha registrado en el Senado una proposición de Ley de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto en la que propone derogar los acuerdos establecidos con la Santa Sede en 1979 e impedirque los menores estén obligados a instruirse en una religión.

El texto pretende desarrollar el artículo de la Constitución Española que regula la aconfesionalidad del Estado y hacerlo extensivo al resto de opciones de pensamiento.

La proposición de ley recoge que, en el plazo de dos meses posteriores a la entrada en vigor de la misma, el Gobierno “iniciará los trámites para la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede relativos a nombramientos, asuntos jurídicos, asuntos económicos, sobre enseñanza, asuntos culturales y sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas”.

Contra la religión en la escuela

ICV propone además invalidar la presencia de la Religión en la escuela al impedir que ningún menor sea "obligado a instruirse en una religión o en un sistema de convicciones atendiendo al principio de capacidad progresiva del menor”.

La vigente Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, que desarrolla la aconfesionalidad del Estado recogida por la Constitución, dictamina que toda persona tiene derecho a elegir "para sí y para los menores no emancipados e incapacitados", la educación religiosa y moral dentro y fuera de las escuelas.

Las comunidades religiosas deberán financiarse con sus propios recursos

Tras imponer como asignatura religión, el PP acusa a la izquierda de adoctrinamiento

Tras imponer como asignatura religión, el PP acusa a la izquierda de adoctrinamiento

Saura quiere que el Estado no subvencione a asociaciones religiosas y que sean ellas las que se financien con sus propios recursos, aunque deja abierta la opción a aquellas actividades de asociaciones o entidades religiosas que se consideren de interés público.

Por último y en relación a los representantes y a la Administración pública, la proposición de ley quiere obligarles a actuar conforme al principio de aconfesionalidad del Estado. Además, durante la celebración de actos públicos, tratarán a los representantes de las comunidades religiosas al mismo nivel que otros de la sociedad civil, sin darles ningún privilegio especial o superior.

Más sobre este tema
stats