El Gobierno advierte a las eléctricas de que podría impulsar una empresa pública ante el 'no' de Bruselas a cambiar el sistema

De récord en récord, el precio de la luz se ha convertido ya en el problema político del verano para el Gobierno. El mercado energético sigue sin dar tregua y mantiene en plena ola de calor cifras de máximos históricos en la tarifa de la electricidad, que este fin de semana prevé alcanzar los 128 euros por megavatio. Y el Ejecutivo asiste preocupado a las críticas de su propio electorado ante un asunto de especial sensibilidad para la opinión pública y del que pretende hacer bandera la oposición.

En ese contexto, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha querido combatir la imagen de inacción que parecía instalarse con el paso de los días. En una entrevista en la Cadena Ser, Ribera ha querido poner en valor que el Gobierno no solo “está haciendo” sino que “está buscando cómo seguir haciendo” para conseguir bajar el recibo de la luz “dentro del marco europeo y la Constitución española”. Aunque ha reconocido que hay muchas cosas que no están ni siquiera al alcance del Consejo de Ministros: “Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo o podemos intentar convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida intervencionista en los mercados de CO2. Pero eso no es realista", ha ironizado.

La vicepresidenta ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha llevado a cabo medidas que deberían tener un impacto inmediato en las facturas que pagan los ciudadanos, como la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto de generación, y el recorte de los conocidos como beneficios caídos del cielo para las empresas hidroeléctricas por el Co2 no emitido, un impacto aproximado de unos 1.000 millones de euros.

Empresa pública

En ese sentido, Ribera ha abierto por primera vez la puerta a la creación de “una empresa pública” que permita “disponer de toda la energía hidroeléctrica” con el objetivo de “ofertar energía de otra manera”. Un claro aviso a Bruselas, a quien España demanda un nuevo sistema de formación de precios, pero también a las propias compañías eléctricas.

En una entrevista reciente en infoLibre, la vicepresidenta para la Transición Ecológica ya mandó un aviso: “Pedimos una cierta contención a las eléctricas y que entiendan la posición del consumidor”. Desde Unidas Podemos pero también desde el PSOE, se ha criticado en las últimas semanas que las empresas estén llevando a cabo vaciados de embalses y utilizando los saltos de agua de todo el país para generar energía hidroeléctrica, mucho más barata que el desorbitado precio del gas, y que eso luego no repercuta en lo que paga el consumidor y sí en los beneficios de las compañías. De ahí que ahora el Gobierno se plantee rescatar las concesiones de esos saltos hidráulicos.

En Unidas Podemos celebran lo que consideran “un primer paso del PSOE” ante una demanda que los morados llevan años exigiendo. La secretaria general morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, vería como “una buena noticia” que los socialistas acojan “por primera vez nuestra propuesta de creación de una empresa pública de energía”, y llamó a su socio de coalición a actuar con “urgencia y valentía para rebajar el desorbitado precio de la luz”. Esta misma semana, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos había lanzado un llamamiento público a la ciudadanía para movilizarse ante los precios de la luz, retando veladamente a los socialistas para que “quien no quiera seguirnos se retrate ante la ciudadanía”.

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Críticas de la oposición

En el programa de gobierno firmado entre ambos partidos no se hace mención a la creación de una empresa pública, propuesta que Unidas Podemos sí ha llevado tradicionalmente en su programa electoral. En ese acuerdo firmado sí se recoge, en cambio, toda una batería de medidas encaminadas a la reducción del precio a través de un “Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura”. También en ese programa se detalla la protección de los “consumidores vulnerables” que el Ejecutivo ya tiene en marcha a través del conocido “escudo social” que, entre otras cosas, impide el corte de suministros en hogares con acreditadas dificultades económicas.

Desde la oposición, las críticas han sido constantes en los últimos días. El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado que Sánchez “esté dejando a demasiada gente atrás”, y ha prometido esta misma semana un novedoso sistema de generación de precios no puesto antes en marcha tampoco con gobiernos populares: “Haremos por ley que el consumidor pague solo por la energía consumida”. En el mismo sentido, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente del Gobierno que “se deje de excusas y actúe”.