Los papeles de Bárcenas

Fuego amigo en el PP: González y su ex número dos extienden más sombras sobre los tesoreros

El expresidente madrileño Ignacio González a su llegada a la Audiencia Nacional.

La declaración como testigo del expresidente madrileño Ignacio González ante el juez que investiga la caja B del PP así como la de su antiguo número dos en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, extendieron este lunes nuevas sombras sobre las finanzas del partido y el papel desempeñado por los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. González vino a decir que el ahora octogenario Lapuerta, que sufre"demencia sobrevenida", pretendía obtener información sobre todas y cada una de las contrataciones que preparaba el Gobierno de Madrid, aunque se cuidó de no vincular expresamente ese interés con el hipotético cobro de comisiones a los adjudicatarios; y De Miguel señaló a Bárcenas como quien le recomendó recibir a varios empresarios, entre ellos aquel a quien grabó reconociendo pagos en un audio que sirvió para chantajear a la dirección nacional del PP, pero también evitó establecer una relación causa-efecto entre esas recomendaciones y el desembolso de donaciones.

Es la primera vez que el llamado fuego amigo –lanzado aquí por quien durante años fue el delfín de Esperanza Aguirre y enemigo acérrimo de Mariano Rajoy su equipo– entra en la escena de la llamada pieza de los papeles de Bárcenas, cuya reapertura parcial decretó el juez José de la Mata después de que Francisco Correa proclamara en el primer juicio de Gürtel que los aspirantes a contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban mordidas de hasta el 3% si finalmente se hacían con los contratos. Las acusaciones populares creen que el relato desplegado por González y De Miguel afianza la tesis de que las donaciones al partido manuscritas por Bárcenas a lo largo de dos décadas encubrían en realidad pagos a cambio de un trato de favor. Ambos comparecieron a petición de IU, que ejerce una de las cuatro acusaciones populares personadas en esta pieza derivada del tronco común de Gürtel y objeto ahora de una virulenta batalla jurídica tras la decisión de la Audiencia Nacional de cambiar sobre la marcha la composición del tribunal que debía someterla a juicio.

Principal investigado en la Operación Lezo, que le mantuvo en prisión preventiva seis meses, González lanzó un misil al asegurar que cuando llevaba poco como vicepresidente de Esperanza Aguirre tras su llegada al poder en noviembre de 2003 cuando supo que Lapuerta se interesaba de manera exhaustiva por todas las adjudicaciones del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Y que ordenó entonces cortar de raíz cualquier suministro de información al entonces tesorero nacional. Escurridizo, González evitó adentrarse en explicaciones de para qué habría querido el tesorero del partido controlar la evolución de las licitaciones del Gobierno regional pero lo cierto es que deslizó las dos afirmaciones: que Lapuerta estaba pendiente de cada contrato y que él, como número dos del Ejecutivo regional, mandó a sus subordinados cortar de raíz cualquier suministro de información al entonces tesorero.

Lapuerta y la placa de comisario

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el sucesor de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño y durante cuatro años, de 2011 a 2015,  número dos del PP regional describió un escenario de guerra abierta entre facciones. Y coinciden también en que se presentó como víctima de los montajes que atribuyó a Lapuerta: de hecho, le señaló como el responsable de que se le hubiera culpado en la prensa de estar involucrado en una turbia adjudicación de suelo de Arganda del Rey –el mayor pelotazo investigado en Gürtel– y de haber cobrado por la adjudicación a OHL del tranvía de Navalcarnero. Su relación, dijo, era mala e inexistente. Con la excepción de dos contactos. Sin dar fechas, el político relató cómo, en una primera reunión a la que había acudido siguiendo indicaciones de Aguirre, el tesorero le sorprendió mostrándole su placa de comisario honorario para a renglón seguido anunciarle que sabía cómo había adquirido su casa –no el ático de Estepona ahora sujeto a investigación judicial sino su domicilio en Madrid– y que le estaba investigando. González se levantó y se fue.

En el segundo contacto, Lapuerta le espetó que le habían informado de que González había cobrado por una adjudicación pero que a continuación le dijo que él mismo, es decir, el propio Lapuerta había comprobado que no era así. González, cuya declaración como testigo definen varias fuentes como teñida por la cautela propia de un imputado como de hecho lo es en Lezo, no reveló a qué adjudicación se refería el tesorero. Tanto en ese punto como en otros relativos a la conversación con Eduardo Zaplana interceptada por la Guardia Civil, el expresidente madrileño se pronunció en términos vagos y siempre como quien habla de oídas. Por ejemplo, reiteró que Javier López Madrid le contó que su suegro, Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, le pagaba a Lapuerta. Pero en ningún momento dijo tener certeza de que eso fuera así. López Madrid, que también testificó ante el juez De la Mata, lo negó luego: González está –dijo– "obsesionado" con su suegro, Villar Mir.

Trampas y grabaciones

En ese contexto de guerra entre rivales dentro del PP se inscribe también el episodio de la grabación hecha en 2008 por Ildefonso de Miguel al empresario Rafael Palencia, en aquel momento presidente de Degrémont. Según el exgerente del Canal de Isabel II, recibió a Palencia porque desde la oficina de Luis Bárcenas le pidieron que así lo hiciera. De Miguel le contó al juez y a los abogados presentes en su declaración que Bárcenas le había recomendado ver a otros dos empresarios, pero envolvió su narración en un mar de confusiones –aseguran distintos juristas– al sostener que las llamadas habían sido seguramente de secretaria a secretaria y que, además, ni siquiera recordaba el nombre de aquellas secretarias.

Pero en lo relativo a a Rafael Palencia sí fue claro en un punto: que como entre el PP de Madrid y el PP nacional había una situación liosa y aunque la llamada del despacho de Bárcenas parecía inocua, él prefirió grabar la reunión con el directivo de Degrémont previa consulta a Ignacio González. Lo hizo porque temía que aquello fuese "una trampa". La grabación, solo de audio, acabó en manos de Julio Ariza, fundador del grupo de comunicación Intereconomía, para el que De Miguel terminó trabajando.

La cinta fue a parar a Génova, supuestamente como herramienta del chantaje a Mariano Rajoy, chantaje con el que por la tarde negó cualquier vinculación Ariza, el último testigo de la serie. De Miguel reconoció que además de con Rafael Palencia se había reunido con otros empresarios. Pero que ninguno, dijo, había hablado de forma tan explícita. También a esa grabación se refirió el exministro Eduardo Zaplana, citado igualmente como testigo. Zaplana se limitó a remarcar que ignoraba si lo que se decía en ella es cierto porque en su conversación con Ignacio González, aquella que interceptó la Guardia Civil, todo lo que hizo fue seguirle la corriente al expresidente de Madrid.

 

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