Amnistía fiscal
El Gobierno admite que el fallo del TC es una "contrariedad" pero recalca que no cuestiona la amnistía fiscal
El Gobierno ha admitido este jueves que el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la llamada amnistía fiscal es una "contrariedad", pero ha subrayado que es un reproche sobre el procedimiento legislativo elegido que no cuestiona la medida, han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
En concreto, el Pleno del TC ha declarado de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012 porque utilizó para ello el decreto ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas. Eso sí, el alto tribunal califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".
Sin embargo, desde el Ejecutivo obvian esta última crítica del TC y se centran en el procedimiento. Así, subrayan que en la sentencia no se cuestiona nada relativo a la regularización en sí, sino que se usara el decreto ley siendo un tema que afectaba a deberes del ciudadano, que están excluidos de esa fórmula legislativa.
Por eso, las mismas fuentes insisten en que el reproche es sobre el procedimiento legislativo elegido por el Gobierno del PP, el decreto ley, pero no por nada referente al fondo del asunto o la propia regularización.
Montoro pide comparecer en el Congreso tras la sentencia del TC que anula su amnistía fiscal
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, va a pedir acudir al Congreso para dar explicaciones después de que el Tribunal Constitucional haya anulado por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por su departamento en 2012 por considerarla inconstitucional.
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Así lo han anunciado fuentes conservadoras a Europa Press, que han precisado su intención de comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso, que ahora deberá fijar una fecha para acoger sus explicaciones. El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, ya habían exigido que rindiera cuentas ante la Cámara, y los dos primeros le han urgido, además, a dimitir.
Tras conocer el fallo del Alto Tribunal, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha destacado que la resolución cuestiona el "instrumento normativo", ya que se utilizó un decreto ley, pero "avala la regularización", por lo que "no tiene ningún tipo de consecuencia".
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, preguntado por si considera la decisión un revés para el Gobierno del PP, ha dicho que "no es un varapalo en términos políticos", sino que el Constitucional se ha limitado a hacer su "labor de control" y que "todos" deben acatar el fallo.
