El Gobierno mantiene “todas las puertas abiertas” para aprobar una última prórroga de la alarma

La tarea de culminar la desescalada de forma ordenada, cumpliendo los pasos aprobados por el Gobierno en cumplimiento de las recomendaciones de los científicos que asesoran al Ministerio de Sanidad y de los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se complica cada vez más. La posibilidad de perder la votación en el Congreso el pasado miércoles ya obligó al PSOE a dar un paso en falso y firmar un acuerdo con EH Bildu del que se vio obligado a renegar a las pocas horas para no perturbar el delicado equilibrio en el que se basa la coalición con Unidas Podemos y que tiene en la ministra de Economía, Nadia Calviño, y en el vicepresidente Pablo Iglesias, dos polos opuestos.

El Gobierno es consciente de que no tiene ninguna garantía de poder culminar la desescalada como pretendía, prolongando el estado de alarma hasta que todas las comunidades hayan completado la Fase III, a finales de junio o en los primeros días de julio. Así que sus servicios jurídicos ya buscan una fórmula “creativa” que le permita conservar hasta julio los dos elementos esenciales de la desescalada: la limitación de movilidad entre provincias y la posibilidad de volver al confinamiento si se se produce un rebrote. La dificultad radica en que, como Pedro Sánchez ha mantenido siempre, ninguna de esas dos herramientas se puede apoyar en la legislación ordinaria, justo lo contrario de lo que defiende el PP.

La intención del Gobierno es diseñar lo antes posible su plan para después del actual estado de alarma con el fin de presentárselo a sus interlocutores políticos en el Congreso, en el que sigue creciendo la nómina de partidos que se siente agraviados. Ciudadanos, que en el últimos mes ha resultado clave para salvar en el Congreso las votaciones que han hecho posible prorrogar las medidas de confinamiento, se sumó este lunes al coro de la derecha en contra de la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, coincidiendo con el envío a la jueza de un informe que responsabiliza al delegado del Gobierno en la comunidad madrileña, José Manuel Franco, que también es el líder del PSM, y al doctor Fernando Simón, de haber autorizando la manifestación del 8M en las calles de la capital cuando supuestamente ya sabían que suponía un grave riesgo para la salud.

El Gobierno tendrá que esforzarse en los próximos días para retener el apoyo de la formación naranja, pero también del PNV, muy molesto por el acuerdo con Bildu en plena precampaña electoral en el País Vasco. O para recuperar la abstención de Esquerra, que se siente desplazada de la mayoría que dio origen a la investidura, así como de socios más pequeños, como Compromís. Eso sin contar la dificultad añadida que, según algunas fuentes, representa la pérdida de credibilidad negociadora que ha supuesto la decisión de renegar del pacto con Bildu apenas unas horas después de hacerse público. Los partidos que pacten con el Gobierno querrán garantías de que lo que firman se va a cumplir.

La necesidad de apoyo

En cualquier caso, el PSOE mantiene “todas las puertas abiertas” para alcanzar las mayorías que necesita en el Congreso, lo que sigue incluyendo a EH Bildu. Durante la reunión de la permanente socialista celebrada este lunes bajo la presidencia de Sánchez, el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, reconoció que a la dirección del PSOE no le hace ninguna gracia pactar con Bildu, pero tampoco con el PP y, sin embargo, reivindicó, hay ocasiones en que resulta necesario hacerlo, informa Europs Press. Esta vez, porque la prioridad era mantener el estado de alarma, que el Gobierno sigue consideran imprescindible para someter definitivamente a la pandemia.

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En el seno del partido se considera inevitable al menos otra ampliación más de la alarma, en los términos actuales o según la fórmula “creativa” que busca el Gobierno. Y preocupa la forma en que algunos partidos, como ERC o Compromís, pero también otros más pequeños, incluidas formaciones regionalistas, han comenzado a condicionar su respaldo a la prórroga a la obtención de contrapartidas que nada tienen que ver con el virus.

De momento, lo ocurrido en los últimos días y la incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, no parece haber afectado a la solidez del acuerdo de coalición y, especialmente, a la sintonía que sigue presidiendo las relaciones entre los líderes del PSOE y de Unidas Podemos. La crisis provocada por haber pactado con Bildu la derogación “íntegra” de la reforma laboral se ha saldado con la coincidencia de ambos socios en que la referencia sigue siendo el acuerdo de coalición firmado en diciembre por Pedro Sanchez y Pablo Iglesias, que hace referencia a la derogación en el marco de la reforma del Estado de los Trabajadores y sin fijar fechas, aunque sí haciendo referencia a tres reformar “urgentes”.

Lo ocurrido con el coronel Pérez de los Cobos, que en 2017 alcanzó cierta notoriedad porque fue él quien dirigió el operativo policial enviado por Mariano Rajoy a Cataluña que no sólo fracaso a la hora de impedir el referéndum del 1 de octubre sino que llevó a cabo las cargas policiales contras quienes pretendían votar que acabaron dando la vuelta al mundo, dio este lunes nueva munición a la derecha, sobre todo al PP y a Vox, para sostener su ofensiva contra el Gobierno, al que, casi nueve años después de la desaparición de ETA, llevan varios días acusando de haber pactado con los herederos de la organización terrorista.