Presupuestos Generales Estado

El Gobierno vincula los PGE al combate a la derecha y advierte del riesgo económico de que no salgan adelante

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la de Economía, Nadia Calviño.

Ya están aquí. Desafiando las especulaciones y los mensajes contradictorios que durante meses han servido para poner en duda que el Gobierno de Pedro Sánchez acabaría enviando al Congreso un proyecto de Presupuestos para 2019, el Consejo de Ministros dio este viernes luz verde a su iniciativa más importante desde la moción de censura que puso fin a siete años de gobiernos de la derecha en España.

Un documento que el Ejecutivo socialista, más allá de que su contenido acabe recibiendo el visto bueno de las Cortes, quiere convertir en un emblema de su apuesta por la redistribución de la riqueza y la recuperación de las políticas sociales frente a siete años de recortes impulsados por el PP. Y una iniciativa con la que pretende, sobre todo, presentarse ante los ciudadanos —en pleno año electoral— como un Gobierno defensor del Estado del bienestar, de la Constitución y de las autonomías en contraposición a la alianza liberal y recentralizadora formada por el PP, Ciudadanos y Vox que, a la vista de la presentación de los Presupuestos de este viernes, el Ejecutivo ha convertido en su principal enemigo a batir.

De ahí que la ministra portavoz, Isabel Celaá, no dejase pasar la oportunidad de presentarlos como unos Presupuestos “para buscar el futuro y huir del pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia”.

Una iniciativa, añadió, para “rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno” en áreas tales como la dependencia, la sanidad o la educación y para blindar el Estado del bienestar. Y para “aumentar las partidas contra la violencia machista”, destacó la ministra enviando un mensaje directo a Vox y a sus aliados en Andalucía —PP y Cs—. “Para proteger a las mujeres de los maltratadores, de los asesinos, y también de aquellos que pretenden retirar ayudas o destrozar pactos que tan esforzadamente se han logrado conseguir”, en referencia de nuevo a los socios ultraderechistas de Pablo Casado y Albert Rivera.

Y también, destacó, para amparar y defender el diseño territorial previsto en la Constitución. “Ni división ni centralismo predemocrático: apoyo a las comunidades autónomas y reforma del modelo para fortalecerlo, no para debilitarlo”.

Mensajes contra la derecha, pero también para los independentistas. No habrá, volvió a insistir la ministra portavoz, presión sobre el Poder Judicial en relación con los presos del procés, ni tampoco cambios en la negativa a negociar un referéndum de autodeterminación. El Gobierno ha hecho una apuesta en forma de inversiones —que por primera vez alcanzarán el nivel al que obliga el Estatuto de Autonomía de Cataluña— que, combinado con las medidas sociales para el conjunto de España, espera sea suficiente para inclinar la voluntad del PDeCAT y Esquerra en favor de los Presupuestos. Sobre las cuentas, el Gobierno está dispuesto a hablar, señaló Celaá. Sobre autodeterminación y los presos, no.

El propio Pedro Sánchez hará de la oferta presupuestaria el principal argumento del acto que protagonizará este sábado en Barcelona en apoyo del candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. Y sus inversiones, entre las que destacará la modernización de la red de ferroviaria catalana de cercanías, serán la estrella de las ruedas de prensa convocadas por el Ministerio de Fomento y otros departamentos para dar cuenta del detalle de los Presupuestos la semana que viene.

Oficialmente el Gobierno dice que sólo pretende cumplir lo previsto en el Estatuto, pero a nadie se le escapa que con este esfuerzo presupuestario Pedro Sánchez pretende convencer al independentismo para que apoye las cuentas de 2019, precisamente cuando más divididas se muestran las diferentes facciones que lo integran.

Las direcciones de PDeCAT y Esquerra se debaten entre facilitar la aprobación de los Presupuestos, o al menos su tramitación parlamentaria, y dar así tiempo a una solución política para la crisis catalana a la vez que Cataluña aprovecha las ventajas financieras que les está ofreciendo el Gobierno, o dinamitar el diálogo con Pedro Sánchez sometiéndolo a una derrota que le impediría desarrollar las políticas con las que quiere hacer frente a la triple alianza de la derecha.

De un lado, los sectores más extremistas del soberanismo que apuestan por la ruptura, entre ellos la CUP, el president Quim Torra e incluso el expresident Carles Puigdemont. Del otro, el PSC de Miquel Iceta, que les ofrece a cambio sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat; Podemos, que ya ha advertido que no tiene ningún sentido impedir unas cuentas que aumentan el gasto social y pondrán fin a los recortes del PP, o el PNV, que directamente ha emplazado a los partidos catalanes a elegir “entre Sánchez y los que le apoyaron” o “la posibilidad de un Casado, un Abascal y un Rivera”. Y eso “pasa, en este momento, por unos Presupuestos Generales del Estado”, subrayó la presidenta del PNV, Itxaso Atutxa.

Escenario complicado

Para complicar más la situación, el comienzo de las negociaciones va a coincidir con los primeros compases del juicio a los dirigentes independentistas acusados de rebelión, entre ellos el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, muchos de los cuales llevan más de un año en prisión y que en algunos casos se exponen a condenas de decenas de años de cárcel. Y con los contactos que mantienen el Gobierno y la Generalitat para fijar fecha, temario y metodología de la reunión que acordaron celebrar antes del mes de febrero para avanzar en la búsqueda de “espacios de diálogo efectivo” que resuelvan democráticamente la crisis política catalana.

La línea argumental del Gobierno para los próximos días la resumió en rueda de prensa la ministra Montero. Los Presupuestos, dijo, “recogen la voluntad del presidente de recuperar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de la política, en el valor de la política para resolver problemas de los ciudadanos”. Y suponen “un punto de inflexión claro en la política económica y presupuestaria que se ha seguido en los últimos años” porque hacen “compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público redistribuyendo la riqueza y poniendo las bases de un modelo de crecimiento más inclusivo”.

Combatir la desigualdad, abundó la ministra, no es sólo una política social, sino “una vacuna frente al caldo de cultivo del que desgraciadamente se están nutriendo los populismos”.

A los argumentos de la defensa social frente a la triple alianza PP-Cs-Vox y de las inversiones en Cataluña, el Gobierno sumará un tercero: las graves consecuencias que tendría, según la ministra Nadia Calviño, que el proyecto de Presupuestos fuese rechazado.

La titular de Economía destacó que las previsiones macroeconómicas, tanto internas como externas, permiten afirmar que “la economía española sigue en una senda de crecimiento sólido y entra en el ejercicio de 2019 con una dinámica muy positiva para hacer frente a los posibles retos que nos encontremos de ahora en adelante”.

No obstante, señaló, la negativa del PP y Cs a modificar la senda de déficit obligando al Gobierno a hacer un ajuste mayor (del 1,3% en vez del 1,8 en relación al PIB) “tendrá impacto en el crecimiento económico”. Y si al final el proyecto de Presupuestos no sale adelante, advirtió, tendrá consecuencias sobre la confianza en España que hasta ahora han tenido los mercados financieros internacionales y que ha permitido reducir los intereses de la deuda.

“En los últimos meses hemos logrado una enorme confianza por parte de los mercados internacionales en nuestro país y eso nos ha permitido tener unas condiciones de financiación muy beneficiosas”, pero hace falta que se aprueben los Presupuestos para “aprovechar todas las posibilidades” que ofrece ese escenario. Porque “si se arrastran los compromisos de gasto que ya existen y no se producen los aumentos de ingresos derivados” del proyecto de Presupuestos “cabe esperar un déficit público superior”, lo que llevará al país a incumplir los compromisos con Bruselas.

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