Crisis del coronavirus
El Gobierno cree que la estrategia de la derecha no sólo no le hace daño sino que refuerza la movilización de la izquierda
La ofensiva política, judicial y mediática de la derecha contra el Gobierno está dando en hueso. Al menos esa es la opinión más extendida en el Ejecutivo y en los partidos que forman la coalición.
PP, Vox y sus aliados en el mundo de la comunicación llevan semanas tratando de instalar en la opinión pública la idea de que el Gobierno es culpable no sólo de la enfermedad que ha causado la muerte al menos a 27.000 personas en España sino del colapso económico provocado por el confinamiento, el más grave desde la guerra civil. Pero los datos de que dispone el Ejecutivo dicen que esa estrategia está fracasando: la información demoscópica que maneja el equipo del presidente Pedro Sánchez dice, según las fuentes consultadas por infoLibre, que los bloques de izquierda y derecha apenas sufren variaciones en la intención de voto de los españoles si los datos se comparan con los resultados reales de las elecciones generales del 10 de noviembre.
La gestión de la pandemia y el trabajo del Gobierno para paliar sus efectos sociales y económicos no ha desgastado al presidente ni a al PSOE pero tampoco a sus aliados de Unidas Podemos. Los socialistas se mueven ligeramente por encima del resultado del 10N y los de Pablo Iglesias repetirían las cifras de entonces. Del otro lado, el PP tampoco retrocede, pero los ultras de Vox pierden posiciones mientras Ciudadanos, ahora de la mano de Inés Arrimadas, cotiza al alza.
La fuentes consultadas por este diario subrayan que, según sus informaciones, la presión de la derecha está teniendo el efecto contrario al que buscan sus dirigentes porque en vez de erosionar el respaldo de los ciudadanos a las fuerzas que forman el Gobierno de coalición está movilizando a sus votantes. Quienes optaron por el PSOE o por Unidas Podemos en las últimas elecciones aumentan su identificación con el Gobierno en respuesta a los constantes ataques de la derecha de Pablo Casado y de la extrema derecha de Santiago Abascal.
Los estudios en poder del Gobierno no detectan trasvase de votos del PSOE al PP ni una buena expectativa de voto para una hipotética coalición entre Casado y Abascal. Las posiciones más duras contra el Ejecutivo, que son las que defienden el líder del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, José María Aznar y Santiago Abascal —de la derecha extrema a la extrema derecha—, tienen el respaldo de un 20% de los votantes. Pero no más allá.
Así que, pasado lo peor de la pandemia y con una profundísima crisis económica y social por delante, Sánchez e Iglesias se disponen a reactivar la agenda política de la legislatura sin prestar demasiada atención a la ofensiva de la derecha. Los asesores de Sánchez están convencidos de que tanto Casado como sus portavoces, embarcados en una carrera de exabruptos y críticas cada vez más altisonantes, están errando el tiro.
El efecto de Euskadi y Galicia
En el PSOE creen además que las elecciones autonómicas en Euskadi y en Galicia van a debilitar aún más la estrategia de Casado. En el caso del País Vasco, porque según sus cálculos la coalición con Ciudadanos va a obtener resultados peores que los que consiguió el PP hace cuatro años. Y en Galicia porque, pase lo que pase, el líder conservador tiene las de perder. Perderá si Alberto Núñez Feijóo mantiene o incluso refuerza su mayoría absoluta porque el heredero de Manuel Fraga revalidará su posición como alternativa dentro del partido y potencial sustituto de Casado. Y perderá también si Feijóo sale derrotado y el PP deja de gobiernar una comunidad tan emblemática como Galicia.
Los socialistas saben que en Euskadi, en el mejor de los casos, tendrán que repetir coalición con el PNV como primera fuerza y que en Galicia se les ha puesto muy difícil acabar con la mayoría absoluta conservadora. Pero esperan salvar los muebles mejorando los resultados de 2016. Algo que no resulta muy difícil teniendo en cuenta las cifras tan modestas que obtuvieron entes.
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Superada la dificultad de sacar adelante las sucesivas prórrogas del estado de alarma, imprescindible para superar la fase más complicada de la lucha contra la pandemia, el esfuerzo del Gobierno se centra ahora en la reconstrucción. Los plazos que se han fijado pasan por haber recuperado el ritmo de crecimiento en 2022 y superar completamente la crisis para cuando se aproximen los últimos meses de la legislatura, allá por el otoño de 2023.
Para conseguirlo necesitan en primer lugar sacar adelante los Presupuestos Generales del año que viene. Y aunque los socios de la coalición siguen dando prioridad en las negociaciones a los partidos que contribuyeron a la investidura, con la mayoría de los cuales tiene acuerdos políticos en vigor, los socios de Gobierno —especialmente el PSOE— no hacen ascos a la posibilidad de incorporar al tablero de juego a Ciudadanos después de que su nueva líder, Inés Arrimadas, haya dado el paso de hablar, negociar y pactar con el Gobierno. Pablo Iglesias es más escéptico que Sánchez, según las fuentes consultadas por infoLibre, especialmente en materia económica, pero aún así no cierra la puerta a intentar una negociación con los naranjas para formar mayorías en el Congreso.
El comodín de Ciudadanos tiene enorme valor estratégico para Sánchez porque, desde un punto de vista estrictamente aritmético, reduce notablemente la capacidad de presión de Esquerra, especialmente si los republicanos acaban cediendo a la tensión de la precampaña electoral catalana y suben la apuesta soberanista en la mesa de diálogo creada el pasado febrero. Tan importante es que el Gobierno se ha negado a marcar distancias con Arrimadas, a pesar de que así se lo han pedido las formaciones nacionalistas y de izquierdas, desde el PNV a ERC, que desconfían de la influencia que una formación neoliberal y jacobina como Cs pueda tener sobre las políticas del Gobierno.
