El Gobierno confía en que no habrá rebajas de penas por malversación: "Ningún ladrón va a salir de la cárcel"

“Ningún ladrón va a salir de la cárcel”. Esta es la consigna que sale desde La Moncloa sobre la incertidumbre abierta tras la revisión del Código Penal y la futura aplicación en casos sobre la malversación. Un proceso ya inminente, al entrar la ley en vigor este viernes y con la Audiencia Nacional preparándose para el nuevo escenario.

Este martes se conoció que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise sus peticiones sobre el caso Acuamed a la luz de la reforma alumbrada por las Cortes, que supone en algunos casos rebajas de años de cárcel por este tipo penal.

Lo que ha solicitado el magistrado a la fiscal es, “si a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario”. Actualmente, se está en fase de instrucción, que debía haber concluido el pasado 29 de diciembre, pero se amplió hasta el 29 de marzo. Lo que se hace es abrir la puerta por parte de la Audiencia para que la Fiscalía pueda cambiar su escrito. Esto puede suponer que ahora se entienda que no se ajusta a la nueva tipificación penal.

La reforma del delito de malversación, fruto de un acuerdo para una proposición de ley por parte de los grupos de la investidura, ha sido polémica desde que se anunció. Afecta a los delitos de corrupción, un tema muy sensible para los partidos del Gobierno. Y ha suscitado enormes dudas entre algunos de los barones del PSOE, como Juan Lobato, Javier Lambán o Luis Tudanca. Desde La Moncloa y Ferraz siempre se repitió que no pasaría como la ley del ‘sí es sí’ en su aplicación.

Todos los casos de corrupción, "penados"

Fuentes del Gobierno insistieron a lo largo de este lunes: “No va a haber ningún caso de corrupción que no vaya a estar penado”. El Ejecutivo quiere mandar un mensaje de tranquilidad. Desde Moncloa enmarcan la puerta abierta por la Audiencia dentro de la “normalidad” del proceso y ponen el foco en que se trata de un caso que no está ni siquiera juzgado, sino en fase todavía de instrucción. Es decir, jurídicamente no sería una rebaja de pena porque no hay una condena.

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo centrada en la posibilidad de que haya una efecto como con la ley del ‘sólo sí es sí’ en su interpretación y la consiguiente disminución de años de cárcel para condenados por malversación. La portavoz del Ejecutivo y responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez, volvió a insistir en la “confianza” de que la aplicación perseguirá el objetivo de la norma “de no tolerar ningún tipo de comportamiento ilícito”.

Para Rodríguez, la petición del juez de la Audiencia Nacional es un “trámite procesal”. Por ello, ahondó: “Hay que recordar que la reforma va hacia no despenalizar ningún tipo de malversación”. En el Gobierno subrayan que se incluyó dentro una disposición transitoria que vela por ello y, por tanto, se confía en que no haya esa rebaja de penas. Además, defienden que se ha creado al hilo un nuevo delito de enriquecimiento ilícito.

“Lo que persigue el Gobierno con esta reforma es penar todo tipo de corrupción, el que se lo lleva para sí cuando se produce un uso irregular en la gestión y también para aquellos que se enriquecen a costa de su desempeño público y que hasta ahora salían de rositas”, defendió Rodríguez, para lanzar: “Este es un Gobierno que ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción”. “Además, esta norma tiene tiene ese mecanismo transitorio, a través de una disposición adicional, para confirmar esa línea de trabajo para que esas horquillas de las penas no se vean reducidas”, apostilló.

El coste electoral

Una cascada de rebajas de penas por corrupción es una auténtica pesadilla para la mayoría de los socialistas a menos de cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Esta parte de la macrorreforma legal que aprobó el Gobierno provocó mucho malestar en federaciones y cargos, no siendo bien digerida como sí ha sucedido con la sedición (para muchos más defendible por la homologación a normas europeas y cuya aplicación habría facilitado, por ejemplo, la entrega a España de Carles Puigdemont).

La corrupción es uno de los temas banderas de Pedro Sánchez, que llegó al Palacio de La Moncloa en junio de 2018 a través de una moción de censura que fue una reacción a las condenas a personas de la órbita del PP por la primera parte del caso Gürtel. Estos cambios ahora en el Código Penal han recibido críticas públicas por parte de socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha hablado de que no se puede hacer esto a la carta de los independentistas procesados.

En las encuestas publicadas estos días, como la de 40 DB para El País y la Cadena Ser, se refleja que la crisis institucional ha beneficiado a los populares frente al PSOE. Fuentes de Ferraz reconocen que esto se debe principalmente a las reformas de la malversación y de la sedición, pero entienden que se trata de un “coste puntual” en los sondeos y de que no será determinante para el ciclo electoral de este año, donde predominará la economía.

Pero el Partido Popular ha marcado un rumbo de desgaste contra el Gobierno precisamente por esta reforma, poniendo en el centro de la diana la relación entre el Gobierno y grupos parlamentarios como EH Bildu y ERC. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusó a la coalición de estar “intervenida” por sus socios en una especie de nuevo artículo 155.