Las exhumaciones de los Lapeña del Valle de los Caídos: ¿un precedente para las reclamaciones de otras familias?

¿Se vislumbra un nuevo camino para que los familiares de víctimas de la Guerra Civil reclamen los restos de sus seres queridos enterrados en el Valle de los Caídos? Así lo cree Eduardo Ranz, el abogado memorialista que representa a las familias descendientes de cuatro fallecidos del conflicto que, este lunes, vieron como comenzaban los trabajos para exhumar sus cadáveres de la basílica en cumplimiento de una orden judicial. Para Ranz, estas actuaciones suponen sentar "un precedente humanitario", dado que los últimos cadáveres que salieron del Valle de los Caídos lo hicieron en la década de los 80. No obstante, el proceso acaba de comenzar y eventuales nuevas reclamaciones podrían encontrarse con la inacción de Patrimonio Nacional y el rechazo de la Abadía de Cuelgamuros, las instituciones responsables del monumento.

Dos años después de la sentencia que lo autorizó, el proceso de exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados en la Guerra Civil por el bando nacional, comenzó este lunes. Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción (adscrito al CSIC) iniciaron por la mañana los trabajos para determinar en qué estado se encuentra el lugar donde supuestamente se encuentran los restos de los dos represaliados, así como los de Pedro Gil y Juan González, combatientes del bando nacional cuyas familias también han conseguido permiso para valorar una posible exhumación.

La sentencia relativa a los Lapeña data de 2016, pero su ejecución ha estado paralizada durante dos años por el recurso presentado por el prior de la Abadía de Cuelgamuros para tratar de impedir la exhumación. Tras ser desautorizado por la Conferencia Episcopal, el religioso se ha visto obligado a ceder y este lunes ha dado comienzo lo que, para Ranz, sienta un "precedente humanitario que puede abrir la puerta a que Patrimonio Nacional reconozca los derechos de los familiares" de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

Ahora, los técnicos del CSIC tendrán que determinar la situación del osario de la cripta del sepulcro y las posibilidades que existen de acceder a los restos. Pero la sentencia que determinaba el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a darles una "digna sepultura" y el inicio de los trabajos para la exhumación suponen una novedad para un monumento como el Valle de los Caídos, del que no sale ningún cadáver para ser honrado por sus familiares desde el año 1980, como recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Ese año, los restos de 133 personas fueron exhumados y devueltos a Navarra tras las gestiones de una comisión de familiares con el Gobierno de Adolfo Suárez. Entonces, las negociaciones se llevaron a cabo discretamente y en ellas no intervino la justicia, sino que se trató de una decisión política. Pero el hecho de que ahora haya una sentencia judicial de por medio allana el camino para que otros familiares reclamen los restos de sus seres queridos. Y es que, con esta decisión y con su ejecución, "se crea la posibilidad de que otras personas se dirijan a Patrimonio Nacional" para ello, apunta Ranz. Para ello, necesitarían demostrar que son familiares de una persona enterrada en el Valle de los Caídos, aportar "pruebas" que sustenten que los restos se encuentran allí y ofrecer una "argumentación legal" que justifique su exhumación.

Con el abogado coincide la politóloga Paloma Aguilar, profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e investigadora experta en memoria histórica. Aguilar asegura que "se crea un precedente claro a través de esta sentencia" y también con el apoyo que ha ofrecido la Conferencia Episcopal a la exhumación de los restos, aunque apunta que, a su juicio, es probable que los familiares tengan que seguir recurriendo a la justicia para conseguir acceder a los restos de sus seres queridos. Pero ahora "al menos hay jurisprudencia", apunta la experta, que señala que "si las peticiones son en relación a criptas en buen estado" será mucho más fácil conseguir sentencias favorables para los familiares, dado que hay tumbas que se encuentran en malas condiciones y eso podría dificultar la identificación de los restos que albergan.

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No obstante, Emilio Silva sigue albergando "ciertas dudas" de que el inicio de los trabajos preliminares para la exhumación de los hermanos Lapeña, Pedro Gil y Juan González suponga un hito a partir del cual sea más sencillo para las familias recuperar los restos de sus seres queridos enterrados en el Valle de los Caídos. "Es evidente que tanto la Abadía de Cuelgamuros como Patrimonio Nacional han colaborado en poner todos los obstáculos" para que no se produjeran las exhumaciones, asegura Silva, que además critica que el Estado "oculta muchísima documentación" relativa al Valle de los Caídos.

Además, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que, en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy –que por entonces aún gozaba de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados– modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil y derogó varios artículos que databan del siglo XIX y regulaban el derecho a la "perpetua memoria", un principio que en origen se utilizaba para reconocer como heredero a una persona que hubiera desaparecido y reapareciera para cobrar su parte. "Ahora, todo depende de la política, y también del informe técnico" de los peritos que este lunes comenzaron a trabajar en el Valle de los Caídos, apunta Silva.