Transparencia

El Gobierno oculta cuántas cartas remitió a los beneficiarios de la amnistía fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño del Congreso.

El Gobierno no detalla ningún dato relacionado con la amnistía fiscal de 2012, el proceso mediante el que los contribuyentes pudieron aflorar rentas no declaradas pagando un porcentaje de las cantidades regularizadas.

Las últimas informaciones que ha negado tienen que ver con el número de cartas, por provincias, que recibieron los beneficiarios de la llamada Declaración Tributaria Especial (DTE) antes del pasado 30 de noviembre, en las que se les notificaba que las posibles investigaciones relacionadas con el proceso no prescribían. Y, derivado de ello, el número de contribuyentes que, por provincias, se acogieron a esta iniciativa.

"Se comunica que, efectivamente, se enviaron notificaciones a los presentadores de la declaración tributaria especial", responde el Gobierno de forma reiterada y sin más detalle a una batería de preguntas parlamentarias registradas a finales de diciembre por un grupo de diputados socialistas.

Los parlamentarios plantearon las mismas preguntas por provincias españolas. "¿Se han llevado a cabo dichas notificaciones en la provincia [...] con fecha anterior al 30 de noviembre?". "¿Cuántos sujetos pasivos se beneficiaron de la regularización fiscal del año 2012 en la provincia de [...]?". "¿A cuántos beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012 en la provincia de [...] se les ha remitido la mencionada carta informativa?". "¿Se han mandado de manera personalizada las misivas incluyendo los datos del contribuyente destinatario de la notificación junto a los datos completos de las declaraciones afectadas por este proceso o se ha mandado una advertencia genérica a través de un formulario tipo?".

Para no entrar al detalle de estas preguntas, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, responde al principal partido de la oposición que "no cabe facilitar mayor información debido al carácter reservado de los datos". Y cita expresamente como respaldo la Ley General Tributaria, concretamente su artículo 95.

Los datos, fija la ley, "sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".

En todo caso, el Gobierno recuerda que los datos de recaudación pueden consultarse en el informe anual de recaudacióninforme anual de recaudación del año 2012, el ejercicio fiscal para el que se habilitó esta amnistía fiscal.

La carta

El pasado 21 de noviembre, Cristóbal Montoro informaba de que iba a remitir una misiva a los cerca de 300.000 beneficiarios de la amnistía fiscal. Se trataba de un documento informativo, sin efecto jurídico, mediante el que Hacienda advertía a los destinatarios de la carta de que la amnistía fiscal no prescribía. Es decir: que podían abrirse investigaciones a raíz de lo consignado en la llamada Declaración Tributaria Especial.

El Gobierno no daba este paso de forma voluntaria. Lo hacía a rastras, empujado por Ciudadanos, su socio de investidura. Poco antes, los 32 escaños del partido de Albert Rivera habían servido para aupar a Mariano Rajoy a la Moncloa y acabar con un periodo de Ejecutivo en funciones de casi un año.

En el partido naranja interpretaban que a partir del 30 de noviembre prescribían los posibles delitos que pudiesen derivarse de esa amnistía fiscal. En Hacienda lo negaban asegurando, además, que ya se habían efectuado más de 3.000 inspecciones a ciudadanos que se habían acogido a ese indulto fiscal.

En todo caso, lo que Ciudadanos demandaba al Gobierno era que cumpliese el acuerdo mediante el que se comprometía a revisar las declaraciones a fin de comprobar que sus beneficiarios habían ingresado a las arcas del Estado el 10% de las cantidades afloradas y no el 3%. De ahí que el partido de Rivera considerara urgente la no prescripción.

En la formación naranja calculaban que de estas revisiones podrían recaudarse unos 2.800 euros más para las arcas públicas.

La decisión de la Audiencia Nacional

Respuestas como la dada por el Gobierno al PSOE para todas las provincias españolas van en la línea de las resoluciones de los tribunales relacionadas con la publicidad de los datos de la amnistía fiscal.

Recientemente, la Audiencia Nacional avalaba en una sentencia el secretismo sobre los beneficiarios de la DTE.

Previamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instó a que la Agencia Tributaria facilitara a El Confidencial información relativa a las sociedades extranjeras regularizadas. Primero fue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid el que sostenía que la Ley General Tributaria estaba por encima de la Ley de Transparencia. Después vendría el pronunciamiento de la Audiencia.

El CTBG había recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión de la juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid.

En su recurso, el Consejo de Transparencia recordaba que Hacienda había difundido información de los deudores con la Hacienda Pública, la llamada lista de morosos, algo que les llevaba a concluir que el carácter reservado de la información tributaria no es absoluto. Sin embargo, la juez dio la razón a la Agencia Tributaria y entendió que la información es reservada y apuntó que la publicación de los datos de deudores con Hacienda figura en la propia Ley General Tributaria.

56 iniciativas en el Congreso

En lo que va de XII Legislatura, el registro del Congreso de los Diputados da cuenta de 56 iniciativas parlamentarias de todo tipo relacionadas con la amnistía fiscal. El grueso de ellas son las demandas del PSOE para que el Gobierno precise los datos de la DTE por provincias.

Recién investido presidente Mariano Rajoy, el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo en una moción consecuencia de interpelación urgente de Ciudadanos "sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal" y sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por amnistía fiscal, tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la ley.

En la defensa de la postura del PP, la diputada Ana Madrazo justificó que el PP, con mayoría absoluta en la X Legislatura recurriera a la amnistía fiscal como vía para recaudar más impuestos durante la crisis. "España se desangraba en el año 2012: pérdida masiva de empleo, prima de riesgo disparada, agujeros ocultos en las cuentas públicas, facturas en los cajones, y sobre todo una pérdida de recaudación tributaria brutal. Por eso hubo que tomar medidas excepcionales, extraordinarias, donde se encuadra esta regularización fiscal, que permitió aflorar más de 40.000 millones de euros y que ensanchó las bases imponibles de otros tributos. Y además es perfectamente homologable con las que se han hecho en otros países, tanto europeos como no europeos", defendió Madrazo.

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