'Operación Lezo'

Las injerencias de Moix abren una crisis sin precedentes en Anticorrupción

Manuel Moix entrega a Ignacio González la memoria anual de la Fiscalía de Madrid.

Los obstáculos planteados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, a la investigación sobre el expresidente madrileño Ignacio González  en la Operación Lezo han abierto una crisis interna de magnitud desconocida hasta ahora. La controversia sobre el futuro inmediato del fiscal que dirige el caso, Carlos Iáñez, a quien Moix habría pedido que renuncie y recupere su plaza en Granada, emergió este miércoles como el último eslabón en una cadena de graves colisiones con los encargados directos de la investigación, todas ellas con un nexo común: las discrepancias entre Moix y los fiscales del caso.  Moix, y así lo ha confirmado infoLibre este miércoles, se opuso nada más tomar posesión del cargo a prorrogar las escuchas telefónicas, intentó luego restringir los registros policiales y ordenó aparcar el delito de organización criminal. Como ha publicado este diario, el hombre de cuyo eventual nombramiento, finalmente confirmado, se congratuló Ignacio González -"si sale es cojonudo"- ya dio carpetazo en 2009 a una denuncia vecinal que detallaba uno de los aspectos subrayados ahora por el juez instructor del caso, Eloy Velasco: que el clan familiar de Ignacio González se lucró gracias a la adjudicación de un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II bajo la batuta de su entonces presidente y delfín de Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que Moix le solicitó la renuncia al fiscal Carlos Iáñez este lunes. Es decir, el mismo día en que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, visitó Anticorrupción y felicitó a sus integrantes por el trabajo realizado. Según la Cadena SER, que informó este miércoles de que Moix planeaba deshacerse de Iáñez, el jefe de Anticorrupción le dio de plazo hasta el viernes a su subordinado para presentar la renuncia. Iáñez no pudo ser localizado por infoLibre. Pero quienes le conocen aseguran que no tiene la menor intención de dejar el caso voluntariamente. 

Los portavoces de Moix no solo niegan que la destitución de Iáñez esté en la agenda sino que subrayan que fue el propio jefe de Anticorrupción quien hace un mes pidió –y logró- que la Fiscalía General del Estado le renovase por un año la comisión de servicio en virtud de la cual presta servicio en la fiscalía especializada.

Al tiempo que Anticorrupción lanzaba su desmentido –el equipo de Moix sostiene incluso de manera oficiosa y verbal que fue el fiscal del caso Lezo el que comunicó su decisión de renunciar -, un nuevo dato certificaba la brecha: nada más tomar posesión del cargo, el pasado 8 de marzo, Moix se opuso a decretar una nueva prórroga para las escuchas telefónicas a los principales investigados en la Operación Lezo.

La insistencia de los fiscales del caso –Iáñez y Carmen García, que también investiga la trama Púnica- en la necesidad de mantener la intervención de determinados teléfonos llevó a Moix a rectificar: y otorgó una nueva autorización mensual.

Moix chocó desde el primer momento con la línea desarrollada por los fiscales del caso. Su oposición a permitir nuevas escuchas fue el primer aldabonazo. Días antes de que estallara la Operación Lezo llegó el segundo: los fiscales Iáñez y García pidieron la convocatoria de una junta de fiscales ante la negativa de su jefe Moix a que los registros se extendieran a la documentación que guarda el Canal de Isabel II, antiguo feudo de Ignacio González, sobre su filial latinoamericana Inassa.

Moix se oponía bajo el argumento de que los fiscales pretendían que la Guardia Civil incautara papeles sobre la propia adquisición de Inassa, materializada por el Canal de Isabel II en diciembre de 2001, es decir, bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón y cuando Ignacio González no había desembarcado aún en el Gobierno de Madrid. La adquisición de Inassa se formalizó a través de Canal Extensia, capitaneada en diciembre de 2001 por el hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, el organismo encargado de velar por la legalidad del gasto público.

De los 22 integrantes que conforman la junta de fiscales de Anticorrupción, solo uno se alineó con Moix. Y hubo una abstención. El resto cerró filas con Iáñez y García. Aunque las decisiones de la junta de fiscales no son vinculantes, Moix accedió a que la orden de registro alcanzara a la etapa fundacional de Inassa como filial del Canal de Isabel II. Al día siguiente, 19 de abril, llegaron los registros y los arrestos en cascada.

Moix no cedió en cambio en el segundo punto de discrepancia con los fiscales del caso: aunque la querella de Anticorrupción,  que derivó en la apertura del caso que ahora instruye en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco, incluye el delito de organización criminal, Moix ordenó aparcarlo: e impartió instrucciones a Carlos Iáñez y Carmen García para que prescindan de esa figura en las peticiones de prisión provisional o de otras medidas cautelares para los investigados. Pese a ello, el juez Velasco ha mantenido en sus autos la atribución de pertenencia a organización criminal.

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