Iglesias insiste en investigar las amenazas que recibió de un chat integrado presuntamente por policías
El exvicepresidente segundo del Ejecutivo y otrora líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado un recurso de apelación después de que el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid decidiera archivar la denuncia que presentó contra un presunto chat policial en el que se vertían insultos y amenazas contra él y su entorno familiar.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide al magistrado Alfredo Barrera que requiera a la Dirección General de Policía que confirme si los miembros del chat son agentes del cuerpo, lo que podría llevar a "avanzar en la instrucción" y a la "realización de las oportunas diligencias de instrucción".
Todo ello después de que el juez decidiese el pasado 23 de noviembre decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al entender que las "frases groseras" y los insultos "que rayan la zafiedad" se profirieron cuando Iglesias "ya no era miembro del Gobierno". En esta línea, el magistrado recuerda que "los ataques al Gobierno de la Nación que refleja el artículo 504 del Código Penal se refieren a Altos Organismos y no a miembros y personas concretas".
Además, el juez Barrera constata que las amenazas contra el exdirigente de la formación morada "se realizan en el marco de un grupo cerrado con acceso restringido". El magistrado llega a expresar sus dudas sobre cómo "el propio denunciante ha podido obtener el acceso a dicho grupo de la red social en cuanto el denominado grupo CENEPE solo permite el acceso previa verificación y autorización de los administradores".
En esta línea, el titular del Juzgado de Instrucción Número 13 insiste en que, en lo referido a las "concretas frases que profieren los miembros del grupo, lo máximo que hay que valorar es su conducta individual y no realizar una suma que pretenda criminalizar a todos por lo que puedan decir los miembros del grupo".
"Comentarios en un foro privado"
"Se habla de delito de odio cuando solo constan insultos, y no van en contra del denunciante por su pertenencia a los grupos que determina el artículo 510 del Código Penal sino como persona concreta e individual; a mayor abundamiento no se constata un peligro para un grupo de personas como consecuencia de las frases que constituyen los insultos", sostiene en su auto.
Desde su punto de vista, "no hay amenazas, y sin perjuicio de las críticas que puedan contener, no puede considerarse que se esté alentando un ataque a la integridad física" de Iglesias. Se trata, simplemente, de "comentarios poco afortunados o insultantes" pero vertidos "en un foro privado por personas que aparte de no estar identificadas carecen de notoriedad pública, y todo ello, sin perjuicio de considerar que las injurias leves están despenalizadas".
Iglesias, sin embargo, rechaza los argumentos del juez y pide que se indague en "las fechas de realización de aquellas manifestaciones que incluso para el Ministerio Público tienen relevancia penal", de manera que pueda examinarse "sin conjeturas" y "con la oportuna acreditación fáctica la fecha de las mismas y la conformación o no como indicios racionales de criminalidad en relación con los tipos descritos en el escrito" de la Fiscalía.
No es un "mero grupo de amigos"
Así las cosas, el ex vicepresidente rechaza el argumento que el juez utiliza para referirse al "carácter cerrado" del grupo, recordando que el mismo tiene "un carácter no de mero grupo de amigos o privado, sino con un amplísimo grupo de pertenecientes". "Muchos miembros refiere el propio Ministerio Fiscal, lo que hace que deba ser considerado como realizadas en público, pues un foro de miles de personas, a las que se remiten y reciben, no puede considerarse en forma alguna como privado", sostiene su defensa.
A su juicio, no se puede "considerar que la difusión a más de 10.000 personas" se realice en un ámbito privado, porque eso "conlleva alterar la verdadera significación de la publicidad de la actuación. "Pues no se puede comparar con un grupo de afinidad, intimidad, familiariedad en el que forman parte personas vinculadas por cualquiera de esas características a un grupo de miles de personas conformado por una parte sólo de la sociedad", sostiene Iglesias.
En especial, señala, al "tratarse de miles de personas pertenecientes supuestamente al Cuerpo Nacional de Policía". "Elementos que al humilde entender de esta parte configuran su gravedad y por tanto, la oportuna continuación de la instrucción frente al sobreseimiento acordado", concluye.
Iglesias denunció los hechos en abril
Fue el pasado mes de abril cuando Iglesias, entonces candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, presentó una denuncia en la comisaría del Congreso de los Diputados contra los integrantes de este chat. En concreto, la misma estaba dirigida contra los participantes del grupo en Facebook 'Primavera Española del CENEPE' y que estaría compuesto por 15.000 miembros, todos ellos presuntamente integrantes de las Fuerzas y Seguridad del Estado.
Concretamente, y según su denuncia, se recogían insultos como 'hijo de la gran puta, escoria, rata basura... No digo lo que haría contigo porque voy abrochado, cerdo', 'Pues yo follaría a su mujer', 'Y siempre será el parásito amigo de terroristas' o 'Quien siembra vientos recoge tempestades'. También recogía otros mensajes como 'Se las ha mandado a la que pintó la sede de Podemos (...) No saben qué hacer para rascar más votos y crispar a la gente, son basura".
Tras tener conocimiento de estos hechos, Iglesias interpuso una denuncia para que se investigara a los integrantes de este grupo, que ya habrían sido investigados en otras ocasiones, por su presunto "carácter organizado" para "realizar amenazas y apología del terrorismo".
Además, el ex vicepresidente aludía entonces a que estos comentarios podrían incurrir en un delito de injurias, amenazas y calumnias especialmente graves por proceder de presuntos agentes de la autoridad policial.
También planteaba que las "graves comentarios y amenazas" contra su entorno procedían de un "gran número de integrantes" y están dirigidos "para que públicamente fomenten, promuevan o inciten de manera directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia" por "razones de ideología o posicionamiento político, en una escala de agresividad que rebasa ya la vulneración de los derechos contra el honor".
