Cuba
El Gobierno exige a Cuba que respete las manifestaciones y la derecha le acusa de querer importar sus “políticas comunistas”
Cuba se convirtió este martes en el nuevo campo de batalla político en España. PP, Vox y Ciudadanos se desentendieron del nuevo Gobierno, del multimillonario plan del coche eléctrico aprobado por el Consejo de Ministros y de la decisión del Ecofin de dar luz verde a la llegada de los fondos de recuperación a España para centrarse en acusar de connivencia con el régimen cubano al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El desencadenante fueron las manifestaciones de ciudadanos cubanos reclamando libertad de expresión y democracia para su país, rápidamente reprimidas por el régimen de la isla, así como la represión ejercida contra los periodistas, entre ellos la corresponsal del diario Abc. La derecha, especialmente el PP, han visto en la crisis cubana la oportunidad de explotar las diferencias entre los socios del Gobierno en torno a este asunto y de confirmar, aseguran, que se trata de un Ejecutivo “radical”.
La tardanza en reaccionar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo nuevo titular, José Manuel Albares, apenas lleva 24 horas en el cargo, abonó las críticas de las tres formaciones de la derecha. Y cuando su produjo, a primera hora de este martes, fue inmediatamente contestada por los tres partidos, que la consideran insuficiente.
El comunicado de Albares se limita a defender “el derecho fundamental a manifestarse libre y pacíficamente de todos los ciudadanos y pide a las autoridades cubanas que lo respeten”. Atribuye la crisis en el país a “varios elementos”, entre “los que destaca la crisis económica, así como una caída del turismo derivada de la covid”. Y para hacer frente a esta situación, reclama “incrementar el ritmo de las reformas” y ofrece “ayuda para aliviar su situación como hemos hecho ya con otros países de la región”.
La nota, sin embargo, no cuestiona la forma de gobierno de la isla. Tampoco lo hizo, horas después, la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. “No hay duda de que España es una democracia plena. No puedo ser más rotunda en la defensa de los derechos y las libertades. No hay duda de cuál es la posición de nuestro país en relación con la defensa de los sistemas políticos: la democracia”, se limitó a decir cuando le preguntaron si cree que Cuba es o no una dictadura.
Cuando tuvo lugar la crisis con Marruecos y este país facilitó que miles de personas traspasaran de forma irregular la frontera ceutí, el PP no reclamó la condena del régimen de Mohamed VI, al que los índices internacionales de calidad democrática sitúan en el grupo de las peores autocracias del planeta. En el caso de Cuba, en cambio, la formación de Pablo Casado exige “la condena de todas las formaciones políticas, incluido Podemos como partido en el Gobierno, ante lo que se está ocurriendo en Cuba. El Gobierno de España debe exigir una transición pacífica que acabe con la ruina castrista”.
La posición de Unidas Podemos
El PP está especialmente interesado en utilizar la posición de Unidas Podemos sobre este conflicto para trasladar la idea de que España tiene un Gobierno “radical” y que el presidente Pedro Sánchez “está en manos comunistas”. Fue la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal quien, después de pedir al Gobierno cubano que respete el derecho de manifestación, rechazó calificarlo de dictadura: “Actualmente el Gobierno cubano no considero que sea una dictadura”.
Antes incluso de que esas declaraciones se hubiesen producido, el PP ya había dejado clara la lectura que da a la situación. Lo hizo su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en declaraciones al portal Okdiario: “El problema no es que [el ministro de Consumo, Alberto] Garzón, no conozca la realidad del pueblo de Cuba pasando hambre, reprimido durante décadas y sin libertad de expresión; el problema es que las políticas comunistas de Cuba están en el Gobierno, las aprueba el Consejo de Ministros y las quieren para nuestras vidas”.
En el PP creen que la reacción del Gobierno, en línea con la del presidente de EEUU, Joe Biden, y de la Comisión Europea, “retrata” a Sánchez “y a su nuevo Gobierno”. Afirman que el hecho de que la portavoz del Gobierno evitase calificar a Cuba como una dictadura demuestra que “el Ejecutivo se radicaliza aún más” y que “Unidas Podemos toma las riendas de nuestra política internacional”. “El silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes”, apostilló el número dos de Casado, Teodoro García Egea.
En la misma línea, Vox manifestó su descontento con la reacción del Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, la calificó de “tibia” y “carente de cualquier tipo de claridad” y exigió, igual que el PP, una “condena rotunda” de la represión, la liberación de los presos políticos y forzar una “transición pacífica”.
PP y Vox coinciden en reclamar que España lidere una respuesta de la Unión Europea en apoyo de quienes reclaman libertad y democracia en Cuba y han puesto en marcha iniciativas para institucionalizar el debate con las que además esperan dividir a los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, o en su defecto retratarlos como aliados la represión en Cuba. Vox ha registrado una proposición no de ley para forzar una votación en el Congreso —que no podrá ser votada hasta septiembre— y el PP ha movilizado a sus grupos parlamentarios en las Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos para que exijan al Gobierno de Cuba el cese de la represión y apoyo una transición “pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad”.
Un primer intento de esta estrategia lo protagonizó este mismo martes Ciudadanos en la asamblea autonómica valenciana. Los tres grupos que apoyan al Govern del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) rechazaron la declaración institucional que habían presentado los narajas en Les Corts sobre la situación en Cuba. Consideran que “se queda corta” al no pedir el fin del bloqueo, y que “pone a parir” a los grupos de la izquierda.
Ciudadanos está en este asunto en línea con PP y Vox. Su vicesecretario general, Edmundo Bal, tachó de “pusilánime” al nuevo ministro de Exteriores y le exigió que apoye con “contundencia” a los cubanos que protestan en la calle y que condene “la dictadura”. “Escuche, se llama dictadura, es una dictadura comunista”, remarcó.
Igual que las otras dos formaciones de la derecha, Cs cree que Sánchez y el PSOE no actúan con firmeza en este asunto porque “no quieren enfadar a su socio” de gobierno, Unidas Podemos.
Los morados, igual que otras formaciones de izquierdas, intentaron poner el énfasis del conflicto en el bloqueo que sufre la isla. Fue lo que hizo en Twitter el secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, que, sin mencionar las protestas, señaló la necesidad de que se levante ya el bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba en 1962, una “medida contraria al derecho internacional que impide llegada de alimentos, material sanitario y recursos financieros”.
En esa línea, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, calificó de “hipócrita” que existan “muchos titulares” sobre la crisis que vive Cuba desde hace unos días y “pocos” sobre otros regímenes “autoritarios” como Marruecos, al que incluso se le llama “amigo”, en referencia a la primera declaración de José Manuel Albares como ministro.
La política de Sánchez en Cuba
Hace apenas dos meses, el Gobierno manifestaba su esperanza de que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, revirtiese las decisiones adoptadas por Donald Trump respecto a Cuba, en particular aquellas que considera “lesivas” para los intereses de España, en el marco de la reflexión abierta por la nueva Administración norteamericana, asegurando que así se lo ha transmitido a Washington.
En una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado de Podemos Gerardo Pisarello, el Gobierno recalcaba que comparte “objetivos” con EEUU, “como garantizar y promocionar los Derechos Humanos en beneficio de todos los ciudadanos”. Pero recordaba que “ha rechazado tajantemente aquellas decisiones que ha considerado lesivas para sus legítimos intereses (también de la UE y de sus estados miembros) en la isla”.
En concreto, la activación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton por parte de la Administración de Donald Trump. El primero de ellos, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que se lucren con propiedades decomisadas en Cuba, fue activado en mayo de 2019, mientras que el título IV permite restringir la entrada en Estados Unidos de extranjeros objeto de este tipo de demandas. Ambas medidas afectan a empresas españolas presentes en la isla, principalmente en el sector turístico. “Rechazamos la aplicación extraterritorial de medidas sancionadoras nacionales por ser contrarias al Derecho Internacional”, recalcaba entonces el Gobierno.
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“España siempre ha estado comprometida con Cuba” y en los últimos tiempos se ha “iniciado una nueva etapa con el objetivo de alcanzar la plena normalización de nuestras relaciones, basadas en el respeto mutuo, el fomento de la confianza y el acompañamiento constructivo”.
“Nuestro enfoque pasa por un acompañamiento crítico, pero constructivo, basado en la generación de confianza, que nos permita hablar de todo y avanzar en todos los ámbitos de la relación”, explicaba en abril el Ejecutivo, subrayando además que “está alineado con la actual política de la UE hacia Cuba, cuyo marco es el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba”.
Entre las empresas españolas con intereses en Cuba destacan Meliá, Iberostar, NH, BBVA, Barceló, Iberia, Amadeus y Air Europa.
