Empleo público

El Gobierno de González enchufa en el Canal a dos cargos con un sueldazo que triplica al de los compañeros

Ignacio González y su consejero de Presidencia, Salvador Victoria, en la toma de posesión del fiscal jefe José Javier Polo, el 4 de julio de 2013.

Desde julio de 2012, Canal de Isabel II Gestión –la sociedad que se hizo cargo en esa fecha de las funciones de gestión del agua de la Comunidad de Madrid– ha contratado a una decena de personas para su grupo profesional más cualificado. La práctica totalidad de ellas cobran un sueldo anual de 26.750 euros. Pero hay dos que tienen un salario mucho más elevado. Son María del Camino Arroyo Prada, excargo de confianza de Esperanza Aguirre, y Covadonga Fernández González, consejera de Telemadrid a propuesta del PP, que ganan 74.262 y 63.642 euros al año, respectivamente, según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre.

Un portavoz oficial de la empresa no ha querido hacer declaraciones sobre este privilegio salarial, al asegurar que su política de comunicación contempla "no facilitar información sobre los trabajadores". El presidente de Canal Gestión es Salvador Victoria, que además es portavoz del Gobierno y persona de la máxima confianza del jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González. Los contratos están firmados por Adrián Martín, que es director general de Canal de Isabel II Gestión.

Hasta el 19 de septiembre de 2013, cuando se produjo su cese, María del Camino Arroyo –exmujer del exdiputado del PP y actual embajador de España en India Gustavo de Arístegui– era directora general de relaciones externas de la Comunidad de Madrid. Su paso por el paro fue breve, ya que el día 25 de septiembre de 2013, tan sólo seis después de su destitución, fue contratada por Canal Gestión para realizar funciones relacionadas con el protocolo.

Por su parte, Covadonga Fernández –contratada por Canal Gestión el pasado 24 de febrero– es consejera del Ente Público Radio Televisión Madrid desde junio de 2011 en representación del PP, un cargo que revalidó en julio de 2013, momento en el que se hizo efectiva la reducción del consejo de administración, que pasó de tener 17 miembros a contar con ocho. En enero de 2013, siendo ella consejera, la cadena despidió a 925 trabajadores, el 80% de su plantilla, una decisión que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, justificó en la mala situación económica de una empresa que ha sido protagonista de varios escándalos de despilfarro. 

Los pasos hacia la privatización

La creación el 1 de julio de 2012 de la empresa Canal de Isabel II Gestión S.A. trajo consigo que las funciones que hasta entonces tenía el ente público Canal de Isabel II –la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua de la Comunidad de Madrid– pasasen a ser gestionadas por una sociedad anónima, la cual, pese a lo que estaba previsto por el Gobierno del PP –que pretendía introducir capital privado–, mantiene por ahora todo su capital en manos públicas.

No obstante, no fueron los únicos cambios: los trabajadores que se contratan desde entonces están sujetos a las condiciones salariales del III convenio estatal del sector, en lugar de las que establecía el XVIII convenio colectivo del Canal de Isabel II, las cuales sí mantienen, a través de cláusulas individuales, los antiguos empleados del ente público que fueron subrogados por la nueva empresa. En la práctica, esto supone que los nuevos contratados cobren salarios base mucho más bajos que los que se abonaban anteriormente.

Dicho convenio estatal establece la división de los trabajadores en seis grupos profesionales, siendo el grupo 6 –en el que están encuadradas Arroyo y Fernández– aquel que agrupa a los empleados que realizan "funciones complejas y heterogéneas que conllevan responsabilidades sobre planificación, organización, dirección y coordinación", según informa una circular enviada en noviembre de 2012 a los trabajadores de Canal Gestión.

Los integrantes de este grupo contratados a partir del 3 de julio, según el convenio estatal, cobrarían 18.496 euros, si bien en la carta se especifica que estos empleados "percibirán un complemento específico, no consolidable, que sumado al salario bruto anual [...] equivaldrá, en su cuantía, a los niveles retributivos" contemplados en el convenio del Canal de Isabel II; también se aclara que "para los dos niveles retributivos inferiores de este grupo profesional, el complemento específico, no consolidable, se fija en 8.254 y 17.854 euros". Es decir: los únicos contratados tras la creación de Canal Gestión que pueden llegar a cobrar el mismo sueldo que se ganaba con el antiguo convenio del ente público –salarios que, dependiendo del puesto, se sitúan entre los 38.590 y los 78.170 euros brutos anuales–, según la circular, serían los encuadrados en el Grupo 6. 

Otras peculiaridades de los contratos

No obstante, este complemento no se aplica a todos los trabajadores contratados a partir de julio de 2012 por igual, incluso dentro de este grupo: de hecho, Arroyo y Fernández son las únicas que tienen sueldos tan desproporcionadamente diferentes a los de sus compañeros, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. Si bien los contratados desde esta fecha en el grupo 6 suelen cobrar un salario base más alto que el establecido en el convenio estatal del sector, éste asciende a 26.750 euros, frente a los 18.496 que establece el documento. Mucho menor, en cualquier caso, a los 63.642 euros que se embolsa al año Covadonga Fernández, y también inferior al sueldo base de más de 74.200 euros de Camino Arroyo.

Las diferencias entre los contratos de Covadonga Fernández y María del Camino Arroyo con respecto a los del resto de sus compañeros de su mismo grupo profesional e incluso con su mismo tipo de contrato no se limitan al aspecto salarial. Ambas están ligadas a la empresa a través de sendos contratos temporales, pero ninguno de los dos establece con rotundidad una fecha fija de finalización. Mientras el de la consejera de Telemadrid señala que se extinguirá "cuando finalicen los trabajos descritos en la cláusula sexta [la que detalla cuáles son los cometidos del empleado], situación inicialmente prevista para el 4 de marzo de 2015", el de Arroyo establece únicamente que el acuerdo contractual concluirá "cuando finalicen los trabajos descritos en la cláusula sexta". Sin fijar ningún tipo de fecha.

El resto de contratos temporales de la compañía a los que ha tenido acceso infoLibre, tanto de obra –modalidad al que pertenecen los de Arroyo y Fernández– como eventuales por circunstancias de la producción,sí fijan un momento concreto de finalización, y en el caso de que incluyan la fórmula relativa a que el acuerdo terminará "cuando finalicen los trabajos descritos en la cláusula sexta", ésta va acompañada de la apostilla "si ésto último ocuriese antes de" la fecha que se ha establecido para el término de la relación laboral. Por ejemplo: uno de los contratos señala que el acuerdo se extinguirá "el 19 de febrero de 2016, o bien cuando finalicen los trabajos descritos en la cláusula sexta, si ésto último ocurriese antes del 19 de febrero de 2016".

También llama la atención que, siendo los de Arroyo y Fernández contratos de obra, la descripción de su cometido sea genérica, a diferencia de lo que ocurre con los de otros compañeros empleados bajo esta modalidad. El contrato de Covadonga Fernández explica que su labor será la de desarrollar e implantar "nuevos mecanismos y medios para la interacción eficaz de Canal Gestión con el entorno científico y empresarial y las entidades de incentivación y financiación de proyectos e iniciativas de I+D+i, todo ello enmarcado en la estrategia de I+D+i de Canal de Isabel II Gestión S.A.", mientras que el documento firmado por la exdirectora general de relaciones externas de la Comunidad de Madrid señala que su cometido es "organizar y poner en funcionamiento los procedimientos de trabajo que resulten adecuados para la gestión de funciones de protocolo, asesoría y organización y gestión de acontecimientos institucionales".

Las descripciones contrastan con las de otros ejemplos de contrato de obra firmados por Canal Gestión, mucho más concretas. Un acuerdo laboral con un topógrafo, por ejemplo, establece que "el contrato tiene por objeto efectuar el inventario y la digitalización de la red de alcantarillado comprometido en el contrato 135/12 para los nuevos municipios incorporados a gestión durante 2012".

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