Operación Púnica

Imputado en 'Púnica' el empresario al que el Gobierno de Aguirre encargó gestionar el mayor plan de inversión pública

Francisco Granados, exsecretario general del PP

Adolfo Fernández, administrador de Dusa, la empresa que en 2006 se alzó con la gestión de todas las licitaciones del Prisma, un multimillonario plan de inversión pública madrileña articulado por la sociedad pública Arpegio bajo control de Francisco Granados y dotado con 600 millones, acaba de engrosar la lista de imputados de la Operación Púnica. Los indicios recabados desde el inicio del caso apuntan a que fondos del plan Prisma se desviaron para abonar gastos electorales del PP. 

El empresario, que en una breve conversación telefónica con infoLibre invocó este lunes el secreto del sumario para eludir pronunciarse sobre el paso dado por el juez Eloy Velasco, compareció hace seis meses en la Asamblea de Madrid. Ante la comisión de investigación sobre la corrupción, Fernández reconoció el 18 de noviembre varios hechos: que antes de lograr el contrato para gestionar las licitaciones del plan Prisma -600 millones para infraestructuras– Dusa tenía "seis o siete empleados". Que él mismo consideraba que "no estaba preparado para afrontar" un encargo de esa magnitud. Y que como nadie más acudió al concurso se hizo con el contrato, que según su versión cumplió correctamente al contratar a una treintena de técnicos y que mediante prórrogas y ampliaciones terminó reportando siete millones a Dusa.  Gracias a ese contrato, los ingresos de la compañía se multiplicaron por diez en un año.

Fernández sostuvo en varias ocasiones que jamás conoció personalmente a Francisco Granados.

Administrador de Dusa y otras sociedades de gestión, el empresario presidió el Tribunal Económico Administrativo del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón hasta hace unas semanas. Accedió al cargo cuando la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ocupaba la alcaldía (2011-2015). Pero, según Fernández, solo después de obtener ese puesto supo que tenía vínculos personales con Adrados: "Veníamos del mismo colegio y teníamos amigos comunes". Antes -dice- no la conocía. "Dimití del tribunal económico, no me ha destituido nadie". Fue lo único que Fernández accedió a decirle a este diario tras su imputación en Púnica.

El contrato para la gestión del Plan Prisma 2006-2007 se formalizó el 31 de marzo de 2006. Tres meses después, quedó inscrita en el Registro de Panamá una fundación lucrativa bautizada como Asiak y en la que Fernández asumió el cargo de vicepresidente. En su comparecencia ante la Cámara madrileña, Fernández demoró su respuesta cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le preguntó si había declarado a Hacienda "la sociedad que tiene en Panamá". El Diario de Sesiones de la Asamblea transcribe así su contestación: "¿Yo, en Panamá tengo una sociedad? Yo, en Panamá, no tengo ninguna sociedad, ¡ninguna! A ver, yo no sé qué cargo puedo tener en una fundación de un cliente mío en Panamá". Más adelante, se extendió en sus explicaciones para asegurar que los fondos custodiados por esa fundación pertenecen a uno de sus clientes históricos. Y que, al no tratarse de fondos de su propiedad, no se ha visto abocado a declarar nada ante la Agencia Tributaria.

Fernández, con quien este diario mantuvo dos conversaciones en noviembre de 2016, proclamó en cambio de forma tajante que Dusa le pertenece en su totalidad.

Dusa se hizo con la adjudicación gracias a que ninguna otra empresa acudió al concurso convocado por la empresa pública Arpegio y para cuya presentación de ofertas solo hubo 15 días de plazo, como recordó la socialista Nani Moya durante su interrogatorio a Fernández en la citada comparecencia.

Un tercer diputado, César Zafra, de Ciudadanos, formuló una pregunta a la que Fernández respondió con evasivas. ¿Había prestado ya Dusa el tipo de servicios que implicaba el contrato que le adjudicó Arpegio? "Para otras empresas, sí, claro", contestó Fernández. Y Zafra le pidió entonces que le dijera "alguna". Y estas fueron las palabras que, como recoge el Diario de Sesiones, articuló  Fernández: "No sé... Por ejemplo... No sé. Ahora mismo no recuerdo, porque, la verdad... Pero, vamos, yo he trabajado para el Ayuntamiento de Guadarrama. Una empresa privada, que en aquel momento... Esto era en el término municipal de Ribatejada... Era una empresa privada, que había que hacer una junta de compensación. En otras juntas de compensación... Pero, vamos..."

Un auténtico maná 

Para Dusa, el contrato de Arpegio fue un auténtico maná. La compañía decuplicó sus ingresos -pasaron de los 291.351 euros de 2005 a los 3.383.858 de 2006- y disparó su beneficio neto: los 39.350 euros de 2005 se convirtieron en 234.605. Al año siguiente, 2007, cuando las prórrogas y un contrato complementario mantuvieron la gestión del Prisma en manos de Dusa, sus cuentas evolucionaron todavía mejor: computó ingresos por 4,5 millones y beneficios después de impuestos por 572.349 euros. Otorgado a dedo en diciembre de 2006 por 618.000 euros, ese "contrato complementario" no era tal, recalcó la socialista Moya, sino una adjudicación por completo novedosa cuya informe jurídico de justificación o no existe o ha desaparecido.

Solo en 2006, Arpegio pagó 800.000 euros a Over Marketing, mascarón de proa de un entramado de empresas de publicidad cuyo propietario, como desveló infoLibre, ya ha confesado que obtenía contratos amañados. No le pagaba comisión a los cargos públicos que le beneficiaban pero "quizá el beneficio que pudieran obtener" era que "no les facturasen las totalidades de las campañas". Así lo aseguró en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso Palma Arena, José Castro, en una declaración ya incorporada al sumario de Púnica.

Uno de los grandes contratos investigados en 'Púnica' se firmó dos meses antes de que lo visara el Gobierno de Madrid

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