Ignacio González propone como juez del TSJ de Madrid al abogado que le defiende en el 'caso del espionaje' en Colombia

Roberto Pérez Sánchez, subdirector general de lo Contencioso del Gobierno de Madrid y quien ayer viernes continuaba personado como abogado de Ignacio González en el llamado caso del espionaje en Colombia, se ha convertido en uno de los tres juristas propuestos por la Comunidad para cubrir la baja del juez Antonio Pedreira en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior madrileño (TSJM).

Aprobada el pasado día 6 sin consenso por la Asamblea de Madrid, con los únicos votos favorables del PP, la oposición de los socialistas e IU y la abstención de UPyD, la terna entre cuyos integrantes deberá elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al sustituto de Pedreira se completa con el catedrático Jesús María Santos Vijande y Rosa María Mariscal de Gante.

Incluso tras su nominación como candidato al TSJM, y así lo corroboraron ayer fuentes jurídicas y del propio Gobierno regional, Roberto Pérez continúa a día de hoy ejerciendo la representación procesal de Ignacio González en el caso abierto para determinar quiénes y por qué ordenaron seguir al entonces vicepresidente de Madrid durante un viaje efectuado en el verano de 2008 a Cartagena de Indias (Colombia). Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes jurídicas y lo corroboraron portavoces del Gobierno regional.

Durante ese viaje al país centroamericano, los espías grabaron a González y a sus acompañantes en el momento de entrar en un inmueble con bolsas de plástico en la mano para minutos después salir de nuevo a la calle sin ellas. Por haber difundido el vídeo que reflejaba esa escena y algunas de las conversaciones sostenidas por González y sus compañeros de viaje, la Comunidad de Madrid pidió –y logró- la imputación de una periodista de la Cadena SER en abril de 2012. En mayo de 2013, la Audiencia de Madrid exoneró a la informadora con una resolución que trazaba una férrea defensa de la libertad de información.

Este viernes, infoLibre preguntó a los portavoces del Ejecutivo madrileño por qué el subdirector general de lo Contencioso de la Comunidad de Madrid ejerce la defensa penal de Ignacio González como persona física en el caso del espionaje en Colombia. “Porque lo representa como presidente de la Comunidad”, fue la respuesta.

En junio de 2012, una sentencia de la Audiencia de Madrid obligó a Ignacio González a prescindir de Roberto Pérez como letrado y a pagarse un abogado de su bolsillo si quería mantener viva su demanda contra cuatro periodistas del extinto rotativo Público (Ignacio Escolar, Félix Monteira, Jesús Maraña y Manuel Rico) a quienes el hoy presidente regional atribuía haber vulnerado su derecho al honor con distintas informaciones.

La Audiencia Provincial argumentó que el supuesto ataque al honor de un político no autoriza al presunto atacado a equiparar sus intereses con el de la institución que representa ni, por tanto, a utilizar medios públicos para su defensa. González, cuya demanda fue desestimada en primera y segunda instancia, ha acudido al Supremo.

Su participación en el caso del espionaje y en la demanda contra los citados periodistas no es el único hito de Roberto Pérez en su trabajo jurídico a las órdenes del Gobierno regional. Fue él quien, como letrado de la Comunidad de Madrid, justificó precisamente en 2011 la tardanza en enviar al juez Pedreira las facturas abonadas a la trama Gürtel por el Ejecutivo madrileño.

Vijande, en la línea de Gallardón

Con todo, Roberto Pérez no parece el aspirante con más cartas de triunfo en la mano, aseguran fuentes jurídicas. Feroz detractor de la ley de plazos para el aborto y partidario de la cadena perpetua revisable, es Vijande quien, a priori, se perfila como el aspirante con más opciones: “Es el candidato de Carlos Lesmes [presidente del CGPJ] y muy afín a Gallardón”, explicaron ayer fuentes jurídicas. En los últimos años, Vijande también se ha destacado por sus ataques a la Ley de Igualdad.

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El tenor de sus publicaciones y declaraciones indica que su pensamiento se aloja en un espacio ideológico idéntico o muy cercano al que hoy ocupa el ministro de Justicia. Un artículo publicado por el catedrático en Abc en agosto de 2009 incorporaba argumentos contra el aborto muy similares a los ahora esgrimidos por Gallardón: “No se trata sólo de defender al nasciturus; se trata también de proteger la vida, la salud y la dignidad de la madre, garantizando que sus derechos no quedan inermes frente a las dificultades que pueda estar pasando o frente a los abusos de quienes sólo se muevan por afán de lucro”.

La tercera componente de la terna elegida por el PP, Rosa María Mariscal de Gante, es secretaria judicial, profesora de la Complutense y hermana de Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar.

La selección del magistrado que sustituirá a quien fue el segundo instructor del caso Gürtel se realizará por el denominado cuarto turno: los aspirantes no son jueces de carrera pero su trayectoria debe dibujarlos como juristas de prestigio con experiencia mínima profesional de 10 años.