El Gobierno admite que el debate sobre el aborto le perjudica electoralmente

La reforma de la ley del aborto es un dolor de cabeza para Mariano Rajoy desde el 20 de diciembre de 2013, cuando el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevó el anteproyecto que le había encomendado el presidente del Gobierno al Consejo de Ministros. Ahora, casi un año y medio después, con Ruiz-Gallardón fuera del Ejecutivo y tras desechar su texto, otra iniciativa descansa en el registro del Congreso y comenzará el próximo martes su trámite parlamentario para estar aprobada antes de final de legislatura. Como todo el proceso previo, este último paso también está siendo un calvario para el Gobierno. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre reconocen que la reapertura del debate vuelve a hacerles daño en un momento en el que Rajoy sólo quiere poner el foco en su denominado discurso de la "recuperación económica". A ello lo fía todo de cara a las próximas citas electorales.

Como muestra, citan que en los dos últimos días, desde que se conoció que un grupo de diputados del Partido Popular antiabortistas votarán en contra de la toma en consideración de la proposición de ley el próximo martes, la cuestión del aborto se ha colado en todos los actos de partido y hasta en el Consejo de Ministros. Este mismo viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue preguntada sobre si consideraba el aborto como un derecho. También hubo preguntas sobre la reforma para el sucesor de Ruiz-Gallardón en Justicia, Rafael Catalá, que intentó echar un capote a su jefa al asegurar que tampoco en la ley de José Luis Rodríguez Zapatero figura la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho.

Todo venía a colación de un intento de última hora del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara baja para intentar que sus diputados descontentos con la proposición de ley no rompieran la disciplina de voto en la votación del próximo martes. Y que fue desvelado este jueves por el diario El Mundo. La propuesta trasladada por el portavoz del PP en el Congreso a este grupo integrado por siete parlamentarios consistía en introducir en el plazo de enmiendas un texto en el que se insistiese en que el aborto no es un derecho. A día de hoy, los esfuerzos de Rafael Hernando parecen haber caído en saco roto porque los diputados no están dispuestos a dar su brazo a torcer al considerar la oferta "insuficiente". Y, salvo cambios de última hora, el PP votará dividido. 

La proposición de ley que se tomará en consideración la próxima semana es muy sencilla [consúltala aquí] y sólo toca el texto de los socialistas para introducir la necesidad de que las menores de 16 y 17 años que quieran abortar lo hagan con el conocimiento de sus padres.

Tras una semana entera de polémicas internas en el partido a cuenta de la estrategia de cara a las municipales y autonómicas del 24-M tras el batacazo en Andalucía, con enfrentamientos cruzados entre el PP de Castilla-La Mancha, en manos de la secretaria general del PP, y el andaluz, la crisis del aborto vuelve a agitar al partido de Rajoy. De nada sirvió el llamamiento que hizo a los suyos el martes en la Junta Directiva Nacional del PP para que se centrasen en dos grandes objetivos: la economía y los procesos electorales de este año. Justo un día después, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, se quejaba, por escrito de no haber podido tomar la palabra en el citado órgano de partido. Y dos días después, afloraban las quejas de este grupo de diputados respecto a la ley del aborto y su aviso de que votarían en contra si el texto no era modificado sustancialmente en la fase de enmiendas.

La reforma, sin cambios

El 'no' de los parlamentarios rebeldes tendrá repercusión no sólo en lo monetario –pagarán su multa correspondiente–, sino también en la disposición del Grupo Parlamentario Popular a introducir cambios en el texto presentado vía enmiendas en este sentido. 

Si se mantiene esta intención, el texto recibirá luz verde definitiva antes de las vacaciones de verano y sólo tocará la ley original en la cuestión de las menores. Mientras que para el grueso del PP y del Gobierno este ya es un cambio "sustancial", para los críticos y las asociaciones antiabortistas y ultracatólicas se trata de un parche que, en definitiva, viene a dar por buena la ley de plazos de Zapatero, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación.

¿Y el electorado?

A estas críticas se suman las de la oposición, que no comparten en texto, y otras que preocupan mucho al PP, sobre todo en época electoral: las de sus votantes más conservadores. Y es que, cuando el PP parecía haber resuelto internamente este asunto derogando el texto Gallardón y apostando por otro que pudiese concitar "más consenso", sus dirigentes tienen la sensación de haber regresado de nuevo a la casilla de salida. "No podemos dar la sensación de estar permanentemente enmendándonos. Tomamos una decisión y está tomada. Se consideró que es la que más consenso concita y la que más se acerca a nuestro programa electoral y tenemos que ser responsables", subraya un alto dirigente del partido.

En este sentido, antes de retirar el texto de Ruiz-Gallardón, hubo un debate muy intenso en el Gobierno sobre los efectos electorales que podía tener una marcha atrás. Y se llegó a la conclusión de que, pese a los riesgos, era mejor apostar por presentar una reforma más light. Cuentan fuentes conocedoras de estos encuentros que en la decisión pesó, además de la oposición frontal de la vicepresidenta y de un sector muy importante del Grupo Parlamentario Popular, por entonces en manos de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, las tesis de Pedro Arriola. El asesor de cabecera de Rajoy esgrimió unos análisis de los resultados de las elecciones europeas de mayo del año pasado en los que demostraba que la mayor fuga de votos del PP había sido por el centro. 

Esta semana, algunos de los cargos del PP descontentos con la iniciativa que el martes llega al Congreso, han comentado en privado sus sospechas de que una parte importante del fracaso del PP en Andalucía y del éxito de Ciudadanos tiene que ver con su posición respecto a la ley del aborto. No obstante, Ciudadanos ha mostrado abiertamente que es partidario de una ley de plazos que permita la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación. 

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En el PP, un partido que presume de discurso único, preocupa dar la imagen de una formación dividida en una cuestión como esta. No obstante, mantienen, que con el paso de los días, el grupo de diputados que van a votar en contra se ha reducido a "tres o cuatro". El mismo número podría registrarse en el Senado. "En un principio parecía un grupo sólido. Pero, ha habido enfrentamientos entre ellos y cada vez son menos", mantiene un parlamentario al tanto de este proceso.

Otras fuentes del partido insisten en la misma idea que subrayó Catalá en el Consejo de Ministros: en la ley socialista "no hay derecho al aborto". Por ello, ven "estéril" el debate generado para tratar de convencer a los críticos. "El aborto no es un derecho. La Constitución Española no lo establece como tal y eso ya lo ha interpretado el Derecho Constitucional", señalan.

El Tribunal Constitucional tiene pendiente desde hace cinco años resolver el recurso presentado por el partido de Rajoy contra la ley del aborto de Zapatero.